Acusan a Calvillo de fraude y desvío de recursos

Empleados del INEGI demandan al titular por desacato a la autoridad

ELIZABETH VELASCO C.

Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) interpusieron una denuncia en la Procuraduría General de la República en contra del titular del instituto, Gilberto Calvillo, por los delitos de fraude, desacato a la autoridad laboral -que ordenó la reinstalación de 51 despedidos-, desvío de recursos de 1983 a 1999 -correspondientes al régimen obligatorio del ISSSTE- y otras irregularidades.

Durante una manifestación realizada en Paseo de la Reforma y encabezados por su dirigente, Francisco Farina Tamez, señalaron que el número de demandantes en contra del INEGI pasó de 270 a 2 mil 600 trabajadores, de 1988 a 2000.

Ese instituto, junto con la Secretaría de Hacienda, trataron de otorgar una liquidación de tres meses, más 20 días por año, a cambio del desistimiento de las demandas. Sólo 500 trabajadores aceptaron, mientras el resto fue despedido en junio y octubre de 2000 por no actuar en consecuencia. Dichos empleados laboraban en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos.

Los inconformes se manifestaron también en la Secretaría de Gobernación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación -donde se entrevistaron con su presidente, Genaro Góngora Pimentel- y en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje -ahí hablaron con el titular, Farid Barquet-, donde expusieron que la defensa de los derechos laborales de ese gremio comenzó en noviembre de 1997.

En ese año, 270 trabajadores de Chiapas, Michoacán, Jalisco y otros estados fueron despedidos por reclamar el reconocimiento de su antigüedad, un nombramiento de base, el pago de diferencias de primas vacacionales, aguinaldo y viáticos.

En los años siguientes se les sumaron más de 2 mil trabajadores, a quienes despidieron por su intento de formar un sindicato independiente. Esto, no obstante que en los expedientes 835/98, 886/99 y 317598 del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se ordena al INEGI el pago de las prestaciones a los reclamantes.

Actualmente, dijo Farina, nuevamente el titular de ese instituto ha empezado a liquidar a los trabajadores en activo, y se niega a dar cumplimiento a las ordenamientos de las autoridades laborales.