Gobierno y Ejército pretenden desintegrar a la Policía Comunitaria de Guerrero

La Policía Comunitaria, que desde octubre de 1995 es responsable de la seguridad pública en comunidades de las regiones Costa y Montaña de Guerrero, es uno de los esfuerzos autonómicos más importantes del movimiento indígena mexicano.

Creada por la voluntad independiente de las comunidades mixtecas y tlapanecas, sin financiamiento gubernamental o externo y con la fuerza que da el haber reducido de manera drástica los índices delictivos de esta zona caracterizada por la violencia, esta policía adquirió un prestigio especial entre las organizaciones participantes en el Congreso Nacional Indígena. También ha ganado un espacio en la opinión pública nacional, como se puede constatar en la cobertura que el pasado octubre alcanzó la celebración de su sexto aniversario en medios que usualmente no dedican espacios a asuntos indígenas.

Pese a sus logros, el gobierno de Guerrero y el ejército mexicano exigen que la Policía Comunitaria entrege las armas, se asimile a las policías municipales y estatales y amenazan con ejecutar las órdenes de aprehensión libradas en su contra. La propuesta es calificada por las autoridades indígenas, como un ultimátum. No exageran.

El 26 de febrero la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), como se ha llamado al colegio de comisariados que actúan como autoridad civil para regular la acción de la Policía Comunitaria, acudió a una reunión citada por el gobierno. A la reunión asistió el gabinete de seguridad pública, el magistrado del poder judicial, Julio Lorenzo Jáuregui y las máximas autoridades militares de la zona.

El tono de la reunión lo dieron los militares que ostensiblemente grababan en video las intervenciones de los comisarios. Y el magistrado Lorenzo Jáuregui, que hizo un análisis del artículo 4º constitucional, (por cierto, ya derogado) y concluyó que la Policía Comunitaria "está fuera de la ley" ya que, según este magistrado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se basan los indígenas para argumentar su sistema de seguridad pública, "es inaplicable al sistema mexicano" (El Sur, 26 de febrero). Ignorancia y autoritarismo unidos contra el mismo enemigo.

Los comisarios asistieron a la reunión esperanzados de llegar a un acuerdo ya que se habían incrementado las hostilidades hacia la Policía Comunitaria. Apenas diez días antes una movilización relámpago, con gente de veinte comunidades, había impedido que la policía judicial arrestara a cinco excomisariados durante la entrega del cargo a nuevas autoridades.

En la reunión de Chilpancingo, los representantes de la Policía Comunitaria declararon que eran meros enviados y que no podían tomar una decisión, por lo que se abrió un espacio de consulta en las comunidades de la Costa-Montaña, cuyos resultados se presentarán ante el gobierno el 26 de marzo.

Entrevistado al cierre de Ojarasca, Abel Barrera, presidente del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan y asesor de la Policía Comunitaria, declaró:
 

El 10 de marzo hubo una asamblea en la comunidad de Potrerillo Cuapinoles. Los tlapanecos y mixtecos decidieron mantener su policía ya que forma parte de su vida como pueblos indígenas. Declararon que no quieren confrontarse, ni con la policía estatal, ni con el Ejército. Están dispuestos a que las armas que tienen para la defensa de sus comunidades queden guardadas para evitar cualquier confrontación. Como miembros del Ejército siguen en las comunidades en las que actúa Policía Comunitaria, dejarán las armas en la Comisaría hasta que no se llegue a un acuerdo con el gobierno.

Se propuso interponer controversias constitucionales contra la Ley de Seguridad Pública que se aprobó en Guerrero, que ni fue consultada con los pueblos indígenas, ni se elaboró tomando en cuenta a la Policía Comunitaria. Decidieron apoyar a los presidentes de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú para que promuevan esta controversia.

Se está llamando a un Foro para el 21 de marzo en San Luis Acatlán, para definir la postura frente al gobierno. Por ahora, sigue en marcha la consulta y la mayoría de las comunidades están reivindicando la Policía Comunitaria.

