Cuando el sol comienza a bajar por entre los cañones del altiplano potosino, en la colindancia con Zacatecas, los caminos se pueblan de mujeres orilladas a venderse a quienes transitan la noche. De no ser del agrado de sus posibles dueños, ofrecen a "la chivita", a la hermana o hija de entre ocho y trece años.

Son tiempos de sobrevivencia para un caudal de mujeres que sufre las condiciones imperantes en los malhadados "talleres de sudor".

Es cada vez más público que los cinturones de maquiladoras, ubicados ya no sólo en la franja fronteriza sino en varios enclaves cuya localización es todo menos azarosa --en Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas, Colima y Jalisco, o en Yucatán y Chiapas-- prohijan la prostitución, pues recrudecen las exiguas posibilidades de una vida digna para quienes ahí se hallen "esclavituados", como dijera un milpero de San Salvador Atenco. Los factores de riesgo laboral son muy altos (tanto que aumentan los casos de anencefalia o hidrocefalia y deformaciones en piernas y brazos entre los recién nacidos): manejo de sustancias tóxicas y materiales peligrosos, inseguridad e insalubridad, poca protección o previsión de accidentes, tráfico de droga, hostigamiento a las mujeres, horarios irregulares, capataces llegados de los campos de esclavos de Bangladesh, desaparición de los contratos colectivos, despidos injustificados, pocas prestaciones médicas o ninguna, alquilados por algunas pocas horas a la semana a gusto de los empleadores, sufriendo en no pocas ocasiones castigos corporales o encarcelamiento dentro de las mismas instalaciones. Y si la gente se queja, la maquila se muda con todo en pocos días, al pueblo de junto o al valle cercano o a otro corredor planificado.

La perentoriedad, acicate que predispone a acatar la ignominia, se convirtió en programa de gobierno. Por lo menos así se mira el mundo desde los sinuosos caminos que hermanan Colima, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, donde las acciones unilaterales, maquilladas si acaso las divulgan, desarticulan el espacio vital para reordenarlo como "corredores multimodales" futuristas (carreteras, trenes privados, electricidad selectiva, cuotas fiscales preferenciales, depósitos de residuos tóxicos, sistemas de informática, desarrollo urbano, talleres e invernaderos de maquila, privatización de agua, minerales, tierras, bosque o personas, "servicios", antros, comercio de armas y droga). Tan sólo en San Luis Potosí hay 37 nuevas maquiladoras y varios depósitos de residuos tóxicos. El caso más flagrante es el de Guadalcazar, donde Metalclad, la compañía que intentaba situar un basurero, ganó en un juicio internacional al gobierno mexicano la cantidad de 16 millones de dólares por "daños".

Los modos cambian. Aguascalientes capital, sede del Centro Nacional de Información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, tiene privatizada el agua de la ciudad, y la empresa francesa que presta el servicio no parece poder cumplir con el mantenimiento. Las fugas duran semanas. Los mantos freáticos han bajado de los 10-15 metros en que se hallaban, hasta los 300. En algunos barrios hay problemas por desplomes de viviendas ocasionados por las enormes oquedades que deja el agua robada. Las cementeras, los corredores agroindustriales y la actividad minera (como en Asientos y Tepezalá), comienzan a hacer eco de lo que en Zacatecas significó expropiar 16 rancherías para la instalación de la Cervecería Modelo. La contaminación derivada de esta planta se suma a la que producen los residuos de una escuela veterinaria, o de las minas a cielo abierto en los municipios de Calera, Zacatecas y Enrique Estrada.

En toda esta franja, una de las primeras en expulsar hacia Estados Unidos a hombres y hoy también mujeres, son recurrentes las rancherías abandonadas sin rastros humanos recientes, tan sólo paredes semidesplomadas, nopaleras y ramas de huizache por entre las tejas rotas o las placas de zinc volcadas.

Aumentan también los suicidios, incluso entre la población infantil, y nadie pensaría que los callejones polvosos de los cinturones de miseria de Fresnillo o Jerez (poblados por junkies de heroína) hagan esquina con el Bronx o South Central Los Angeles, o que Zacatecas sea el mercado negro más grande de compraventa de dólares; que sigan los conflictos agrarios por duplicación de títulos, como ocurre en El Bernalejo entre ejidatarios de Valparaíso y comuneros tepehuanos de Durango.

No extraña entonces que como en el sertón nordestino de Brasil, surjan los profetas, los agoreros del fin de los tiempos, pero también que la gente del desierto, con modos cazadores, recolectores y pastores, y con una sabiduría que les ha permitido cuidar del jícuri (sagrado para los wixaritari) en Viricuta --el desierto de Coronado en San Luis Potosí--, comiencen a hacer caso de las palabras de sus viejos y reivindiquen, paso a paso, su historia huachichil, es decir chichimeca, mientras la primera maquiladora (de acabado de pantalones) se instala en Estación Catorce y se reactivan las minas de las orillas escarpadas en las estribaciones de la sierra.

Por si fuera poco, se cuestiona la instalación de termoeléctricas en el corredor Manzanillo-Nuevo Laredo por temor al uso de coque, sustancia altamente tóxica.

En medio de ese desorden programado (según un marakame wixárika "estos gobiernos andan revolviendo mal") el presidente Fox se apersona en Jesús María, Nayarit, tierra cora, y anuncia el Plan de Desarrollo de los Pueblos Indios inaugurando obra eléctrica en la sierra huichola y cora.

Lo interesante es que por primera vez, miles de comuneros deciden discutir, con gran seriedad y compromiso, los posibles beneficios derivados de la electricidad temiendo pérdidas graves en independencia real.

Si en los sesenta y setenta, la población rural exigía la construcción de carreteras o la electrificación de sus enclaves --como parte de la deuda del gobierno--, ahora los campesinos wixaritari saben que el proyecto puede entrañar una nueva reducción, un nuevo asentamiento a lo largo de los poblados electrificados, lo que cambiaría radicalmente su vida: los huicholes han mantenido su dispersión en rancherías en aras de una calidad de vida, muy ajena a las previsiones de escritorio, que les permite cuidar su territorio desde todos los rincones.

Saben, que de caer en la tentación de reagruparse, estarían disponibles como mano de obra barata para los corredores de maquila que ven venir tras la electrificación y la carretera que la posibilita. Es más, la carretera les arrebataría unos 200 kilómetros de bosque más los 25 metros de cada lado que se tornarían zona federal. En los hechos una expropiación.

Si bien algunos de los viejos se quejan de la electrificación como tal, no todos cuestionan la luz misma sino la manera en que el gobierno quiere instaurar un proyecto que no parece rentable, ni suficiente.

El gobierno pretende electrificar a un costo de 60 470 000 pesos, 6 comunidades coras y huicholas, beneficiando en total a unas 200 familias, menos de 5 mil habitantes, cuando que en la región habitan 43 459 coras y huicholes. Sus autoridades discuten ahora por qué no se pensó en un proyecto alternativo de electricidad con celdas solares que costaría 20 millones menos y daría servicio a todas las familias de la región, sin tenerse que reagrupar a lo largo de la carretera, que para colmo amenaza cruzar algunos centros ceremoniales y arqueológicos, y zonas de bosque muy conservadas. La queja fundamental es que el proyecto ni se anunció ni se consensó con las comunidades.

Signos entreverados en un vasto corredor, invisible para los medios. Y mientras el campo nacional de entrenamiento de la pfp está situado a pocas cuadras de la iglesia de El Saucito, en San Luis Potosí, en un barrio marginado, las instalaciones de la Nestlé en dicha ciudad se hallan en un predio cuya barda reza: "No anuncie, zona federal".