Trece de ellas fueron admitidas por el ombudsman este año

Investiga la CDHDF 30 quejas de tortura

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha recibido en lo que va del año 19 quejas por tortura, de las cuales 13 fueron admitidas y se investigan como presuntas violaciones de los derechos humanos.

El resto se turnó a otras instancias proporcionando orientación a los quejosos, al no ser estos asuntos en los que el ombudsman capitalino estuviera facultado para intervenir.

Según datos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), desde 1986, año en que se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, los juzgados del fuero común sólo han emitido cuatro sentencias condenatorias por este delito.

Sin embargo, la CDHDF desde su creación hace ocho años documentó 15 casos de tortura en los que están involucrados 52 servidores públicos.

La última recomendación que la CDHDF emitió por un caso de tortura fue hace dos años, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la que recomendó a la dependencia investigar y consignar penalmente a policías judiciales que gol-pearon a dos personas para que se declararan culpables de un delito.

El informe anual del Departamento de Estado del gobierno estadunidense sobre los derechos humanos en el mundo, divulgado el lunes pasado, señala a México como uno de los países en los que la policía tortura a personas para obtener información y los jueces admiten como evidencia confesiones extraídas bajo esta condición.

El documento aclara que esta práctica es más común en los estados. El año pasado, periodo al que corresponde dicho informe, el ombudsman capitalino no emitió ninguna recomendación por hechos de tortura.

La comisión recibió un total de 33 quejas por tortura, las cuales fueron revisadas, 17 fueron admitidas como presuntas violaciones de los derechos humanos y continúan en investigación, al igual que las 13 admitidas este año.

En la administración pasada, el órgano colegiado acusó en su momento al Ministerio Público de utilizar una serie de procedimientos en la averiguación previa para obtener en los juzgados penales sentencias por abuso de autoridad en situaciones que debieron tipificarse como tortura.

Según el artículo 225, fracción 12, del Código Penal para el Distrto Federal, se sanciona con penas de cuatro a 10 años de prisión a los servidores públicos que obliguen a un detenido "a declarar, usando la incomunicación, intimidación o tortura", dentro del título que se refiere a los delitos cometidos contra la administración de justicia.