Fue legal la triangulación de recursos desde paraísos fiscales, afirman directivos del banco
BBVA transfirió 110 mdd a México en 97 para ampliar capital y comprar Probursa
Se emitieron acciones que adquirió José Madariaga para traer fondos blanqueados desde Gran Caimán, declara testigo de la fiscalía española
ISRAEL RODRIGUEZ
Todavía sin ninguna imputación legal, pero tampoco con alguna exoneración jurídica por parte de las autoridades españolas, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) justifica que la transferencia de 110 millones de dólares a México fue realizada para ampliar capital de esa sociedad suscrita por BBV para la compra de Probursa.
Sin embargo, según declaraciones del testigo protegido de la fiscalía española, esta ampliación de capital que BBV México emitió en una serie de acciones IFC Free trade, que luego fueron compradas por José Madariaga, fue el mecanismo por el cual conseguiría la cobertura necesaria para el traslado a México de sus fondos blanqueados desde Gran Caimán.
La trayectoria descrita y seguida por los fondos transferidos desde España por un importe de 110 millones de dólares se inició desde el BBV en Madrid, cuando salieron los 110 millones de dólares el 10 de diciembre de 1997 al intermediario estadunidense Chase Manhattan Bank de Nueva York.
Al siguiente día, es decir, el 11 de diciembre, se transfirieron a la filial BBV International Investment Corporation Puerto Rico (BBVIICPR) dos exhibiciones, una por 51.6 millones y otra por 58.5 millones de dólares. Ese mismo día pasaron por el Banco de América sucursal California para en cuestión de minutos llegar al BBV México.
El Ministerio Fiscal de España ha solicitado a las autoridades internacionales, a las mexicanas y al BBV el acceso a los expedientes documentales que soportan el proceso de toma de posición por parte de BBVIIC en la entidad mexicana, y fundamentalmente en lo que se refiere a la negociación y pago del precio de las acciones adquiridas y la evolución patrimonial de Mercantil Probursa, de acuerdo con los balances y memorias correspondientes al tiempo que dura ese proceso.
Según Nelson Rodríguez, testigo protegido, a él le había sido encomendado el diseño jurídico de la adquisición de Mercantil Probursa y a Estanislao Rodríguez Ponga los aspectos fiscales de la operación.
Otros documentos requeridos por las autoridades españolas han sido las contingencias fiscales que pudieran haber derivado de esos hechos, que no han sido precisadas por el denunciante y que residirían en este momento de la investigación.
Se ha pedido también la exhibición de todos los documentos que tengan relación con la compra inicial de Mercantil Probursa, así como de la toma de control posterior: los relativos a la adquisición de la participación inicial (contratos, análisis previos de la situación de Mercantil Probursa, así como de sus socios y administradores); documentos referentes a la toma de control posterior (constitución de BBVIICPR; papeles de trabajo en relación con la creación del beneficio fiscal aparejado a la operación).
Otros documentos que se han solicitado en la rogatoria son los concernientes a los acuerdos con José Madariaga, el contrato de adquisición de las acciones que otorgaban el control; documentos relativos al financiamiento de la operación y la documentación relativa a la emisión de las acciones F por parte de BBV México. ''Libérese también comisión rogatoria a los Estados Unidos Mexicanos de toda cuanta documentación contable obre en la sede de quien sea sucesora en la personalidad jurídica de BBV México'', se solicitó.
Desmienten que haya lavado de dinero
ROBERTO GONZALEZ AMADOR
El español Banco Bilbao Vizcaya realizó una triangulación de recursos desde paraísos fiscales para comprar, en 1995, el banco mexicano Mercantil Probursa, que entonces tenía en José Madariaga Lomelín a su principal accionista, admitieron directivos del consorcio financiero, quienes afirmaron que la operación fue totalmente legal y no implicó lavar dinero del narcotráfico, como presume la Fiscalía Anticorrupción de España.
En un encuentro con reporteros, en el que expresamente solicitaron no ser citados por su nombre, los directivos del BBVA y de su filial en México mostraron pruebas para documentar que la compra de Probursa y la posterior adquisición, en 2000, de una porción mayoritaria del capital de Bancomer fueron efectuadas con recursos de procedencia lícita.
Sin embargo, admitieron que la filial de BBVA en Puerto Rico, a través de la cual fue comprado 65 por ciento del capital de Mercantil Probursa en 1995, fue constituida ex profeso para realizar la operación con el banco mexicano y que los recursos empleados para ese fin fueron tomados por el grupo español de una cuenta que tenía en las islas Gran Caimán, territorio expresamente calificado por el gobierno mexicano de paraíso fiscal.
El domingo pasado La Jornada dio a conocer que la Fiscalía Anticorrupción de España, que investiga presuntas operaciones irregulares del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Europa y América Latina, tenía evidencias de que las transacciones en México implicaban una presunta operación de lavado de dinero por parte de José Madariaga Lomelín, actual primer vicepresidente de BBVA Bancomer.
