| Introducción La
mayor parte de la población del mundo reside en los
países subdesarrollados; asimismo, en éstos vive el
mayor número de pobres.
Un estudio publicado en la revista Finanzas y Desarrollo,
editada por el FMI, señala que el 83 por ciento del
ingreso generado en el mundo es acaparado por el 20 por
ciento de la población, mientras que el 80 por ciento
restante (4 mil 800 millones de personas) ha de
conformarse con el 17 por ciento del ingreso total; aun
más, el 40 por ciento más pobre de la población del
planeta, habitantes en su mayoría de çfrica, el Oriente
Medio, Asia central, parte de Asia oriental y de la
antigua Unión Soviética, sobrevive apenas con el 3.3
por ciento de ingreso mundial.
En América Latina las cosas no son mejores. Aquí, el 20
por ciento de la población más rica concentra el 60 por
ciento del ingreso, mientras que el restante 80 por
ciento dispone apenas del 40 por ciento, pero lo peor es
que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
la economía de nuestro subcontinente no crecerá este
año, lo cual agravará la situación de pobreza en que
viven millones de sus habitantes.
En México, un reducido grupo de apenas 163 mil 701
inversionistas, que representa el 0.16 por ciento de la
población total del país, dispone de inversiones en la
Bolsa Mexicana de Valores por un billón 190 mil 231
millones de pesos, monto que representa el 20 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB). (La Jornada, 6/02/02:
22). Por su parte, según puede verse en el cuadro 1,
mientras en 1984 el 40 por ciento más pobre de los
hogares mexicanos obtenía el 14 por ciento del ingreso
nacional, para el 2000 ese porcentaje se redujo a 12 por
ciento; en cambio, el 10 por ciento de los hogares más
ricos obtenía, en el primero de los años mencionados,
33 por ciento del ingreso nacional en tanto que para 2000
concentraba ya el 39 por ciento.
Por los riesgos sociales que esta situación puede traer
consigo para los dueños del capital y sus planes de
expansión global, en 1997 la Asamblea General de
Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó
"abordar los asuntos sistémicos a nivel nacional e
internacional, relacionados con el financiamiento para el
desarrollo de manera holística, en el contexto de la
globalización y de la interdependencia". De esta
manera, después de cuatro años de reuniones
preparatorias, encuentros del comité organizador con
funcionarios del FMI, el Banco Mundial, el BID y la
Organización Mundial de Comercio, además de cinco
reuniones regionales, se llevará a cabo entre el 18 y el
22 de marzo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la
"Conferencia Internacional para el Financiamiento
del Desarrollo", a la que se tiene previsto asistan
más de 50 jefes de Estado y alrededor de 189
delegaciones de los países miembros de la ONU.
El formato de la conferencia tiene tres segmentos: uno,
el oficial de alto nivel; otro ministerial (donde
participan secretarios de Hacienda y de Relaciones
Exteriores), desde la tarde del lunes hasta el miércoles
20 por la tarde; y uno más de jefes de Estado y de
gobierno, que se reunirán el jueves 21 y el viernes 22.
Los organizadores definieron una agenda de seis temas a
tratar en la conferencia:
I. Movilización de recursos financieros nacionales para
el desarrollo.
II. Movilización de recursos internacionales para el
desarrollo: inversión extranjera directa y otros flujos
privados.
III. Financiamiento sostenible de la deuda y alivio de la
deuda externa.
IV. El comercio internacional como promotor del
desarrollo.
V. Aumento de la cooperación financiera internacional
para el desarrollo.
VI. Tratamiento de cuestiones sistémicas: fenómenos de
la coherencia y la coordinación de los sistemas
monetario, financiero y comercial internacionales en
apoyo al desarrollo.
Las siguientes líneas tienen el propósito de conocer la
medida en que las expectativas generadas por la
Conferencia, pueden cumplirse.
La historia del consenso
Las propuestas centrales de la reunión se encuentran
en un documento titulado "consenso de
Monterrey". Inicialmente, este documento se abrió a
todos los países, e incluso se dice que en su
elaboración participaron distintas organizaciones no
gubernamentales (ONG), empresarios y distintos
integrantes de la "sociedad civil", sobre todo
de las naciones del Tercer Mundo y Europa que no
coinciden con el rumbo actual de la globalización.
Todavía durante la cuarta reunión preparatoria para la
conferencia de Monterrey, que se llevó a cabo en Nueva
York entre el 14 y el 25 de enero del 2001, se discutió
una versión preliminar del Consenso donde las ONG y
representantes de los "países del sur"
lograron incluir algunas propuestas. Sin embargo, ese
mismo año las cosas cambiarían dramática e
inesperadamente.
