INFANCIA
Los nuevos castigos contra atacantes sexuales de niños llegarían a 28 años de cárcel
Propone el PRI penas mayores a pederastas
El partido presentó iniciativa de ley sobre el tema en la Cámara de Diputados
ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ
El PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de ley para castigar la pederastia y la pedofilia, con la que pretende elevar las penas de prisión contra aquellos individuos mayores de edad que sostengan relaciones sexuales con niños o incurran en actitudes de atracción sexual hacia los menores. Se busca castigar hasta con 28 años de cárcel a los pederastas y 10.5 a los pedófilos.
José Elías Romero Apis, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara, argumentó al llevar la iniciativa a tribuna: "no es consecuente que una agresión sexual sobre menores sea normalmente distinta que una sobre adultos (...) pero lo cierto es que si frente al delito ambas víctimas son moralmente iguales, frente al proceso el menor es infinitamente más débil e indefenso".
De tal suerte que la iniciativa pretende preclasificar las penas de cárcel contra quienes incurran en esos delitos. En el caso de los pederastas, las penas de prisión que actualmente se ejercen van de ocho a 14 años en su modalidad ordinaria, y de 12 a 21 en su modalidad calificada, por lo que se pretende que en el primer caso la suma de años de cárcel sea de 21, y en el segundo ascienda a 28.
Para el caso de la pedefilia (pedofilia) se propone que el actual castigo, que es de dos a cinco años para su modalidad ordinaria, y de tres a 7.5 años para su modalidad calificada, pase en el primero de tres a siete años, y en el segundo de 4.5 a 10.5.
Además, la propuesta pretende la inhabilitación de la profesión, el cargo o el empleo en que se hubiese delinquido, porque muchos pederastas y pedófilos cometen sus crímenes aprovechando las circunstancias en que los coloca su actividad laboral, sea pública o privada, y como se trata de un abuso de la confianza que le permitían dichas circunstancias, la iniciativa propone una inhabilitación que no sea de cinco años, como actualmente lo rige la ley, sino que alcance el mismo periodo que la pena de prisión impuesta.
En el entorno judicial, la propuesta busca dar continuidad a la investigación ministerial especializada, para impedir a la víctima un doble impacto emocional. Con eso se pretende que los casos de niños que requieren de un tratamiento sui
generis "no caigan en manos que podrían provocar tanto daño como el del agresor".
Para el caso, la iniciativa apunta a la creación de centros de atención y recuperación para las víctimas.
La iniciativa enfoca la atención de las víctimas de ambos delitos. En primer lugar propone impulsar programas que estimulen la confianza del niño para solicitar auxilio y denunciar el abuso con el objetivo de "difundir, sobre todo entre la población infantil, que no están solos".
En ese contexto, la sociedad civil y los tres niveles de gobierno tendrían oportunidad de formular programas de prevención, porque la autoridad preventiva debe aplicarse desde distintos frentes y sin dilación de tiempo.
"La escuela tiene un rol fundamental, sobre todo la de enseñanza pública, que debe impulsar una cultura de prevención, precaución y seguridad."
Romero Apis adujo que la mayoría de los delitos violentos en ese terreno se produce entre personas desconocidas, no obstante, ahora se ha descubierto una mayor recurrencia entre familiares.
"La depravada fauna de aficionados al sexo con menores no sólo abarca a entrenadores, guardianes, profesores, prefectos y conserjes, sino que alcanza a padres, tíos, padrastros y otros familiares adultos."