La Fiscalía Anticorrupción señalaba: ''Al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con la finalidad de poder acceder al control sobre Mercantil Probursa, el Grupo BBV constituye en Puerto Rico, como estado asociado a Estados Unidos, una compañía a la que denomina BBV International Investment Corporation, en calidad de off shore bank, esto es, un banco que, en hipótesis legal, no puede realizar negocio doméstico en Puerto Rico sino exclusivamente transacciones internacionales.
''Participa también en la operación, por parte de Mercantil Probursa, su presidente y representante de los socios mayoritarios de la entidad, entre ellos José Madariaga, cuyo hombre de confianza Eduardo Pérez Montoya es situado según documento facilitado por el enlace de la FBI en Madrid, en la órbita del narcotráfico, y quien a su vez facilitaría a BBV la participación mayoritaria a cambio de legitimarle fondos en principio procedentes de tal actividad ilícita, depositados en Gran Caimán. Para la puesta en práctica de esta operación... se orquestaría una serie de 'préstamos' carentes de la mínima y en cualquier caso, debida garantía''. Hasta aquí el informe de la fiscalía, que es la base de la investigación que realiza el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Los directivos de BBVA, que se reunieron el martes con reporteros, aseguraron que la institución pretende manejar este asunto con ''completa transparencia'', pero aun así solicitaron no ser citados con su nombre.
Según la explicación ofrecida por los directivos de BBVA y de BBVA Bancomer, la compra de Mercantil Probursa fue realizada de la siguiente manera: a finales de 1994 la matriz española del Banco Bilbao Vizcaya constituyó en Puerto Rico la empresa BBV International Investment Corporation (BBVIIC) ''con el objeto de realizar operaciones de banca y crédito con no residentes en Puerto Rico y adquirir toda clase de valores''. En 1995, según los funcionarios, Mercantil Probursa, al igual que todos los bancos mexicanos, es afectado por la crisis financiera y requiere una inyección de capital.
La asamblea de accionistas de Probursa efectuada el 30 de junio de 1995 acordó emitir obligaciones necesariamente convertibles en acciones por un monto total de 338 millones 498 mil 700 dólares. La emisión se dividió en dos tramos. La primera, de 158 millones 498 mil 700 dólares que se convirtieron en acciones suscritas por BBVIIC el 19 de julio de 1995 y que dio al grupo español 63 por ciento del capital de Probursa. La segunda, por 180 millones de dólares, que también fue suscrita por BBVIIC y se convirtieron en acciones el 30 de marzo de 2000.
Los directivos dijeron que la filial en Puerto Rico, BBVIIC, que fue la que en la práctica realizó la compra de Probursa para obtener los beneficios del TLC, recibió los fondos para la operación directamente de BBV en España, a través de una cuenta del grupo financiero en las islas Gran Caimán.
De Eduardo Pérez Montoya, a quien el informe de la FBI citado por la Fiscalía Anticorrupción ubica en la ''órbita del narcotráfico'', los funcionarios dijeron que era la persona encargada de la tesorería internacional de Probursa y como tal era el destinatario de los cheques girados desde Puerto Rico a una sucursal del Bank of America en una ciudad de California, para hacer efectiva la compra de acciones del grupo mexicano.
La fiscalía española, en el documento citado por La Jornada el domingo pasado, indica que hubo adicionalmente varias transferencias de fondos que podrían corresponder con el blanqueo de fondos de parte de Pérez Montoya y José Madariaga. Esas operaciones fueron justificadas por los directivos bancarios como una ampliación de capital de Probursa.
Según esta versión, el 25 de noviembre de 1997 la asamblea general extraordinaria de accionistas de Probursa resolvió nuevamente aumentar su capital social, lo que fue aprobado por las autoridades correspondientes. Las transferencias, cuatro en total, corresponden -aseguraron los directivos- a dicho aumento de capital de Probursa, que fue desembolsado el 11 de diciembre de 1997 y el 30 de marzo de 1998.
La primera transferencia, por 110 millones 100 mil dólares, ''corresponde a la capitalización de BBVIIC realizada por BBV para dotarla de fondos para pagar el aumento de capital de Probursa''.
Una segunda transferencia, por 51.5 millones de dólares, y una tercera, por 58.4 millones, ''corresponden al pago de la suscripción de acciones realizada por BBVIIC en 1998''. La cuarta, por 33.8 millones de dólares, ''corresponde a una suscripción de acciones realizada por BBVIIC en 1998''.
Los directivos del grupo español y de su filial en México rechazaron que estas cuatro operaciones hayan implicado lavado de dinero. Su versión es que se trató de recursos movilizados por su firma en Puerto Rico y facilitados por la matriz española para cubrir las aportaciones de capital a Probursa.
Las últimas cuatro transferencias coinciden en monto y tiempo con las que la Fiscalía Anticorrupción señala como operaciones de lavado de dinero.