Estas hostilidades emprendidas por el Ejército y el gobierno guerrerense se dan en un momento de expansión y consolidación de la Policía Comunitaria. Desde su sexto aniversario, comunidades de Marquelia y otros municipios de la Costa Chica habían pedido su inclusión en esta fuerza policiaca.

A lo largo de su desarrollo ha perdido fuerza el argumento de que se trata de un proyecto vinculado a movimientos guerrilleros. El documento Cuando la justicia se hace pueblo: breve historia de la Policía Comunitaria, editado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, señala: "Las sospechas se diluyeron al ver que las reuniones eran y son en las comisarías y en corredores públicos; nunca hubo, ni ha habido clandestinidad. La Policía Comunitaria comenzó con armas propias, compradas por el pueblo".

Paso trascendental para la Policía Comunitaria fue decidir ya no entregar a los detenidos al Ministerio Público ("más rápido de lo que los entregábamos, los liberaban" afirma Cirino Plácido), sino juzgarlos basándose en el no completamente olvidado sistema normativo tradicional. Así las resume un policía comunitario, cuyo testimonio recoge Cuando la justicia se hace pueblo:
 

Si alguien robó un objeto deberá devolver otro igual y además cumplir ciertas tareas para la comunidad. Lo que se busca en las comunidades es restaurar una relación que se afectó cuando alguien abusó de los derechos de otro... nosotros decimos sanción-reeducación. Nadie debe estar dentro de la cárcel sin hacer nada. De noche en cárcel, de día haciendo faenas.

Otro testimonio reseña de qué se está tomando distancia:
 

Se discutió mucho ese asunto de cómo la ley del mestizo, la ley del gobierno actual, es castigo. Porque detienen, torturan y encierran, corrompen, te obligan a vender tus bienes. La casa tienes que vender para pagar al abogado. Te explotan, te chupan, entonces no corrigen: destruyen. Esa justicia es destructiva, no reeduca; entonces por qué comparar con aquella. Esta justicia es corregir, reeducar: enderezar no destruir.

Errores los ha habido y la Policía Comunitaria los reconoce ("todo aquél que camina tiende a tropezarse" dice Cirino Plácido), pero no es debido a ellos que Ejército y gobierno iniciaron la más reciente oleada de hostigamientos. Parece más bien que se debe a sus logros: la Policía Comunitaria forma parte de un amplio movimiento social e indígena que además de seguridad ha luchado exitosamente por escuelas y caminos, por proyectos productivos y municipios democráticos, independientemente del partido que los gobierne (en la policía hay municipios gobernados por el pri). Fue este movimiento el que aportó los mayores contingentes en la toma del Congreso local el pasado 12 de junio y que logró el rechazo de la Ley Bartlett-Cevallos-Ortega.

Los militares guerrerenses y el gobierno no gozan de unanimidad en la realización de su campaña de agresiones. Los presidentes de los principales partidos parecen más dispuestos a la negociación que a la fueza: el priísta, Juan José Castro Justo, dijo "sin lugar a dudas que la Policía Comunitaria ha contribuido a fortalecer la seguridad pública en las comunidades indígenas, pero debe someterse a la legalidad"; el perredista, René Lobato Ramírez afirmó: "A diferencia de los cuerpos policiacos del gobierno estatal, la Policía Comunitaria está integrada por personas honorables avaladas por la población y no está infiltrada por narcotraficantes ni delincuentes comunes quienes generalmente se refugian como policías"; incluso el panista, Marcos Efrén Parra, señala: "El permiso a las comunidades para portar armas es para resguardar la seguridad pública en esos pueblos, en el caso específico de los policías comunitarios que hayan cometido alguna violación a los derechos humanos deben ser castigados, sancionados".

