Miércoles 24 de abril de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Se queja por maltrato y negligencia en los hospitales de la ciudad
Enfermo de Sida denuncia presión del laboratorio Lemery para obligarlo a pagar tratamiento

Ignacio Juárez Galindo n
Martín Jorge, a sus 27 años de edad, tiene que enfrentar los problemas de salud que le acarrea su enfermedad, el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida). Hace más de un mes sufrió una fuerte recaída, al grado de ser internado en el Hospital Universitario (HU). Sin embargo, su estancia estuvo plagada de infortunios, aunque la misma situación la vivió con anterioridad en el Hospital General de Puebla (HGP), según relató.
Aunque ya se encuentra en su casa, él y sus familiares ahora enfrentan el acoso y presión de la representante del laboratorio clínico Lemery, quien pretende hacerles pagar un medicamento que nunca utilizó, así como convencerlo para que se someta a dicho tratamiento -cuyas inyecciones tiene un costo de mil 500 pesos cada una y, a veces, es necesario aplicarle cinco diarias-, pese a que los doctores de la compañía nunca han sustentado científicamente su propuesta ni han realizado un examen clínico al paciente. Para la familia de Martín Jorge existe la opinión de que la empresa lo único que pretende es hacer negocio a costa de la salud de su pariente.
Sentada en la sala de su vivienda, Blanca, madre del enfermo, relató que durante la estancia de su hijo en el HU, los especialistas le prescribieron un medicamento llamado "Amphocil" -elaborado por Lemery- para detener los padecimientos provocados por el hongo Cryptococcus -vómito, fiebre y dolores de cabeza y cuerpo-, pero la fórmula le provocó fuertes reacciones que obligaron a suspender el tratamiento. De los cinco frascos solicitados a la compañía, dijo, sólo uno fue abierto, pero tuvo que tirarse por esa misma causa.
Una vez que salió del sanatorio, indicó, su hijo no toleraba ningún tipo de líquido o alimento, todo el día se la pasaba acostado con dolores de cabeza y cuerpo. Fue atendido por un especialista del Centro Universitario de Información Sobre el Sida (CUISS) de la UAP, quien ya lo trataba desde hace meses le brindó atención gratuita y le proporcionó la mayoría de los medicamentos para contrarrestar los padecimientos. En esta nueva terapia, sostuvo, las fórmulas utilizadas tiene un costo de entre 300 y 800 pesos.
En la plática, Martín Jorge aseguró que pese a la notable recuperación que ha tenido en las últimas semanas, la representante de Lemery no ha cejado en su empeño de cobrarle las cinco ampolletas que supuestamente utilizaron, así como venderles un tratamiento completo. A los pocos días de que abandonó el HU, señalaron, les propuso que fuera atendido en un hospital privado, en donde por mil pesos le colocarían un catéter que serviría para que posteriormente se le aplicara más medicamentos.
Inclusive, mencionó, hace unos días dicha vendedora se presentó en su casa acompañada por un representante médico de la compañía, para convencerlos de los beneficios del producto. En esa ocasión, dijeron, dicho sujeto, sin haber realizado ningún tipo de revisión clínica al paciente o contar con estudios científicos, se dedicó a desestimar el tratamiento aplicado y les advirtió que si continuaba bajo esa prescripción médica, el Cryptococcus se volvería crónico y la situación se complicaría.
Médicos consultados por este medio, dieron a conocer que con base en datos del propio laboratorio Lemery, Amphocil tiene una efectividad del 45 por ciento para el combate en el Cryptococcus, por lo que, estimaron, dicha empresa lo único que pretende es hacer un negocio redondo y lucrar con la salud del paciente. Apuntaron que la terapia empleada por el médico del organismo universitario ha demostrado su efectividad y, por el contrario, dichos representantes han violado principios de ética y honorabilidad.

La atención en hospitales

Blanca relató que su verdadero pesar inició hace más de un año, cuando su hijo presentó su primera crisis y tuvo que recurrir al HGP. En esa ocasión, al principio nadie lo quiso atender, pero después de 12 horas, y ante la gravedad del caso, tuvo que ser internado. Los médicos le ofrecieron algunos medicamentos, sólo se concentraron en estabilizar su salud y de un día para otro le pidieron que desalojara la camilla que utilizaba, por lo que decidió recurrir a otro centro de atención médica.
El último viacrucis por el que atravesó comenzó el pasado 9 de marzo, cuando Martín Jorge tuvo que ser internado en el HU debido a unos fuertes dolores de cabeza, vómito y fiebre generados por el Cryptococcus. Tuvieron que pasar varias horas para que recibiera atención médica y fue hasta seis días después cuando los doctores lograron encontrar la raíz del padecimiento. Mientras se conocía el dictamen, relató, su hijo estaba "semiolvidado" en una camilla -ubicada a unos metros de donde se concentra la ropa sucia del hospital y un cuarto de servicio-; tenían que presionar a las enfermeras y doctores para que lo atendieran y le recetaran algún medicamento para controlarle la fiebre, que llegó a estar a 39.7 grados.
El paciente fue sometido a diferentes estudios clínicos como tomografías y radiografías de cráneo y tórax, así como de la función lumbar. Los resultados de éste último, indicó, nunca le fueron entregados, pero los médicos le dijeron que gracias al examen lograron detectarle el hongo. Una vez concluidas las pruebas, el neurólogo dictaminó que debía aplicarse "Amphocil" -situación que dio pie a su encuentro con la representante de Lemery-, el cual le fue inyectado sin ninguna prueba ni la supervisión de un especialista.
10 días después de haber arribado al HU, Blanca decidió trasladar a su casa a Martín Jorge. "Salió igual que como entró, con vómito, fiebre y dolores de cabeza", sostuvo. En ese lapso, abundó, se pagó unos 10 mil pesos por los estudios y algunas medicinas, pese a que la mayoría de los exámenes clínicos no le fueron entregados. Por la hospitalización, la institución decidió cobrarle 3 mil pesos, mientras que la representante del laboratorio encargado de proporcionar la fórmula exigió el pago de 7 mil 500 pesos por la medicina. Ambas partes la obligaron a firmar pagarés.