El conflicto es minimizado con la etiqueta de "diferencias agrarias aisladas"

Bajo nuevos disfraces, se reimplantan grupos paramilitares en zonas indígenas de Chiapas

Autoridades ejidales de Huitiupán denuncian las incursiones de civiles armados

Contarían con el apoyo de militares adscritos a la zona y de fuerzas policiacas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis. 1Ŷ de mayo. La cadena de conflictos "particulares" entre comunidades y organizaciones en la zona de conflicto, reducida oficialmente a la categoría de diferencias agrarias aisladas, exhibe la trama de una persistente guerra de baja intensidad contra las comunidades indígenas en resistencia. Bajo disfraces más o menos distintos, el saldo neto de estos episodios sucesivos es la creciente implantación o reimplantación de grupos paramilitares en las zonas chol, tzotzil y tzeltal de la selva, el norte y los Altos.

Simultáneamente, los movimientos del Ejército federal y las fuerzas de seguridad se incrementan y diversifican, pese a lo ordenado por el presidente Fox al iniciar su mandato. En Chiapas no hay paz, sino una pacificación relativa e inestable. En días recientes se han dado choques graves en la periferia del conflicto en municipios como Huitiupán y Chalchihuitán, o comunidades fuera de la zona de resistencia, como El Triunfo, en Altamirano.

Son los municipios autónomos y las comunidades en resistencia las que cuentan lo que pasa, incluso fuera de ellas, como los conflictos limítrofes entre San Pablo Chalchihuitán y Chenalhó, o la violencia soterrada en Huitiupán, conocido como el municipio desconocido en la zona norte de Chiapas. Huitiupán ha sido por años escenario oculto de violencia y asesinatos que se suelen atribuir al cultivo de droga, a la ilegalidad, a diferencias religiosas. Importantes porciones de ese territorio son controladas por el Ejército federal.

Las autoridades del ejido Lázaro Cárdenas, en dicho municipio, denunciaron hoy, inusitadamente, incursiones del Ejército federal y la policía: "el 10 de abril pasado llegaron dos camiones con aproximadamente 20 soldados en cada uno, un camión de las fuerzas de Seguridad Pública revueltos con judiciales y miembros de grupos paramilitares". Según los ejidatarios, entraron al ejido "preguntando dónde se encuentran las autoridades y señalando casas de nuestros compañeros".

Agregan que un día antes "vinieron unos vendedores de medicinas y predicadores de la religión del séptimo día (adventistas), que son los que participan en la organización Desarrollo, Paz y Justicia". Los ejidatarios acusan al gobierno de utilizarlos "como sus agentes secretos" para inflitrar las comunidades.

Posteriormente, un convoy similar regresó a Lázaro Cárdenas, "señalando la casas de los compañeros de esta comunidad". Los representantes ejidales preguntan al gobierno federal y estatal: "Ƒserá que eso es el cambio que nos están dando, con sus soldados amenazando a la población? ƑSerá que es eso la resolución de los acuerdos de San Andrés firmados desde ya hace muchos años, y que el gobierno de Fox prometió resolver en 15 minutos? En lugar de resolver los problemas sociales, las autoridades buscan la guerra, se ve claro que no buscan la paz con dignidad y justicia".

La comunidad, aseguran, tiene sus propios reglamentos internos para solucionar los problemas y conflictos, "y sabemos que nuestra Constitución, en el artículo 16, nos da el derecho de que nadie puede ser molestado en su persona o su domicilio sin haber causa".

Existe un acuerdo firmado por todas las comunidades de Huitiupán que rechaza la presencia de Seguridad Publica y soldados federales en las comunidades. El presidente municipal constitucional entregó un acta de acuerdo a cada comunidad, firmada también por él mismo. "Pero vemos que las autoridades más competentes no hacen válidos nuestros acuerdos, se han puesto sordos", concluye el ejido Lázaro Cárdenas.

En cuanto al reciente conflicto en El Triunfo, municipio de Altamirano, quienes han referido qué sucedió realmente son los autónomos de otras comunidades, aunque el problema se da en una población donde sólo hay ARIC oficial (PRI) y perredistas.

Según campesinos de la región y bases de apoyo del EZLN, los hechos de violencia son provocados por las autoridades de Altamirano, con respaldo de militar y policiaco.

Se supo que en el ataque del pasado día 22 en El Triunfo los priístas no sólo detuvieron e hirieron a varias personas, sino incluso violaron a tres mujeres, todo esto con un estilo de violencia que antes no se conocía en estas comunidades. Como secuela hubo nuevos sobrevuelos de helicópteros, así como movimientos de Seguridad Publica y paramilitares, que ya han sido fotografiados e identificados con uniformes azules. Los han visto con armas de alto calibre en la brecha que comunica con la comunidad de Belisario Domínguez y el acceso a El Triunfo.

Por otro lado, en diversas partes de Altamirano, correspondientes al municipio autónomo Diecisiete de Noviembre, estos días se han desatado incendios en los bosques lejos de las áreas de cultivo; los campesinos sospechan que son provocados.