John Saxe-Fernández
EU: gobierno en la sombra
La semana pasada se dieron a conocer informaciones sobre mecanismos y procesos de "seguridad nacional" instaurados al calor del efecto 11/09, que inciden, de manera inquietante, sobre la fundamentación constitucional y las relaciones cívico-militares en EU. Se supo, gracias a una fuente no identificada del Pentágono, que miembros del gobierno habían elaborado un dispositivo burocrático, la Oficina de Influencia Estratégica (USOSI, por sus siglas en inglés), que estaría bajo mando del brigadier general Simon P. Worden, de la Fuerza Aérea, y entre cuyas funciones destacan, según detalla Helen Thomas, de la cadena Hearst, la diseminación de información falsa en ultramar, creando historias ficticias, encaminadas a desinformar a "terroristas", con las que se "alimentaría" a la prensa internacional; la búsqueda de formas "para ejercer coerción sobre periodistas extranjeros y formadores de opinión pública" y la elaboración de esquemas para "castigar a aquellos que están difundiendo el mensaje equivocado".
También se reveló que, con antecedentes sentados por Eisenhower, Bush había formado un "gobierno paralelo", con altos funcionarios de los ministerios, cuyo número oscila entre un mínimo de 75 y un máximo de 150, encargados de mantener el gobierno funcionando en caso de que un ataque nuclear o químico-biológico paralizara sus centros vitales en Washington, DC, permitiendo "dirigir una respuesta inmediata a la agresión". Un integrante de este gobierno en la sombra informó al Washington Post que "...sin una estructura de mando invulnerable y apartada de Washington, la destrucción de la capital sería el fin".
Es necesario contextuar estos acontecimientos, porque, en primer término, ocurren en medio del torrente de drásticas modificaciones sobre toda la estructura jurídica de los derechos civiles por medio de la Ley Patriótica (USPatriotic Act). Elaborada por Michael Chertoff, el asistente del fiscal Aschcroft, con el endoso entusiasta de Bush, ya que concentra enormes poderes en el Ejecutivo, el sector castrense y la laberíntica "comunidad de inteligencia", esa ley fue promulgada por Bush el 26 de octubre, a escasos 45 días del 11/09.
Bajo un estado de "emergencia nacional" y la indignación generada por los ataques de ántrax "de alta tecnología", dirigidos a los medios y a ciertos miembros claves del Congreso, esa legislación fue aprobada sin las audiencias públicas y los procesos deliberativos que caracterizan a la legislatura. La versión final, nos lo recuerda Paul Hoffman, abogado especializado en derechos civiles (www.aclu.org), "fue el resultado de negociaciones secretas a espaldas del público". A su sombra se creó la oficina de Defensa Patria, con pretensiones de "ampliación jurisdiccional militar" sobre Canadá y México. En segundo lugar, cabe mencionar que con la instauración de tribunales militares secretos (decreto presidencial del 13 de noviembre de 2001), Bush asumió lo que William Safire del New York Times (NYT) calificó de "poderes dictatoriales". Este decreto desestabiliza los equilibrios entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, formalizados en la Constitución, precisamente por la ausencia de autorización alguna por parte del Congreso.
Finalmente, cabe observar, como de manera persuasiva y documentada lo planteó James Petras (La Jornada, 27 de febrero, p. 32), todavía no sabemos quién o quiénes son los responsables de las "dos fases" de ataques, el efectuado el 11/09 y los posteriores ataques bioterroristas, cuyos orígenes, con toda probabilidad, según el director de la FBI, son "domésticos", por lo que cabe retomar algunas características que, histórica y contemporáneamente, han caracterizado las operaciones ya sea de la ultraderecha o de la "comunidad de inteligencia". Me refiero, por ejemplo -y éste es uno entre varios casos históricos- a la serie de eventos creados y manipulaciones del aparato de inteligencia que llevaron al Congreso a promulgar la Resolución del Golfo de Tonkin, que otorgó al Ejecutivo "amplios poderes de guerra", resultado de "ataques no provocados", presumiblemente realizados por botes torpedo de Vietnam del Norte el 2 de agosto de 1964. Como lo he apuntado en otra oportunidad (Memoria, diciembre 2001) a lo largo de los cuatro años que siguieron apareció documentación que mostraba que el ataque había sido provocado por el propio ejército de EU que realizaba operaciones de sabotaje e incursiones contra Vietnam del Norte. Los documentos del Pentágono, consistentes en miles de informes y comunicaciones altamente secretas filtrados por Daniel Ellsberg y publicados por el NYT, mostraron que todo había sido un hábil montaje -un esquema encubierto u operación negra, conocida como OPLAN-34-, una suerte de golpe técnico realizado por los equipos de operadores del vasto sistema de inteligencia de esa nación, encaminado a manipular al Congreso con el fin de que otorgara poderes de excepción al presidente Johnson y justificar ante la opinión pública nacional e internacional la intensificación de la guerra y sorprendentes aumentos de tropa, equipo y presupuestos para las tres armas y los servicios de inteligencia.
Según el teniente Fletcher Prouty, las operaciones negras se han realizado con cierta frecuencia en EU, por lo que existen antecedentes, incluyendo la forma en que se manejó la información clasificada antes del ataque a Pearl Harbor, o en el Golfo de Tonkin, que obligan a ampliar la gama de hipótesis en torno a este grave asunto.
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