Indaga anomalías en el proceso que costó al erario 233 mil millones de pesos

El IPAB ordenó auditar el rescate bancario por sospecha de corrupción

La CNBV documenta violaciones; la deuda es de más de 788 mil mdp, supera el débito interno

Se vendieron pesos a 17 centavos en la enajenación de cartera de las instituciones intervenidas

ANTONIO CASTELLANOS

Debido a la sospecha que existe sobre los interventores de la banca, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) contrató un despacho externo para definir si el costo fiscal, que supera los 233 mil millones de pesos, aumentó por el mal desempeño de aquéllos, ya que ahora se eleva a más de 788 mil millones de pesos, cantidad mayor al débito total interno del gobierno federal.

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jonathan Davis, dijo a la comisión del Congreso que investiga el rescate bancario que se efectuarán auditorías para determinar si los interventores siguieron las reglas establecidas, y aceptó que no se actuó con rapidez porque no existía la experiencia.

Dijo que el IPAB estudia el estado de los bancos Anáhuac, Industrial y del Sureste para decidir conjuntamente con la Secretaría de Hacienda si se revoca la autorización, liquidan o se entregan como negocio para sanearse y venderlos. Son tres de los 10 bancos intervenidos, pero no se había actuado, porque es sólo un día antes de que concluyó el gobierno de Zedillo, cuando el IPAB solicitó que le regresen los bancos intervenidos.

Los casos de Inverlat, Promex, Atlántico, Serfin y Bancrecer, de acuerdo con informes oficiales, son ejemplos de las operaciones de saneamiento llevadas a cabo durante el rescate bancario, que elevaron inútilmente el costo fiscal del rescate. El gobierno les invirtió 305 mil millones (tres veces la recaudación fiscal con el nuevo marco) y recuperó por su venta sólo 21 mil 483 millones. Sólo 7 por ciento del total gastado.

De acuerdo con esos reportes, hasta agosto de 2001, el IPAB había vendido cartera de la banca intervenida por un monto aproximado de 58 mil millones de pesos, del cual había recuperado sólo 10 mil millones.

Esto es, que en promedio recuperó 17 centavos de cada peso, cifra muy por debajo de los 30 centavos proyectados originalmente. Lo que sí ha generado son jugosas ganancias para las administradoras que revenden la cartera adquirida del IPAB a un promedio de entre 70 y 80 centavos por cada peso.

Los legisladores tienen la certeza de que la CNBV actuó de forma morosa. Prueba de ello es que las autoridades intervinieron en los casos de Banco Capital y Banca Confía, 19 y 36 meses después, respectivamente, de que se detectaron problemas, lo cual elevó el costo fiscal del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Hubo tiempo suficiente para planchar los bancos, precisó, por su parte Mario Di Costanzo, ex secretario Ejecutivo de la Comisión para Investigar el Funcionamiento del IPAB.

La CNBV emitió oficios de opinión de delito, desde agosto de 1994, antes de la crisis de diciembre de ese año. Se trata de reportes que detallan ilícitos cometidos por consejeros, funcionarios y empleados de Banco Unión, Banco Capital, Banco Interestatal, Banco de Oriente, Banco del Sureste y Banca Confía, así como de las casas de bolsa Abaco, Confía, Mexival y Estrategia Bursátil.

Los documentos, en poder de La Jornada, consignan violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito por renovar préstamos vencidos a personas morales con capital insuficiente; alteración de registros contables, para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones; aprobación de créditos que provocaron quebrantos; empréstitos relacionados, y desviación de recursos.

A pesar de que la lista es extensa, sólo se encuentra preso Jorge Lankenau, de Banca Confía.

Di Costanzo hizo notar que el asunto de los interventores es el más oscuro del rescate bancario. Se convirtieron en "dueños" de los bancos y sólo rindieron cuentas al presidente de la CNBV, que en ese proceso fue Eduardo Fernández. "Por eso hay poca información sobre su desempeño".

Las pocas referencias sobre ello no son favorables; porque el propio auditor canadiense, Michael Mackey, los identifica como el principal obstáculo para elaborar el informe encargado por la Cámara de Diputados. Hasta ahora, concluyó, no se sabe, y posiblemente no se sabrá, qué fue lo que existió en la banca intervenida, todo ello en perjuicio de costo fiscal del rescate bancario.