Se reanuda actividad comercial tras la violencia del jueves
Refuerzan 300 efectivos de la PFP vigilancia en San Cristóbal
Liberan a 23 de 62 indígenas detenidos, todos menores de edad
ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL
San Cristobal de Las Casas, Chis., 9 de marzo. Alrededor de 300 integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP) arribaron a esta ciudad para reforzar las acciones de resguardo en el área del mercado público José Castillo Tiélemans junto con otros 300 agentes de la policía sectorial, luego de los distrubios ocurridos el jueves por la noche en la central de abasto de esta ciudad.
La presencia de los efectivos federales fue solicitada el viernes por el secretario de gobierno de Chiapas, Emilio Zebadúa, al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, quien respondió de inmediato enviando a este grupo de uniformados.
Para coordinar las acciones de la PFP, el procurador de Justicia del estado, Mariano Herrán Salvati, encabezó aquí una reunión con funcionarios estatales y con jefes de la corporación federal con el fin de analizar las acciones a seguir en los próximos días.
Y mientras el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López Hernández, aseveró que "se violaron las garantías de varios de los aprehendidos", la Procuraduría de Justicia del estado liberó hoy a 23 indígenas -menores de edad-, de las 62 personas que detuvo la policía entre el jueves y el viernes, acusados de haber participado en actos vandálicos.
Este día la situación en al área del problema se normalizó y se reanudó la actividad comercial, pero los propietarios de varios establecimientos se quejaron de la poca afluencia de clientes, debido al temor que tienen de desplazarse hacia ese lugar.
Simultáneamente, diversos sectores de la sociedad sancristobalense pidieron al presidente Vicente Fox Quesada "apoyo inmediato de su gobierno para la estricta observancia del estado de derecho, restableciendo la confianza entre la ciudadanía, después de tan lamentable afrenta".
En una carta dirigida al mandatario federal, la Canaco local, los colegios de arquitectos y de ingenieros, el Club de Leones, prestadores de servicios turísticos, médicos, entre muchos otros, le manifestaron que "queremos vivir en armonía y confiamos en que su gobierno cumplirá a cabalidad con la tarea de preservar el orden y alentará el desarrollo socioeconómico que abata desigualdades y aumente oportunidades para todos, sin distingos".
Asimismo, subrayaron que los hechos del jueves pasado "son de tal gravedad que no pueden pasar inadvertidos" y lamentaron que la Procuraduría General de la República (PGR) -cuyo operativo para decomisar discos y casetes piratas provocó la revuelta de los indígenas- no haya previsto "una reacción como en otras partes del país".
