En marcha, programas de esterilización y ecoturismo en la selva Lacandona
EU, organismos mundiales y trasnacionales quieren limpiar de indígenas Montes Azules
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
Norte de la Selva Lacandona, Chis. 24 de marzo. Nunca habían sido tan evidentes como ahora el interés y las acciones del gobierno estadunidense, grandes empresas trasnacionales y algunos organismos mundiales (que van de la ONU a Conservation International y pasan por todos los niveles del gobierno federal... mexicano) en la selva Lacandona y en Montes Azules. Proyectos ambientalistas, de bioprospección, ecoturismo y control natal (eventualmente, esterilización de mujeres indígenas) van como punta de lanza de un proyecto estratégico y militar de largo alcance. Según autoridades mexicanas, un asunto de "seguridad internacional", un problema grave de "ingobernabilidad", una "operación de guerra".
Según cálculos del gobierno de Chiapas, aproximadamente la mitad de estas comunidades son bases de apoyo del EZLN. Otro tanto pertenece a la ARIC Independiente, dos más al PRI y una a la CIOAC. Esto da una dimensión política aún más vasta a la cuestión. Durante los años recientes, diversos organismos independientes han señalado como "coartada" militar y geoestratégica la preocupación ambientalista de los gobiernos de México y Estados Unidos en la selva Lacandona.
El Colectivo de Información y Análisis de la Región Selva, organismo de observación independiente en la región, divulgó dos amplios documentos que reseñan los hechos recientes en la zona y denuncian el inminente desalojo de decenas de comunidades indígenas en Montes Azules y su entorno. Dichos documentos analizan los "ejes estratégicos regionales de la ocupación-entrega del macizo montañoso central húmedo" de Chiapas y los escenarios de "desalojo-reubicación-reconcentración" de las comunidades. Buena parte de esta información ya era pública, y en los casos que no es así coincide con otras fuentes consultadas por La Jornada.
Una madeja de muchos hilos en cuyo corazón se agazapan intereses estratégicos y comerciales que ponen en riesgo la soberanía nacional y crean zozobra en las comunidades indígenas, las cuales están en peligro de ser atacadas y desalojadas con violencia. Eso sí, legal.
Hasta los patios de la Nueva Palestina
Si la punta de la madeja no está en las demandas presentadas por los representantes lacandones el pasado 12 de septiembre, entonces Ƒdónde podrá estar? Con esa fecha, empleando datos y fotografías aéreas proporcionadas por Conservation International-México y la agencia del gobierno estadunidense USAID, los lacandones exigieron al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía el desalojo, mediante el Ejército, de todos los asentamientos y desmontes de Montes Azules, aunque por lo pronto, dijeron, verían como gesto de buena voluntad el retiro de los poblados en la zona de las lagunas (Suspiro, Ojos Azules y Ocotal), al noroeste de la reserva de la biosfera.
Precisamente ahí, Conservation International (CI) sostiene grupos de trabajo y un interés extraordinario en las lagunas. Las fotos que mostraron los lacandones fueron tomadas por la cámara fija digital del avión que la agencia internacional mantiene en la zona. Apenas en abril de 2001, CI había presentado a las ONG amigas, en un hotel de Tuxtla Gutiérrez, el sistema de información geográfico donado por la Usaid, que se basa en imágenes satelitales proporcionadas por la NASA, con un acercamiento de hasta 10 por 10 metros.
El colectivo refiere, en su minuciosa investigación, que CI y Usaid usaron como ejemplo el poblado Nueva Palestina, en la selva Lacandona. Mostraron tomas desde un satélite del patio de una casa indígena, donde se distinguían las macetas y una mujer plenamente identificable. También mostraron la avioneta, con logo de Usaid, y sus rutas para monitorear toda la selva Lacandona (no sólo la reserva de la biosfera). Por último dijeron estar ya realizando un vuelo cada semana sobre la zona.
Conservation International había exigido a los gobiernos de Zedillo y Albores, en mayo de 2000, que usaran todos los medios necesarios para el desalojo inmediato de esas poblaciones. Pero fue hasta finales de septiembre de 2001 cuando un primer grupo de estadunidenses, en vehículos con remolques, se atrevió a ingresar a las lagunas. Los investigadores dejaron la zona en las primeras semanas de enero de 1994, y desde 1995 el Ejército mantiene un campamento cerca de El Suspiro, que "resguarda" las actividades de los investigadores, refiere el colectivo.
El retorno del estadunidense impasible
En octubre, mientras el presidente Fox visitaba Nueva York y se entrevistaba con George W. Bush, una delegación de diplomáticos estadunidenses viajaba de la ciudad de México a Montes Azules. Se trataba del agregado militar, el encargado de asuntos económicos y comerciales y el encargado de asuntos políticos de la embajada de Estados Unidos en México.
Se entrevistaron con Ignacio March, director en México de CI, y después de visitar la selva hablaron con los médicos tradicionales de los Altos, miembros de Compitch (organización independiente que, por cierto, acaba de detener un proyecto estadunidense de bioprospección en sus comunidades). Los de Compich oyeron decir al agregado comercial de Washington en nuestro país: "Vengo en nombre de mi gobierno y de nuestras empresas. Queremos hacer bioprospección en la selva Lacandona, pero también nos interesa hacerlo en todo Chiapas y en todo el mundo. Nuestro interés es, básicamente, comercial y estratégico". Ese mismo día, oh ironías, Vicente Fox se reunió con Bush en Manhattan.
