Amenazas contra defensores no fueron investigadas
oportunamente, dice
Falta voluntad de autoridades para proteger derechos
humanos: Alvarez
Reitera el ombudsman capitalino su rechazo
a la reducción de la edad penal y a la pistolización
ANGEL
BOLAÑOS SANCHEZ
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, advirtió que en la realidad
no se ha reflejado suficientemente la voluntad de las autoridades del gobierno
de la ciudad para atender la problemática de los derechos humanos.
Al rendir su primer informe de labores ante el jefe de
Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, el ombudsman
capitalino señaló que "en las instituciones públicas
nos seguimos enfrentando con prácticas, inercias y culturas de la
estructura de la administración pública que no responden
a las voluntades de protección y defensa de los derechos humanos".
Más aún, observó que en algunos casos
se continúa reproduciendo la "falsa y malintencionada percepción"
de que los organismos públicos dedicados a la tarea de la defensa
de los derechos humanos son un obstáculo para su trabajo.
En este contexto, Alvarez Icaza adelantó lo que
se prevé sea la conclusión de la queja que inició
de oficio tras la muerte de la abogada Digna Ochoa, al señalar que
los antecedentes de amenazas y hostigamiento que sufrieron ella y otros
defensores de derechos humanos no fueron investigados oportunamente.
Este caso, aseveró el ombudsman, "evidenció
la impunidad que aún prevalece en el ámbito de procuración
e impartición de justicia".
El comisionado destacó en su informe la situación
de la discriminación en la ciudad, la tortura, la inseguridad pública,
la falta de acceso a los servicios de salud, el sistema penitenciario,
así como la situación de la administración y procuración
de justicia, de la que destacó las deficiencias del sistema de defensoría
pública.
En este último punto se manifestó por el
cumplimiento de la recomendación del relator especial de la ONU
para la independencia de jueces y abogados, que en su informe dirigido
a México sugirió "independizar del Ejecutivo a las defensorías
públicas para que ejerzan cabalmente la función de defensa
en asuntos penales en los que los acusados no puedan pagar un abogado",
pero que no fue aceptado por la actual administración del GDF, situación
que consideró "preocupante".
Recordó
que existe una recomendación de la CDHDF aceptada en sus términos
por las autoridades capitalinas respecto de la situación de los
defensores de oficio que no se ha cumplido, por lo que pidió "una
respuesta contundente", pues se trata de una situación en la que
se violan las garantías de defensa y acceso a la justicia.
Tres ejemplos de tortura
En la administración pasada, indicó Alvarez
Icaza, no se aplicaron los criterios adecuados para la clasificación
de los casos de tortura permitiendo que muchos pasaran simplemente como
hechos de lesiones o de abuso de autoridad.
Los nuevos estándares nacionales e internacionales
para calificar la tortura, explicó, "han permitido configurar un
panorama más real del fenómeno en la ciudad", y de las 36
denuncias recibidas expuso tres ejemplos: custodios del Reclusorio Oriente
contra un interno, en julio de 2001; policías preventivos de la
Secretaría de Seguridad Pública contra una mujer, en noviembre
del mismo año, y agentes judiciales del DF contra un detenido en
la agencia 16 del Ministerio Público en enero pasado.
El ombudsman propuso modificar el artículo
281 ter del Código Penal del Distrito Federal, que sólo considera
como tortura los dolores y sufrimientos graves, eliminando "graves" del
precepto, pues "se presta a interpretaciones subjetivas que conducen a
la impunidad".
La discriminación, señaló en otro
punto, sigue siendo una práctica común que afecta principalmente
a pobres, mujeres, gays, lesbianas, indígenas, personas discapacitadas,
enfermas con sida, entre otras. Reconoció que no se solucionará
solo con leyes, por lo que propuso conjuntamente con organizaciones civiles
un Programa de Lucha contra la Discriminación, mediante campañas
orientadas a cambiar los patrones culturales que fomentan esta práctica
y a impulsar el respeto a la diversidad.
En lo relativo a la administración de justicia,
Alvarez Icaza señaló que los problemas más frecuentes
son "extorsión, negligencia o dilación administrativa, por
lo que frecuentemente los plazos dentro de los procedimientos duran más
tiempo que el permitido por la ley; la negativa a la reparación
del daño y la indemnización moral y material, entre otras".
Además de que las detenciones arbitrarias continúan siendo
una práctica frecuente.
Al referirse al problema de la inseguridad pública,
el comisionado expresó su rechazo a la reducción de la edad
penal y a facilitar la posesión de más armas de fuego en
los hogares como solución al flagelo.
