La PGR también abrió un expediente por el presunto asalto a oficina del Cisen
Consignan a líder evangélico y a 38 indígenas por los pasados disturbios en San Cristóbal
La CEDH sostiene que la PGJE "bloquea y entorpece" las indagatorias del caso
JUAN BALBOA CORRESPONSAL
Tuxtla Gutierrez, Chis., 12 de marzo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consignó al líder evangélico Manuel Collazo Gómez, junto con otros 38 indígenas de los Altos de Chiapas, como presunto responsable del incendio, saqueo y disturbios en el mercado José Castillo Tielemans y centros comerciales de San Cristóbal de las Casas.
Los 39 implicados fueron remitidos a la cárcel estatal de Cerro Hueco, ubicada en esta capital, por los presuntos delitos de robo con violencia, daños, lesiones, delito contra servidores públicos, atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad. La PGJE indicó que los arrestos fueron resultado de denuncias que presentaron las empresas Textiles de México, Kimberly-Clark, nueve particulares y funcionarios del gobierno del estado
En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió un expediente por supuesto comercio ilegal de discos compactos, casetes y películas, y por un presunto asalto a las oficinas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como el secuestro de funcionarios públicos.
Fuentes de la PGJE que rehusaron identificarse no descartaron que se abriera a Collazo Gómez, dirigente de la Organización de los Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas y promotor del voto a favor de la candidatura del actual gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, un expediente por los supuestos delitos de homicidio, violación y privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro.
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López Hernández, sostuvo que la PGJE "bloquea y entorpece" las investigaciones que el organismo a su cargo realiza de los violentos hechos ocurridos en el mercado municipal de San Cristóbal.
De acuerdo con López Hernández, en los primeros días de investigación no se permitió a personal de la CEDH entrevistarse con los indígenas presos en Cerro Hueco, y se le impidió tomar fotografías de las lesiones que recibieron los detenidos, anomalías que imputó al Ministerio Público y a elementos de la Agencia Estatal de Investigación.
López Hernández aseveró que no obstante "todos los obstáculos", las investigaciones de la CEDH continúan, y en los próximos días el organismo emitirá una recomendación sobre los sucesos violentos en el mercado José Castillo Tielemans".
En tanto, decenas de personas, principalmente esposas y familiares de los policías municipales de la localidad, marcharon esta noche por las calles de la ciudad para exigir la restitución del director de Protección Ciudadana, Enrique Méndez Rojas, quien ayer fue separado del cargo por el alcalde Enoch Hernández Cruz, por presuntos excesos en la detención de indígenas que participaron en actos vandálicos el jueves pasado.
Los manifestantes partieron del barrio de San Diego hasta el centro de la ciudad, luego fueron recibidos por el alcalde, a quien le demandaron garantías para que a los policías no se les finque responsabilidad penal, "ya que estaban cumpliendo con su deber".
Les prometió que no dejará solos a los agentes, y que en caso de que se les fincara alguna responsabilidad, el municipio les dará asesoría legal. Dijo que ya envió una carta al procurador Rafael Macedo de la Concha para que investigue el caso.
