Vinculados con el narcotráfico, 80% de los asesinatos cometidos en la entidad

Colaborará la PGR con la Procuraduría de Sinaloa en la investigación de homicidios

Dictan en Toluca tercer auto de formal prisión contra Benjamín Arellano Félix

GUSTAVO CASTILLO E ISRAEL DAVILA CORRESPONSAL

Para evitar situaciones como la ocurrida con la muerte de Ramón Arellano Félix en Mazatlán, el pasado 10 de febrero, y mejorar el combate a la delincuencia organizada en Sinaloa, la procuraduría de esa entidad y la Procuraduría General de la República celebraron un "protocolo" de colaboración.

Fuentes de ambas dependencias revelaron que la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada intervendrá de manera inmediata en la investigación de homicidios y otros delitos que pudieran estar vinculados con organizaciones criminales.

Desde los últimos meses del año 2001 el procurador de Sinaloa, Oscar González Mendivil, había solicitado a la PGR que se estableciera un convenio de colaboración, pues anualmente más de 80 por ciento de los asesinatos que ahí ocurren, los cuales llegan a ser de alrededor de 500, están vinculados con delincuencia organizada.

Sin embargo, lo que llevó a la implementación de este acuerdo fue el caso de Ramón Arellano Félix, quien falleció en un enfrentamiento con policías ministeriales, pero por semanas se ignoró su identidad debido a que al momento de ser abatido el ex líder del cártel de Tijuana utilizaba el alias de Jorge Pérez López.

Debido a esta situación y la falta de intervención oportuna de las autoridades federales, no se pudo conocer de manera inmediata la identidad del occiso, como tampoco retener el cadáver por varios días ni contar con mayores elementos para una identificación rápida.

Además, en Sinaloa se ha detectado que el mayor movimiento de droga y la comisión de delitos vinculados a delincuencia organizada suceden en Mazatlán, sitio donde curiosamente, indicaron las fuentes, también están concentradas la mayor parte de las delegaciones de las corporaciones policiales.

En Mazatlán se ha presentado también un fenómeno que ha llamado la atención de las autoridades locales: allí se asesina a jueces, magistrados, abogados de narcos, traficantes, sicarios y agentes policiacos.

Esto, indicaron los entrevistados, ha llevado a establecer hipótesis en el sentido de que no sólo la lucha por el control de las zonas de recepción y distribución de droga se localiza en ese puerto, sino que además existe una vinculación de redes de protección policiaca y judicial para distintos operadores del narcotráfico.

Pese a este panorama, aseguraron, ni la UEDO, ni la Unidad Especializada en Lavado de Dinero han desarrollado estrategias de persecución, y como la mayoría de los delitos pudieran tener alcances de carácter federal, muchas indagatorias del fuero común quedan inconclusas, y sólo cuando resulta alguna relevante interviene la autoridad federal.

Mencionaron que confían en que con este "protocolo" de cooperación se pueda llevar adelante un combate más frontal a la corrupción, el lavado de dinero, y a la delincuencia organizada en términos generales.

El caso de Ramón Arellano Félix, señalaron, puso en evidencia la necesidad de una mejor interacción entre autoridades locales y federales, pues la única institución policiaca que pudo obtener muestras directas de sangre del cadáver del capo fue la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), mientras que la PGR tuvo que obtener material genético a partir de las huellas hemáticas (sangre) de las bermudas y camisa que portaba el fallecido narcotraficante.

La falta de intervención rápida por parte de la PGR en las indagatorias permitió que el cuerpo de quien era identificado en ese momento como Jorge Pérez López pudiera ser entregado a supuestos familiares y cremado horas después, perdiéndose así toda posibilidad de obtener mayores datos del cadáver.

Lo anterior, aun cuando la procuraduría de Sinaloa solicitó información el mismo 10 de febrero (fecha en que falleció Ramón Arellano en un tiroteo en Mazatlán) en torno a la autenticidad de las credenciales que portaban tanto el narcotraficante como otro de los sicarios del cártel de Tijuana, que supuestamente los acreditaban como elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

De acuerdo con versiones, la PGR respondió que no eran personal de la AFI y hasta días después, incluso emitiendo un comunicado de prensa, informó que las credenciales eran falsas (13 o 14 de febrero), pero no intervino en la indagatoria de lo sucedido en ese puerto hasta el 20 de ese mes, cuando la DEA ya tenía en su poder muestras de sangre e información de que Jorge Pérez López era en realidad Ramón Arellano Félix.

El juez primero de distrito en materia penal federal con sede en Toluca, José Antonio González García, dictó auto de formal prisión al ex líder del cártel de Tijuana, Benjamín Arellano Félix, ahora por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Este es ya, formalmente, el tercer proceso penal que enfrentará el ex capo, quien fue detenido el pasado 7 de marzo en la ciudad de Puebla.

González García consideró que existen elementos suficientes para procesar a Benjamín Arellano Félix por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y por colaboración al fomento al narcotráfico, causa que será radicada en el mismo expediente que se le sigue a Ismael Higuera Guerrero, El Mayel, y Jesús El Chuy Labra.

Benjamín Arellano Félix cuenta con tres días a partir de la notificación del auto de formal prisión para apelar de la resolución.

Los otros dos procesos que enfrenta Arellano Félix, recluido en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, son por delincuencia organizada, cohecho y fomento para la extracción e introducción de narcóticos en el país, en este distrito, además de portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicana, en el juzgado segundo de distrito.

Benjamín Arellano Félix fue detenido el pasado 9 de marzo por fuerzas especiales del Ejército Mexicano en una casa del fraccionamiento La Esmeralda, en la ciudad de Puebla, donde presuntamente se escondía desde hace seis meses en compañía de su familia.

En el operativo también fue aprehendido su jefe de seguridad, Manuel González Martínez, alias La Mojarra, quien sólo enfrentará procesos por delincuencia organizada y portación ilegal de arma de fuego.