Plantea pena de 12 años a funcionarios que se beneficien de ella

Busca PGJDF sancionar uso de información confidencial

Elabora iniciativa en la que propone castigar también a particulares Ex servidores no podrán emplearse en la IP antes de dos años de dejar el cargo

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Una iniciativa elaborada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) propone sancionar con penas de tres meses a 12 años de prisión a los funcionarios públicos que utilicen información en su poder para obtener empleos en alguna empresa de la iniciativa privada, así como sanciones de tres a ocho años de cárcel a los particulares que obtengan de algún funcionario contratos sin el permiso de las autoridades correspondientes.

La propuesta que adiciona algunos artículos del título décimo del Código Penal para el Distrito Federal, referida a los delitos cometidos por servidores públicos, establece que aquellas personas que desempeñan algún cargo en la administración pública tendrán que esperar dos años, después de dejar su puesto, para incorporarse al sector privado en los términos que se señala.

El documento, que aún se encuentra sujeto a revisión, adiciona el artículo 220 del código, sobre ejercicio abusivo de funciones, una fracción tercera que señala que se sancionará a quien "habiendo sido servidor público se valga de la información que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, haya sido o no materia de sus funciones y que no sea del conocimiento público, para obtener cargo o comisión en una empresa privada cuya actividad económica esté relacionada con la información que posea".

La iniciativa omite aplicar sanción cuando los funcionarios que sin haber transcurrido los dos años de plazo después de dejar su cargo, se incorporen a negocios privados cuando éstos pertenezcan a su cónyuge, hijos, padres u otro de sus consanguíneos hasta el cuarto grado, así como a sociedades de las que el ex funcionario forme parte.

A quienes incurran en este hecho ilícito, la ley prevé una pena de tres meses a dos años de cárcel y destitución e inhabilitación para ocupar cargos en la administración pública durante el mismo tiempo cuando el beneficio para el ex servidor sea menor a 500 veces el salario mínimo. Cuando el monto sea mayor, la pena será de dos a 12 años de prisión e igual tiempo de inhabilitación.

En la misma iniciativa se propone adicionar el artículo 221, sobre tráfico de influencias, con una nueva fracción cuarta para sancionar con cárcel de tres a ocho años a los particulares que "promuevan en beneficio propio o de un tercero la conducta de un servidor público consistente en suscribir o autorizar, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios y contratación de obra pública" sin la autorización de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de Gobierno capitalino.

Administración de justicia

El documento, elaborado por el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia del DF, Alvaro Arceo Corcuera, propone también adicionar una nueva fracción al artículo 225, del título decimoprimero, sobre los delitos contra la administración de justicia, para castigar a los funcionarios que intervengan en asuntos en los que pueda obtener un beneficio personal, familiar o económico para ellos o su cónyuge o parientes consanguíneos, así como para terceros con los que tengan alguna relación profesional, laboral o de negocios.

La fracción quedaría como segunda del artículo referido, recorriendo la que actualmente ocupa dicho lugar a la siguiente y así sucesivamente con las otras, y la pena que se aplicaría será de tres a ocho años de cárcel, de 100 a 300 días de multa y destitución e inhabilitación para ocupar cargos en la administración pública de uno a 10 años.