Los primeros pasos para el "desmantelamiento"

A 64 años de la expropiación petrolera, los primeros pasos para el desmantelamiento de la primera industria del país y la quinta a nivel mundial se han dado con el despido de unos 2 mil trabajadores profesionales y la suscripción de contratos de servicios múltiples para "atraer inversión, recursos, prácticas y tecnologías privadas que complementen la actividad de Petróleos Mexicanos y permitan atender el déficit que presenta".

La Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera denunció que el 24 de octubre pasado la directiva de la paraestatal dio a conocer un documento donde establece la necesidad de ejecutar un esquema que sea factible políticamente, se mantenga en el ámbito del Poder Ejecutivo federal y no requiera cambios institucionales o legales.

Además, de minimizar la necesidad de cambios reglamentarios para que la iniciativa privada participe en análisis de actividades sísmicas, modelos geológicos, ingeniería de yacimientos, ingeniería de producción, planes de desarrollo, perforación, diseño y construcción e instalaciones, gestión de permisos -que siempre ha tenido el gobierno federal y estatal-, estudios ambientales, mantenimiento de instalaciones y pozos, operación de campos y plantas de tratamiento.

A cambio, la paraestatal le otorgaría 50 por ciento de las ganancias obtenidas en la producción y explotación petrolera y "echaría a la basura a los profesionistas de Pemex y contrataría a algunos por conducto de empresas ajenas, es decir, no vamos a trabajar en la paraestatal, pero sí para ella", dijeron algunos de los integrantes de la agrupación.

Explicaron que la situación está sustentada en los contratos conocidos como llave en mano aplicados en Cadereyta y Cantarell, donde a las empresas subcontratadas se les otorgó toda la responsabilidad e inversión a cambio de entregar las plantas funcionando, lo cual no ha sucedido debido a falta de supervisión y honradez en las mismas.

Los primeros resultados de esta situación se reflejan en un incremento de los montos de inversión estimados entre mil 600 y 2 mil 300 millones de dólares, pese a irregularidades, atrasos de obras y programas, con una auditoría que en el caso de Cadereyta empezó desde el incicio la obra, cuando éstas se hacen al concluirla, y una demanda de la empresa en cuestión en los tribunales internacionales de La Haya por 500 millones de dólares.

"La empresa Sun Young, por ejemplo, que sólo tiene en Nueva York una oficina, una secretaria y un teléfono, y no se duda pueda lavar dinero nacional, no puede administrar Pemex cuando requiere de los petroleros y su experiencia para salir adelante, así como respetar el término de soberanía nacional, que tanto molesta a los neoliberales", dijeron los miembros de la UNTCIP al advertir que harán lo que esté en sus manos para evitar el desmantelamiento de esta industria. LAURA GOMEZ FLORES