Agricultores demandan juicio político a los titulares de Semarnat, SRE y CNA

En el Congreso, el asunto del agua entregada a EU

Los acusan de haber violado la Constitución e invadir área de competencia del Senado

ANGELICA ENCISO L.

Las 14 mil 500 familias del bajo río Bravo en Tamaulipas que por dos años no han contado con agua para riego de sus siembras, porque el gobierno ha entregado el líquido a Estados Unidos, presentaron ayer en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra los titulares de las secretarías del Medio Ambiente (Semarnat), Víctor Lichtinger, y de Relaciones Exteriores (SRE), Jorge G. Castañeda, así como contra el director de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Cristóbal Jaime Jáquez.

Es uno más de los recursos legales que interponen los productores, ahora apoyados por legisladores del PRI y el PRD. Estos señalaron que buscarán que el pleno de la Cámara se convierta en la parte acusadora para buscar que el Senado inhabilite y sancione a los funcionarios.

La restricción de agua para riego de los productores del distrito 025, el más grande del país, con 202 mil hectáreas, se dio a partir del ciclo otoño-invierno 2000-2001, y se agravó a partir de febrero del año pasado, cuando se les suspendió totalmente la entrega del líquido. El argumento del gobierno mexicano fue que debía pagar un adeudo de agua a Estados Unidos por mil 633 millones de metros cúbicos del ciclo 25, estipulado en el Tratado Internacional de Aguas de 1944.

En conferencia de prensa, René Enríquez Valenzuela, representante legal de los agricultores, señaló que ya agotaron las negociaciones con el gobierno foxista, porque aun cuando están en espera de resoluciones judiciales a cuatro amparos y a quejas presentadas ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se prevé una solución pronta al conflicto.

Estos funcionarios, dijo, violaron los derechos humanos de los agricultores, efectuaron despojo del agua y cometieron traición a la patria. A estas irregularidades que han cometido, indicó, se suman violaciones a decretos presidenciales, a la Ley Federal de Aguas Nacionales y al mismo tratado internacional.

Además de todo esto violaron la Constitución, al cambiar el tratado con la firma de la minuta 307 con Estados Unidos. Con ello, los secretarios invadieron la esfera de competencia del Senado, pues éste es el único facultado para hacer esas modificaciones.

Con la firma de ese documento el gobierno mexicano se comprometió a efectuar entregas del líquido adicionales a las estipuladas en el tratado, lo cual fue por una solicitud expresa del presidente George W. Bush a Vicente Fox en febrero de 2001.

En un año los agricultores también han recurrido a la CNA, a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y al Senado de la República. Lo que aquí obtuvieron fue que el gobierno se comprometiera a entregar una indemnización que aún no se les ha terminado de pagar.

Marco Antonio Salinas, de la Asociación de Usuarios Hidráulicos Los Angeles de Río Bravo, señaló que no es justo que a esa región se le cargue una deuda que corresponde a todo el país. Aunque no descartó movilizaciones, dijo que no pueden actuar al margen de la ley.

El diputado priísta Librado Treviño, representante de la región donde se ubica el distrito 025, dijo que esa zona llegó a ser el granero más importante de México, con altos niveles de producción de sorgo. Ahora "la gente está que arde por la prepotencia con que ha actuado el gobierno y porque fueron saqueados de sus bienes, el agua, para ser entregados a un gobierno extranjero".

Al preguntárseles a los legisladores si está demanda de juicio político quedaría cancelada, como ha ocurrido con muchas más, Treviño sostuvo que su partido y el PRD, además de "algunos diputados panistas", apoyan esta demanda, por lo que se buscará llevarla hasta sus últimas consecuencias: la destitución e inhabilitación de los funcionarios.

En la demanda se precisó que además del agua entregada a Estados Unidos, en Chihuahua se retienen volúmenes que la ley no permite, por lo que se reduce el líquido que llega al bajo río Bravo. Esto agrava en esa zona la escasez de agua.

También se señaló que "de continuar las condiciones actuales de la crítica situación por la que atraviesan los productores, el déficit pendiente, más lo que se acumule en los próximos años, puede implicar el que no se disponga de agua para los productores del distrito 025 en los próximos tres años".