Los atentados terroristas del 11 de septiembre se
convirtieron en el punto de inflexión de la historia del
mundo. George Bush de inmediato inició "una guerra
contra el terrorismo", que tiene a la humanidad en
vilo ya que una vez arrasado Afganistán el presidente
determinó la existencia de un "eje del mal",
integrado por Irán, Irak y Corea del Norte, puestos
ahora en la mira del terrorismo de Estado. Las acciones
bélicas norteamericanas, junto con la manera como
Estados Unidos sometió a todos sus aliados en apoyo a su
estrategia, terminaron por imponer su hegemonía militar.
Pero faltaba la hegemonía política y económica, alguna
vez disputada por Japón y Europa, que ahora se pretende
imponer con el Consenso de Monterrey a favor de los
intereses norteamericanos.
En estas nuevas condiciones, la versión original del
consenso dejó de ser funcional a los fines de hegemonía
de Norteamérica. En consecuencia, sus representantes,
con algunos de sus principales socios, se reunieron a
puerta cerrada y en tres días (entre el 25 y el 28 de
enero de 2002), elaboraron el proyecto final de la
reunión de Monterrey que empezó a circular el día 30
de enero. En este documento quedan ya claramente
establecidas las líneas fundamentales para la
movilización, la determinación de los montos, las
condiciones y el destino de los recursos financieros que
desde el punto de vista de los intereses de Estados
Unidos los países desarrollados habrán de proporcionar
a las naciones en "vías de desarrollo", sin
incluir por cierto los puntos de vista de estas en los
programas de ajuste económico que las afectan.
Para Estados Unidos, que demandó y logró eliminar todas
las aportaciones al documento hechas por las ONG y los
países del sur como condición necesaria para asistir a
la conferencia de Monterrey, el texto del consenso no
puede modificarse pues "no es una declaración sino
un consenso", es decir, todo está escrito ya y
aprobado por la voluntad del Imperio.
Lo que se espera de la reunión
A pesar de las opiniones de Vicente Fox y Jorge
Castañeda ("No habrá confrontaciones en la
cumbre"), en la conferencia nuevamente se
confrontarán los criterios de los países ricos con los
de las naciones empobrecidas por aquéllos.
Estados Unidos, a nombre y representación de los países
metropolitanos que se apropian de la mayor parte de la
riqueza producida en el mundo, sostiene que los recursos
para impulsar el desarrollo han sido mal aplicados por
los gobiernos de los países dependientes, y propone la
eliminación de todas las trabas -incluso las referidas a
la soberanía nacional- que impiden a los dueños del
capital transnacional un mayor control del destino de los
recursos y de las políticas que siguen los gobiernos de
los países bajo su hegemonía. En consecuencia, se
sugiere la necesidad de intervenir en las decisiones de
los gobiernos receptores de los recursos, así como en la
determinación de su uso y, en general, en la
orientación del desarrollo. Así, el secretario del
Tesoro de Estados Unidos, Paul OÕNeill, afirmó
"que no tenía sentido facilitar créditos a los
países pobres para combatir el Sida y otras
enfermedades, porque nunca podrán pagar el dinero
prestado", y concluyó: "Necesitamos mostrar
que los recursos son bien gastados, que la asistencia
internacional es efectiva." (La Jornada, 21/02/02:
22).
En todo caso, más que ayuda que los países receptores
puedan utilizar de acuerdo con sus propios fines y
necesidades, los norteamericanos se inclinan por
incrementar la inversión directa, en el marco de lo que
José María Aznar, jefe del gobierno español, llamó
"la solidaridad privada en la financiación del
desarrollo", en otras palabras, el sometimiento del
desarrollo de nuestros pueblos al lucro más desmedido y
en beneficio de los grandes monopolios transnacionales.
Los gobiernos de las naciones empobrecidas, en cambio,
señalan la mezquindad de las los países metropolitanos
que desde hace tiempo acordaron destinar el 0.7 por
ciento de su PIB a financiar el desarrollo de países
que, incluso, alguna vez formaron parte de su imperio
colonial. Sin embargo, el propósito no se ha cumplido
jamás ni por la parte de los europeos y, mucho menos,
por la de Estados Unidos. En efecto, mientras los 15
países de la Unión Europea (UE) aportan un promedio el
0.33 por ciento de su PIB (en la reciente cumbre de jefes
de Estado y de gobierno de la UE, celebrada en Barcelona
el 14 y 15 de marzo, se acordó que la contribución se
eleve a 0.39 por ciento, es decir, 0.06 por ciento),
Estados Unidos apenas si destina el 0.1 por ciento de su
PIB al financiamiento del desarrollo de las naciones del
"Tercer Mundo" y ha reiterado su negativa a
cumplir con una mayor aportación, y menos para aquellas
cuestiones que no eleven la capacidad de compra y de pago
de los países dependientes.
