Paramilitares de Palestina, listos para apoyarlo, aseguran autoridades autónomas

Indígenas temen desalojo en Montes Azules

"El proyecto para exterminar de la selva a nuestras comunidades es parte del PPP", afirman

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Municipio Autonomo Ricardo Flores Magon, Chis., 26 de marzo. "No es tiempo de perder nuestro camino. Seguiremos aquí, fuertes y sin arrodillarnos", dice, en entrevista, el miembro del concejo municipal designado para hablar en nombre de las autoridades autónomas. Es un joven. Lo acompañan tres hombres mayores. Todos llevan pasamontañas.

Refiere los temores de desalojo en las comunidades dentro de Montes Azules en los próximos días. "Las comunidades están enteradas y a la espera de lo que intente hacer el gobierno -agrega-. No hay dónde más vamos. Aquí vamos a estar a lo que venga".

En las afueras de un poblado tzeltal en las montañas, sentados sobre un tronco, los miembros del concejo autónomo aseguran que los paramilitares de Palestina "están listos para ayudar a los soldados y la policía en el desalojo de nuestras comunidades. Dijeron que ya nomás esperan órdenes; si les dicen vámonos, va". (Cabe recordar que la comunidad selvática de Palestina fue una de las favoritas del ex gobernador Albores; poco faltó para que hiciera en ella uno más de sus "municipios" contrainsurgentes.)

"La presión principal que tenemos es toda la contrainsurgencia contra las bases de apoyo zapatistas", asegura el vocero de la autoridad autónoma.

"El ambiente está muy cambiado. Aunque le tapan o desmienten, los rumores siguen. Las amenazas vienen muy alineadas con el problema de los Montes Azules, la selva Lacandona y las zonas de amortiguamiento. El gobierno dice a la opinión pública que está mejorando nuestras condiciones. Que hay acuerdo con las comunidades y las organizaciones. Están diciendo falso."

"Campesinos de San Antonio Escobar han estado talando cedro y caoba"

Parece que pueden aprovechar este momento de la seca, cuando se prepara la siembra, advierten las autoridades en rebeldía. "Ya instruimos a los pueblos, como de por sí hacemos, que prevengan los incendios, que no dejen salir la lumbre de sus trabajo". En seguida refiere que campesinos priístas de San Antonio Escobar han estado talando cedro y caoba en la reserva. Las autoridades de esa comunidad y de Santa Rita, que no son zapatistas, han reconocido que estos campesinos obran contra la ley y los acuerdos comunitarios.

"Pero esos infractores tienen un aserradero, dicen que con licencia del gobierno. Cada semana sacan de la reserva camiones de tres toneladas cargados de muebles. Imagínese cuánta madera gastan -apunta el concejal autónomo-. Lo malo es que luego quieren usar estos delitos de otros en contra nuestra".

"Como no reconoce los acuerdos de San Andrés, el gobierno considera ilegales nuestras estructuras y soluciones. Así es como planean sus mañas para presionar a los indígenas. Pero tenemos nuestras propias decisiones y acuerdos. Para los niños y los mayores es muy valioso tener esta tierra. Eso nos motiva a crear nuestra red de resistencia y esperanza de solución."

Reitera anteriores denuncias de sobrevuelos de aviones y helicópteros sobre el norte del municipio autónomo, en Arroyo Granizo y otras comunidades del valle de Santo Domingo, así como patrullajes, mientras los movimientos militares en la cañada de Taniperla, al sur de Flores Magón, siguen siendo intensos. De esa manera, la región queda atrapada en una "pinza". "Y ahora tienen el pretexto de que los lacandones, para defender unos recursos naturales que ellos ni siquiera conocen, denuncian que los estamos destruyendo".

El municipio rebelde, de acuerdo con sus autoridades, reúne 110 comunidades en resistencia. Van desde el interior de la reserva de la biosfera, incluidas las lagunas y la denominada "zona Lacandona" (propiedad virtual de las familias lacandonas de Metzabok, asentadas a 100 kilómetros del latifundio que les regaló el gobierno federal en Montes Azules), alcanzan toda la zona de amortiguamiento hasta San Jerónimo Tulijá, y por el sur las dos riberas del río Perla, hasta las faldas de la sierra Cruz de Plata.

"Estamos rodeados de posiciones militares bien estratégicas. Con base en eso hicimos este documento que vamos a entregar a los medios de comunicación", concluye el vocero. Sella dos copias del documento mencionado, que en seguida firma el concejo autónomo: "La situación esta grave. Quisiéramos que esta información salga lo mejor que se pueda".

