Jorge Carrillo Olea
Cien días, un año después/ II
No puede enfrentarse el grave tema de reformar los servicios de inteligencia como paso insoslayable en la transición hacia la democracia, si no se tiene conciencia plena de los alcances, complejidades y efectos de una decisión de este orden. Optar por soluciones intermedias o tímidas será otra vez jugar con los riesgos de la antidemocracia y la violación del derecho.
Una tarea previa al examen de las organizaciones sería definir qué debe entenderse por inteligencia en términos de la vida práctica de México y cuáles son las auténticas necesidades de inteligencia para nuestro país, así como sus mecanismos de obtención. A priori parecen ser: inteligencia política, inteligencia económica, inteligencia criminal e inteligencia militar. Sobre cada uno de estos puntos habría mucho de qué hablar, ya que los alcances de este propósito nacional van muchísimo más allá que simplemente formar una comisión para averiguar qué pasa en el Cisen.
Esta tarea no resulta de fácil ejecución, puesto que de manera natural en todos los procesos de obtención de información se corren siempre riesgos de rozar el estado de derecho. Este es un riesgo identificado universalmente y también la premisa de la que se debe partir para lograr definir esa tenue frontera entre la inmovilidad e ineficiencia de los servicios por exceso de normatividad y la tendencia a la clandestinidad en su acción por ausencia de fiscalización. Esta tarea demanda de sus actores criterio jurídico, juicio político y conocimiento de la profesión, no fáciles de conjuntar.
Definida la materia o función primaria, es decir, las necesidades de inteligencia del Estado y sus mecanismos de obtención, debe aclararse sin lugar a equivocación cuántas y cuáles son las organizaciones involucradas en la búsqueda de información, que es el siguiente requisito. Debe verse desde una doble perspectiva: las organizaciones que existen legalmente, Ƒoperan en el marco de la ley?, Ƒexisten organizaciones no concebidas por las leyes de la administración pública?
Aquí es donde los intereses chocan, ya que ninguna institución del Estado, en principio, está dispuesta a abrir su juego. Se requeriría para lograrlo autoridad formal y moral, así como un conocimiento técnico y jurídico de ese espeso ambiente.
Entendiendo que las organizaciones de inteligencia pueden y deben ser definidas y reguladas con una combinación de ordenamientos públicos o abiertos, clasificados o confidenciales, debe tenerse en cuenta que para una efectiva fiscalización no bastan sólo las leyes, sino que debe promoverse toda una cultura de rendición de cuentas mediante formas efectivas de participación de entidades sociales independientes.
Un punto esencial en la reforma necesaria es dejar de percibir que todos los actores o acciones que constituyen un punto en la agenda de riesgos nacionales sean necesariamente definidos como la posibilidad de un delito o un acto de guerra. En México, y por lo menos en la inmensa mayoría de los países en vías de desarrollo, muchos riesgos nacionales proceden de modelos de crecimiento que no han logrado alcanzar con suficiencia los objetivos de la justicia social. Es decir, la dinámica social es la que, sin proyectarse mediante actos delictivos y menos de guerra, está demandando por parte del Estado una atención puntual, eficiente y generosa.
La seguridad nacional ha perdido, por lo menos para México, su connotación de logro alcanzable sólo por la vía de la aplicación del derecho o por la acción militar, aunque siguen presentes, como sujetos de ese enfoque: el terrorismo, el tráfico de armas, el narcotráfico, el crimen común organizado, la destrucción ambiental, la disputa por los energéticos, la imposición de modelos económicos inviables, las crecientes corrientes migratorias, los procesos irracionales de globalización, la hegemonía universal estadunidense, el tráfico de armas, etcétera.
Todo lo anterior permite concluir cuál es el telón de fondo, no en el caso del Cisen, sino de toda la estructura de inteligencia en la que se ven involucrados -si uno realmente quiere cambiar la actual situación y proyectar el futuro de mediano plazo- los tres poderes del gobierno federal y ampliamente la sociedad, como elementos encargados de velar por el cumplimiento de la legalidad.
En México, como el Estado democrático que deseamos ser, las estructuras de inteligencia deben estar sometidas a una serie de controles que se ejerzan con las modalidades propias de quien los practica, desde su respectivo marco de competencia.
La fiscalización por el Poder Legislativo se materializa mediante la creación de una comisión mixta de inteligencia ante quien comparezca el titular del gabinete de Seguridad Nacional, al que hay que darle personalidad jurídica, y en su caso, el director de Cisen como secretario técnico del propio gabinete. La aprobación y vigilancia del ejercicio del presupuesto abierto y reservado de las estructuras de inteligencia debe también ser facultad del Poder Legislativo.
La fiscalización por el Poder Ejecutivo se concreta con la facultad por la designación y remoción del jefe del gabinete de Seguridad Nacional y del director del Cisen. Es también el Ejecutivo quien define las directivas para aplicar los esfuerzos de inteligencia en el desarrollo de las tareas de todas las estructuras especializadas.
La fiscalización por el Poder Judicial se ejerce por la sumisión de todos los integrantes de las estructuras de inteligencia ante los jueces y tribunales civiles por responsabilidades vinculadas a la Ley de Seguridad Nacional.
La fiscalización social se ejerce por la vigilancia a que se someten las estructuras de inteligencia a las diferentes organizaciones independientes del gobierno, mediante los mecanismos que la ley fije.
Del fondo de toda esta larga discusión surge una elemental necesidad: promulgar una Ley de Seguridad Nacional que recoja el universo entero de acciones y actores de esta compleja realidad de cualquier Estado democrático. Pero se han perdido cien días... y un año también.