Aún más, si en 2001 la ayuda oficial al desarrollo
fue de 38 mil millones de dólares y se pretende elevarla
a 50 mil millones de dólares en el 2002; para el año
fiscal 2003, que se inicia en agosto, George Bush ha
solicitado al Congreso un presupuesto de aproximadamente
400 mil millones de dólares para fines bélicos y de
defensa, lo que significa que cada día Estados Unidos
gastará más de mil millones de dólares con esos
propósitos. En términos comparativos, tan sólo el
presupuesto militar estadunidense de 100 días sería
suficiente para reunir los recursos que el Banco Mundial
considera necesario invertir este año en el programa que
para el 2015 se propone abatir a la mitad el número de
personas que actualmente sobreviven en la pobreza en todo
el planeta. (Ver cuadro 2).
¿Renunciarán los norteamericanos a sus pretensiones de
hegemonía bélica por ayudar a los países que ellos
mismos han empobrecido? ¿Los necesita prósperos, o al
menos sin hambre?
La propuesta del consenso
Las propuestas contenidas en el consenso de Monterrey
parten de lo que se conoce como la "ley del
desarrollo parejo", según la cual todas las
economías se benefician de una mayor integración de los
mercados internacionales, y las economías con escaso
capital y costos más bajos (países en vías de
desarrollo) tienen posibilidades de beneficiarse más de
una mayor integración que las economías con abundancia
de capital y costos más elevados (los países
desarrollados). En consecuencia, a los países en
desarrollo que desean alcanzar los niveles de vida de los
países desarrollados se les pide integrarse más en los
mercados internacionales mediante la eliminación de
aranceles y de toda restricción al flujo de mercancías
y capitales externos, la concesión de mayores beneficios
a la inversión extranjera directa, la entrega del
sistema financiero al capital extranjero, la
privatización de todo lo privatizable en beneficio de la
acumulación privada, apertura del sector energético al
capital privado foráneo y muchas etcéteras más. Por
supuesto, se sugiere también dejar que las decisiones de
los agentes económicos que actúan en el mercado libre
determinen la composición, orientación y magnitud de la
actividad económica que se lleva a cabo en el territorio
nacional.
En todo caso, a países como el nuestro se les demanda
aplicar la estrategia que ha mostrado reiteradamente ser
la causante de, por lo menos, tres graves cuestiones:
inestabilidad económica acompañada de bajas tasas de
crecimiento; aumento social y regional de la pobreza,
así como la pérdida de independencia y soberanía para
diseñar y llevar a cabo una política económica a favor
de los sectores populares, es decir, los saldos del
neoliberalismo impuesto a nuestros países por los
gobiernos y organizaciones que hoy se reúnen en
Monterrey.
Uno de los problemas más acuciantes para nuestros
pueblos es la deuda externa. Lo lamentable es que, por
ejemplo, el presidente Fox diga que "el problema de
la deuda en México ya no es un asunto relevante o
prioritario", cuando en el primer año de su
gobierno se transfirieron al exterior 29 mil 263 millones
de dólares para atender las amortizaciones y el pago de
intereses de la deuda pública externa, en otras
palabras, en el 2001 por cada dólar que entró al país
por concepto de inversión extranjera directa salieron de
las arcas del gobierno mexicano 2.16 dólares para
atender los compromisos de ocasionados por la deuda
exterior.
Pero la posición del presidente mexicano revela que en
la conferencia de Monterrey el problema de la deuda no
será abordado desde el punto de vista de los deudores,
sino de los acreedores, es decir, se planteará las
medidas necesarias para evitar la insolvencia de los
países que tienen deuda con el exterior y asegurar el
cumplimiento de los pagos al capital transnacional. Por
supuesto, la demanda de cancelar la deuda externa
quedará en eso: una demanda escuchada pero no tomada en
cuenta "por inviable".
Conclusión
Los criterios anteriores, compartidos por todos los
gobiernos metropolitanos y la burocracia financiera
internacional, seguramente serán los que se impongan en
la conferencia de Monterrey y, aun más, con toda
seguridad se establecerá que el acceso a los recursos
para el desarrollo estará condicionado a sostener la
estrategia económica que ha provocado una mayor pobreza
y profundizado la dependencia de nuestros países.
En cambio, sin duda alguna, se soslayará el diseño de
estrategias que procuren el desarrollo independiente y
soberano de nuestras naciones.
Pero en realidad, no se puede pensar que la construcción
de las alternativas al modelo neoliberal dominante pase
por conferencias oficiales organizadas por quienes han
puesto el mundo -incluso al desarrollo- al servicio de
sus intereses.
Los pueblos marchan por otros caminos y sus
organizaciones han empezado a pasar del mero rechazo a la
globalización neoliberal a la elaboración de propuestas
que constituyan un modelo alternativo, social y
económicamente viable, identificado como un nuevo
socialismo democrático que, por cierto, desde el Foro
Social Mundial celebrado Porto Alegre, Brasil, ha dejado
de ocultar su nombre en la retórica de la tercera vía,
o el "rostro humano del capitalismo".
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