Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 12 de abril de 2002
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El juez resolverá el próximo martes si los libera o dicta el auto de formal prisión

Se declaran inocentes el alcalde de Atizapán y su ex secretario particular

Se estableceN en actas las acciones que la regidora cuestionó al edil

SILVIA CHAVEZ, ISRAEL DAVILA Y ALONSO URRUTIA CORRESPONSALES Y REPORTERO

Ante la rejilla de prácticas del juzgado quinto del penal de Barrientos, en Tlalnepantla, el alcalde panista con licencia de Atizapán de Zaragoza, Juan Antonio Domínguez Zambrano, y su ex secretario particular, Daniel García, se declararon inocentes del homicidio de la regidora María de los Angeles Tamez Pérez y de encabezar una red de corrupción en su administración municipal.

Vestidos con el uniforme de indiciados, a las 10 horas, Do-mínguez Zambrano y Daniel García fueron presentados en la rejilla de prácticas para que el juez quinto, Alejandro Jardón Nava, les leyera el pliego de consignación con las imputaciones legales que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) hizo en su contra.

En la audiencia de declaración preparatoria de los detenidos, que se prolongó más de siete horas, el secretario de acuerdos de la causa penal correspondiente les informó a los indiciados sobre los cargos que hay en su contra, entre ellos extorsión, abuso de autoridad, fraude genérico, delincuencia organizada y homicidio calificado en grado de autoría intelectual en agravio de María de los Angeles Tamez Pérez.

El funcionario penal detalló nombres de los agraviados y de quienes acusan al edil y a Daniel García, además de los delitos que se les atribuyen. Entre los declarantes se ubicó a regidores de Acción Nacional, ex servidores públicos y a dos proveedores de servicios.

En el detalle de los delitos imputados al edil, el secretario de acuerdos le informó que en cuanto a la extorsión, el ex director de Protección Civil municipal, Carlos Manuel Rodríguez Delgado, acusó a Daniel García de haberle pedido un pago anual de 600 mil pesos a cambio de que no recibiera presiones por parte del alcalde y que con esta compensación no habría mayores reclamos de los siniestros registrados en el municipio.

Sobre el delito de abuso de autoridad, la procuraduría mexiquense refiere que Domínguez Zambrano solicitó al director de Desarrollo Urbano y Obras Pú-blicas, Luis Cuauhtémoc Díaz Fernández, llegar a un "convenio" con el empresario Fernando Castro, quien solicitó la autorización de la construcción de una bodega para la empresa cervecera Corona, y que a cambio de este arreglo económico se le permitió continuar con los trabajos.

Sobre el delito de fraude, se dio a conocer que el empresario Mario Correa Barrios le entregó a Daniel García 200 mil pesos para la campaña como alcalde de Domínguez Zambrano y a cambio de este beneficio económico se acordó que una vez ganada la alcaldía se le otorgaría la concesión del servicio de grúas en el municipio, lo que no se cumplió.

Sobre delincuencia organizada, en la lectura del documento se estableció que desde el inicio de la administración de Domínguez Zambrano, María de los Angeles Tamez se inconformó porque en el gobierno local se incorporó como secretario particular del alcalde a Daniel García. Además, la regidora hizo una lista de 21 personas que tenían nexos familiares con Daniel García, por lo que pidió que todos fueran removidos de sus cargos.

Según consta en la relatoría de delitos, situaciones como ésta provocaron un diferendo entre la regidora asesinada y Domínguez Zambrano, quien en varios actos públicos aseguró que este tipo de situaciones y las críticas que hacía la regidora sobre su esposa "no se van a quedar así".

Soy inocente, sostuvo Domínguez Zambrano

Al término de la lectura de los delitos que se imputan a los indiciados, Juan Antonio Domínguez Zambrano fue el primero en rendir su declaración preparatoria, misma que sintetizó con la frase: "Soy inocente de los delitos que se me imputan y no he cometido ninguno de ellos".

A su vez, Daniel García rechazó las acusaciones de quienes aseguraron que pidió dinero para la campaña política de Domínguez Zambrano.

En tanto, Marcos Castillejos, abogado defensor del alcalde con licencia, solicitó la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas para que el juez de la causa dictamine sobre la situación legal de su cliente. La misma solicitud fue hecha por el abogado de Daniel García, por lo que será el martes próximo cuando se defina el auto de libertad o formal prisión de los indiciados.

Asimismo, solicitó que al me-nos 65 testigos que rindieron declaraciones ministeriales en la averiguación previa iniciada por el asesinato de Tamez Pérez acudan al juzgado a ampliar sus testimonios y pidió careos de éstos con sus clientes.

En la lista figuran Pedro Tamez y Evangelina Pérez, padres de la regidora ejecutada; los regidores panistas Wilfrido Torres y Ana María Balderas, estos últimos como declarantes contra el edil. También citó al regidor perredista Efraín Medina, así como a algunos arraigados en el hotel La Hacienda.

En tanto, el juez Alejandro Jardón indicó que este sábado concluye el plazo para que la procuraduría de Justicia estatal ratifique su solicitud para liberar las siete órdenes de aprehensión más. Pero, dijo, "aun cuando se cumpla este tiempo, la dependencia podrá hacer uso del tiempo de que dispone en los arraigos para integrar mayores elementos a su petición".

A las 16:30 horas de este jueves el jefe de supervisión de infracciones y choques, de la dirección de Seguridad Pública atizapanense, Raúl Pérez Bonilla, fue puesto en libertad debido a que obtuvo un amparo federal otorgado por el juzgado octavo de distrito que suspendió la ampliación de su arraigo en el hotel La Hacienda, donde aún permanecen seis personas más sujetas a investigación por el homicidio de la regidora.

No hay persecución política contra el PAN, reitera Montiel

El gobernador mexiquense, Ar-turo Montiel reiteró que en el caso de la consignación del alcalde de Atizapán, Juan Antonio Domínguez Zambrano, no existen motivaciones políticas, sino solamente la mera aplicación de la ley y para eso "sí estoy facultado y tengo que aplicar la ley con todo rigor".

Entrevistado en la Secretaría de Gobernación, destacó que las acciones que se han emprendido contra algunos ediles sólo forman parte de la instrumentación del estado de derecho. "Primero sacamos el asunto de Huixquilucan y después este asunto de Atizapán que va avanzando y ya está consignado ante el Poder Judicial del estado."

Precisó que en el caso de la hija del alcalde de Ecatepec se está procediendo estrictamente contra ella, "se le está investigando y, si procede, pues entonces se consignará ante el juez correspondiente". Montiel Rojas manifestó que ello no significa que haya algo contra el edil, con quien próximamente inaugurará "algunas obras".

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