Proponen que el gobierno de Fox responda a las imputaciones del relator especial

La Judicatura descalifica el informe de la ONU sobre la corrupción de los jueces mexicanos

El reporte de Cumaraswamy "es contundente", afirma el ombudsman Alvarez Icaza

JESUS ARANDA, ANDREA BECERRIL Y ANGEL B0LAÑOS

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) descalificó el informe del relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, al considerar que Dato Param Cumaraswamy "no tuvo conocimiento cabal de nuestro sistema jurídico, basó su informe oficial en rumores, no recurrió a la legislación en vigor y no verificó con hechos probados lo que le fue dicho", lo que hace de dicho análisis un documento "de muy poca credibilidad y políticamente agresivo y peligroso".

En un proyecto de punto de acuerdo que discutirá el pleno del CJF, elaborado por el consejero Manuel Barquín Alvarez, se propone que el presidente de la Suprema Corte y del CJF, ministro Genaro David Góngora Pimentel, solicite audiencia al presidente Vicente Fox para que por medio de la cancillería solicite a la ONU que "proceda a rectificar todos los errores, inexactitudes y contradicciones en las que incurrió el relator especial, en su informe sobre la independencia de los jueces y abogados (...) y haga públicas dichas correcciones".

Senadores salieron en defensa del Poder Judicial frente a los señalamientos que formuló la ONU sobre el alto grado de corrupción en los jueces mexicanos. El priísta Manuel Bartlett denunció que el interés principal de esas críticas, que no tienen fundamento, es presionar al gobierno federal para que se acepte la tutela de tribunales supranacionales, como la Corte Penal Internacional, mientras el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Jorge Zermeño, reconoció que aunque no se puede tapar el sol con un dedo y se conocen las fallas y deficiencias del Poder Judicial, los señalamiento del informe de la ONU son muy vagos y generalizados.

El procurador capitalino, Bernardo Bátiz, calificó como "una exageración" el documento y añadió que los poderes judiciales federal y locales son por regla general responsables y actúan correctamente, aunque admitió que, "como en todos lados, puede haber corrupción".

La voz discordante fue la de Emilio Alvarez Icaza, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Opinó que se trata de "un informe contundente sobre el caso mexicano" y resaltó la situación de desconocimiento de las normas internacionales por parte de jueces y magistrados.

Proyecto de punto de acuerdo

El punto de acuerdo señala que el informe del relator incurrió en "varias inexactitudes e incluso errores, tanto en sus conclusiones como en sus recomendaciones y observaciones", además de que el documento dado a conocer el pasado lunes en Ginebra, Suiza, en el marco de la 58 reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "se basó demasiado en comentarios que sin prueba y fundamento alguno le fueron hechos y sin tomar el tiempo de verificar la autenticidad de los mismos".

Afirmar que entre 50 y 70 por ciento de los jueces son corruptos y que ese mal se extiende "carece de seriedad y validez por no tener precisiones ni fundamento". Y cuestiona: "Ƒde dónde se obtuvieron esos datos?, Ƒen qué consiste la corrupción?, Ƒcuáles son las pruebas que el funcionario tuvo a la vista para poner eso en su informe?".

Indica que "una visita de diez días para rendir un informe ante la ONU sobre el estado de la justicia en México es más que insuficiente", no sólo por la complejidad de nuestro sistema judicial y la desconfianza innata que existe en el mexicano respecto de sus instituciones públicas, sino además por el desconocimiento e ignorancia de las mismas. El tema requiere "una gran profundidad y seriedad".

Se destaca que en el informe del relator existe una confusión entre lo que es el fuero común y el federal, "que él mismo no logró discernir".

Situación similar ocurrió entre la administración de justicia -que realiza el Poder Judicial-, la procuración de justicia -es decir, la labor de las procuradurías general de la república y de los estados- y las funciones de la Secretaría de Gobernación en cuanto a la administración de los reclusorios.

"La falta de comprensión por parte del relator de nuestro sistema, hace de su informe un documento demasiado impreciso y por ende poco útil, ya que no se sabe con exactitud a qué se refiere", además de que dicho escrito se elaboró "sin el más mínimo profesionalismo".

El documento subraya que "los errores y contradicciones advertidos en el informe del relator especial obligan a cuestionarse sobre la real finalidad que tiene este documento".

Y advierte: "es posible" que las confusiones, inexactitudes y omisiones del documento de la ONU "sean debidas a la falta de comunicación", en razón de que "probablemente el inglés sea para él una segunda lengua, y por la otra, el inglés no es idioma oficial en México". Por ello, califica como "errónea" y "discriminatoria" la decisión de Naciones Unidas de enviar como relator a la región "donde se habla castellano a una persona que no está calificada para la misión que se le encomendó".

Y concluye: "tratándose de un funcionario de la ONU y de un informe público, la falta de seriedad y de profesionalismo del relator son por lo menos sorprendentes".