El jefe de Gobierno está en su derecho: panistas
Reacciones encontradas en la ALDF debido al recurso constitucional
BERTHA TERESA RAMIREZ Y RAUL LLANOS
La controversia constitucional interpuesta por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, encontró eco entre las filas panistas y por ejemplo, el dirigente del PAN capitalino, José Luis Luege, coincidió con el mandatario en que los tratados internacionales deben asumirse plenamente, ''ya que históricamente las declaraciones interpretativas por parte del gobierno de México, en el pasado sólo fueron excusas o sirvieron para no respetar plenamente los derechos humanos en el país''.
El dirigente, quien pidió deslindar a su partido de su opinión y consignar sus declaraciones a título personal, remarcó que en principio le parece correcta la percepción de López Obrador, porque cuando se firma un pacto internacional no debe haber reservas interpretativas, ''que al final se pueden convertir en excepciones''.
Por otra parte, en la Asamblea Legislativa las reacciones a la controversia fueron encontradas, y mientras los perredistas la calificaron de positiva, pues ''no puede haber borrón y cuenta nueva'', los panistas alegaron que el jefe de gobierno está en su derecho de ejercer ese recurso constitucional, mientras que el PRI dijo que esa acción le puede salir contraria al mandatario local, y los del PVEM argumentaron que el asunto de las desapariciones forzadas está fuera de los ámbitos de la administración capitalina.
Para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Enoé Uranga, es necesario terminar con la ''sobreprotección a los militares'', y sostuvo que no se vale enarbolar afuera la defensa de los derechos humanos y en lo interior poner candados a la desaparición forzada, por lo que pidió congruencia al Ejecutivo federal.
El priísta Juan José Castillo Mota dijo que es lógica la postura de los senadores, pues ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de ninguna persona; al mismo alegato recurrió la coordinadora del PAN en la Asamblea, Patricia Garduño, quien expresó que ''será interesante ver qué pasa con ese recurso, toda vez que la Suprema Corte ha estado emitiendo fallos que han sido polémicos''. Con todo, mencionó que López Obrador está en su derecho de interponer dicha controversia.
Camilo Campos, del PVEM, dijo que el tema está fuera del ámbito de las facultades establecidas en la ley para el mandatario capitalino; no obstante, se manifestó porque tanto el Ejército como la Iglesia se abran a la sociedad y dejen los temas ta-búes, pues allí hay abusos sexuales, agresiones físicas, falta de respeto a las garantías individuales y ya es hora de que se conozcan; quienes cometan esos ilícitos deben ser sometidos a los tribunales civiles.
A su vez, Raúl Alvarez Garín, ex líder del movimiento estudiantil de 68 e integrante del Comité 68 en la Fiscalía para Personas Desaparecidas del Gobierno del Distrito Federal, señaló que para los movimientos que reclaman justicia en casos de desapariciones forzadas, la decisión del jefe de gobierno constituye una acción muy importante, ''porque las controversias sólo las pueden presentar autoridades, el Legislativo, el Ejecutivo local, pero nosotros no habíamos visto esto y sólo nos estábamos respaldando en la interpretación del tratado de 52, que firmó México para castigar los delitos de genocidio, y en el Tratado de Viena''.
La controversia abre al comité de 68 una perspectiva importante, agregó. Los tribunales internacionales no permitirían leyes de exoneración. El Senado de la República, agregó, ''esta facilitando las cosas para que después haya maniobras jurídicas que se puedan realizar al amparo de la desinformación y el poco conocimiento que tiene el pueblo de México sobre estos asuntos''.
Finalmente, el coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados Martí Batres, confió en que el recurso constitucional presentado por López Obrador proceda. Ello ''hablaría de un compromiso congruente con los derechos humanos dentro del país''.