"Vamos a defender nuestras comunidades"

"Una sombra de muerte se levanta en el corazón de nuestra tierra, de nuestra madre, de nuestra selva. Una niebla de soldados, paramilitares, planes y proyectos llega de nuevo para amenazarnos, para robarnos el sueño y desalojar a nuestras comunidades indígenas. Pero también está la dignidad de un pueblo que a pesar de las tormentas se camina, habla con verdad y fuerza que no callará nunca más y denuncia las artimañas del gobierno para hacer su guerra de exterminio contra las comunidades en resistencia, ahora con el pretexto de las zonas reservadas. La voz de este pueblo hoy repite que las comunidades indígenas de Ricardo Flores Magón no vamos a permitir ni el desalojo ni la reubicación de nuestras comunidades. Con todo lo que esté en nuestras manos, en nuestra verdad, derechos y razones, vamos a defender nuestras tierras y comunidades."

En su nuevo documento, las autoridades autónomas consideran que "el proyecto para exterminar de la selva a nuestras comunidades es parte estratégica del Plan Puebla-Panamá". En consecuencia, señalan que el PPP "es a la vez un plan de contrainsurgencia, porque a los intereses neoliberales le estorban nuestras culturas diferentes que entienden a la tierra como madre, como bien comunal que no puede usarse para el beneficio de unos cuantos.

"Debido a las grandes, únicas y especiales riquezas naturales que se juntan aquí, pero también debido a la lucha, la dignidad y la resistencia de las comunidades indígenas y del EZLN en contra del neoliberalismo y la injusticia, la selva Lacandona se ha convertido en un territorio estratégico para los intereses de las empresas multinacionales, los gobiernos, el Ejército federal, y la guerra contrainsurgente que asegura la tranquilidad a los intereses políticos y económicos."

Por eso, se han elaborado ya diversos programas "que intentan imponer a los pueblos y presentarlos como elaborados con ellos": Programa Nacional de Atención a 250 Microrregiones, Programa para el Desarrollo Sustentable de la Selva y Programa Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva. Otro programa, "que no hacen público, elaborado junto a las empresas interesadas, plantea el desalojo por medio de la fuerza militar de aquellas comunidades que se nieguen a negociar y a abandonar las tierras. Para ello van a utilizar los recursos legales que ofrecen las leyes de zonas reservadas, que sin embargo violan el acuerdo 169 de la OIT y los acuerdos de San Andrés".

"Están preparando la guerra"

Con el propósito de "no permitir el desarrollo de las comunidades", según el concejo autónomo, "se planifican los llamados centros estratégicos de desarrollo (CED), para concentrar los apoyos y obligar a los campesinos a salir de sus comunidades por falta de oportunidades". En estos centros tendrán que buscar trabajos en las maquiladoras y el turismo. La idea es que dejen de ser campesinos e indígenas "y ya no enseñen más estas cosas a sus hijos. Así se irá olvidando poco a poco el amor por la tierra, se olvidarán la resistencia y la lucha. Sin embargo, para lograrlo necesitan dividir, para dividir está la contrainsurgencia, las mañas de siempre, las amenazas; la presión política, la económica, y la peor de todas, la pobreza extrema".

Refieren que en la zona selva se han creado 34 microrregiones, con un CED en cada una. El territorio de Ricardo Flores Magón lo han intentado dividir en ocho microrregiones y han creado sin el apoyo verdadero de las asambleas y comunidades los llamados consejos microrregionales, que van a ser la mentira con la que el gobierno dice que consulta y recibe propuestas de las comunidades, y con eso justificar la entrada del PPP, y las medidas de contrainsurgencia.

"Las más de 110 comunidades, poblados y rancherías de este municipio autónomo se encuentran en peligro de desalojo o reubicaciones por diversos medios, ya que en su totalidad se encuentran dentro de las zonas de amortiguamiento, otras dentro de la reserva, otras en la zona lacandona. El peligro, aunque hoy se hace sentir sobre unas cuantas comunidades, es un aviso para todas."

El documento de las autoridades de Ricardo Flores Magón concluye que "aunque el gobierno dice que no hace nada, en realidad está fabricando la mentira legal del desalojo y la guerra en nuestra contra, y mientras encubre sus intenciones con máscaras legales, el Ejército federal ha reiniciando operativos, rodeando e internándose en las comunidades afectadas por la reserva". Los grupos paramilitares, agrega, "han cobrado nueva fuerza, los sobrevuelos rasantes de helicópteros son constantes, y comandos de la PFP se preparan en Chiapas para atacar junto al Ejército federal y tomar el control militar de toda la reserva de la biosfera".