¿Funcionará el ultimátum? La moneda está en el aire. Sin embargo, pensemos por esta vez (aunque se nos han brindado muchas pruebas en contra), que los partidos manifiestan sectores de la opinión pública: el pacto de militares y funcionarios estatales va en contra de algo que la gente ve como algo útil, incluso admirable. Además es un pacto que promete violencia.
 
 
 

Hipopótamo y su domadora, Great Rayman Circus, Madras, India 1989

 
 
 
 

Controversias constitucionales

Agotando la vía legal
 

Autoridades comunales y municipales de diversos pueblos indígenas se dieron cita en la ciudad de Oaxaca, el pasado 23 y 24 de febrero, para celebrar un Encuentro Nacional de Autoridades Indígenas. En el pronunciamiento que emitieron afirman que en el actual camino de lucha hacia el reconocimiento constitucional de los derechos pueblos indios, el movimiento indígena se encuentra en "la tercera parada".

Los reunidos consideran que la primera parada de este ciclo fue ante el poder ejecutivo, cuando en 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés, que a la fecha no se han cumplido; la segunda fue hace un año con la Marcha por la Dignidad Indígena "con el objetivo de exigir al poder legislativo el reconocimiento de nuestros derechos [...] pero no se escuchó y atendió nuestra palabra", y ahora, en la tercera parada, "haciendo uso de los mismos mecanismos que establece la legislación para impugnar la reforma constitucional" se interpusieron controversias constitucionales y amparos así como reclamaciones ante la Organización Internacional del Trabajo.

Acusaron al presidente Vicente Fox de incumplir su palabra al retirar su apoyo a la iniciativa de reforma constitucional propuesta por la Cocopa y a los legisladores que aprobaron la actual reforma de cerrar "su oído y pensamiento a las demandas indígenas" y concluyen: "Ahora sólo esperamos que el poder judicial cumpla un papel histórico declarando la invalidez de esta reforma" y le exigen que "actúe con independencia, sensibilidad, responsabilidad y objetividad para corregir los errores históricos y de procedimiento del poder ejecutivo y legislativo". Además solicitan al senado de la República que detenga la supuesta consulta que ha iniciado para reformar ordenamientos federales acordes con la reciente reforma constitucional.

Lo que pone de manifiesto esta "tercera parada" es la voluntad de los indígenas por buscar hasta en el último rincón de las normas federales los instrumentos para la defensa de sus derechos. Los mismos indígenas que fueron acusados de negar la soberanía y normas nacionales, han recurrido a un procedimiento prácticamente olvidado (sólo existe un antecedente exitoso de controversia constitucional antes de las más de trescientas que interpusieron las autoridades indígenas), llenar toneladas de documentos (lo de "toneladas" no es un recurso del lenguaje, sino un hecho constatable en una balanza) para la defensa de sus derechos "dentro de los mecanismos que establece la legislación". Nadie podrá negar que están "agotando" la vía legal.

En este afán legalista, los indígenas han colocado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el juicio más grande en la historia jurídica mexicana. Por supuesto que no nos limitamos al papeleo involucrado, sino considerando que la decisión de la Corte implica el reconocimiento de un sujeto que existe antes de la formación de nuestro Estado y que ha convocado a una de las polémicas nacionales más importantes, extensas y duraderas del desarrollo reciente de México. Un sujeto que, a pesar de su inexistencia jurídica ha jugado un papel protagónico en nuestra historia. La decisión de la scjn puede abrir la posibilidad a una reconstrucción nacional en un ambiente de paz.

Lo que están pidiendo las autoridades comunales y municipales indígenas desde el Encuentro Nacional de Autoridades Indígenas es que los magistrados de la SCJN midan su decisión frente al tamaño del asunto, que estrenen su independencia y una justicia de oídos abiertos. Las mismas autoridades lo han remarcado al afirmar: "no renuncien a contribuir al proceso de paz"
 

Eugenio Bermejillo