La delegación estadunidense volvió a Chiapas en noviembre y se reunió con las autoridades estatales y federales. Refiere el colectivo que fueron reuniones exhaustivas, y los diplomáticos desplegaron un "insistente cuestionario sobre la selva y las actividades del EZLN". Y con esa tacto de elefante que luego tienen los chicos de Washington, exploraron la posibilidad de un gobierno militar, no dijeron si interino o qué, de Salazar Mendiguchía.
A fines de noviembre, Los Angeles Times y The Houston Chronicle publicaron suplementos especiales sobre Montes Azules. Mostraron fotografías de bosques en llamas. Asumieron que ese es un asunto de "seguridad regional". En diciembre, el ex titular de Seguridad Nacional y ahora delegado de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, Adolfo Aguilar Zinser, acompañado por los titulares de la PGR y la Profepa, declaró que en nueve regiones del país hay "verdaderas actividades de terrorismo" ambiental. En breve, anunció, el Estado desplegaría en ellas "toda su fuerza a escala militar", pues se trata de "una operación de guerra".
El sitio donde de manera prioritaria se resolvería la "ingobernabilidad" fue revelado días después por el titular de la Profepa (ombudsman ambiental designado por el Ejecutivo): Montes Azules. También a fin de año, la Semarnat anunció que en 2002 se haría el sellamiento de la frontera con Guatemala (que rodea el norte de la selva Lacandona), y la Sedena instaló en Taniperla (al otro lado de Montes Azules) un nuevo puesto de control militar.
Así, la tarde del 9 de enero de este año, un centenar de soldados condujeron, a través de la laguna, a dos agentes del Ministerio Público de Ocosingo hasta la comunidad zapatista de Laguna El Suspiro. Ingresaron al poblado y en nombre del gobierno ofrecieron dinero a las mujeres que se encontraban ahí "para que se vayan de aquí". Prometieron pagarles el maíz y las naranjas que los soldados les han "expropiado" desde hace cinco años. "Acepten la paga, si no, pues nos vamos a tener que ver por aquí muy pronto."
Esa fue, en 2002, la "primera" notificación de desalojo a una comunidad. Desde entonces se han multiplicado los sobrevuelos militares sobre las comunidades dentro de Montes Azules y en los municipios autónomos de las cañadas de la selva Lacandona. En algunos casos han llegado funcionarios de la Semarnat y la Profepa. El pasado 21 de febrero cinco emisarios de la Profepa fueron retenidos en Santa Elena, por centenares de campesinos de la Unión de Uniones de Agua Azul, cuando se dirigían a Nuevo Guadalupe Tepeyac. Los indígenas exigían negociación y rechazaban el desalojo.
Días después el municipio autónomo Ricardo Flores Magón denunció las amenazas de desalojo militar que venían sufriendo las comunidades del noroeste de la reserva de la biosfera y de la selva Lacandona. Las autoridades independientes afirmaron que los indígenas defenderán sus tierras.
La ARIC Independiente ha propuesto repetidamente que en vez de ser desalojados sean los propios comuneros de la zona quienes se encarguen del manejo y preservación del bosque, lo cual está determinado en el acuerdo 167 de la OIT, firmado por México, que fue base de los acuerdos de San Andrés en 1996, pero no de la ley indígena aprobada por el Congreso federal el año pasado.
Este mes los hilos de la madeja han seguido su curso. Desde Zapopan, Jalisco, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) anunció la participación de su director general en el Segundo Foro de Naciones Unidas sobre Bosques, que se celebró entre el 12 y el 15 de marzo en Nueva York. Junto con el ex gobernador panista y hoy titular de Conafor, Alberto Cárdenas, participaron en el FNUD representantes de las secretarías de Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Economía.
La Conafor explicó en un boletín que dicho foro tiene como objetivo "promover el manejo, la conservación y el desarrollo sustentable de todo tipo de bosques", así como "reforzar los compromisos políticos adquiridos en la materia". Sin precisar cuáles son dichos compromisos políticos, el comunicado de la Conafor anunciaba que, "al haber sido declarado por el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, el tema forestal un asunto de seguridad nacional, el titular de la Conafor propondrá en este escenario, ante representantes de 188 países de la ONU, que los bosques sean considerados asunto de seguridad internacional".
Mientras la FNUB transcurría en Nueva York, el día 13, la Comisión de Bosques y Selvas del Congreso de Chiapas emitió un dictamen aprobatorio de una iniciativa de ley presentada por el gobernador Salazar Mendiguchía, semanas atrás, que impone severas sanciones a quienes derriben o quemen árboles.
Así, Ƒdónde quedaron las agencias estadunidenses del caso? En febrero, el doctor Ernesto Enckerlin, de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, reconoció que el gobierno recibía presiones de ONG ambientalistas, entre las que está la CI, para desalojar a las comunidades de Montes Azules.
La CI ha insistido en que no se involucra en asuntos agrarios o políticos en el país, aunque "proporcione" fotos a los lacandones para "fundamentar" sus demandas judiciales. La misma ONG, en su proyecto Selva Maya, tiene un programa de población y medio ambiente, cuyo objetivo es contener el "problema de sobrepoblación". En coparticipación con el IMSS y Mexfam, CI realiza talleres de salud reproductiva y género con mujeres de la selva, y ha estado probando diversos métodos anticonceptivos "para ver cuál funciona mejor", según sus funcionarios. Se excluye a las mujeres lacandonas, porque "quedan muy pocas".
