Miguel Concha
Violaciones contra migrantes
El gobierno suele presumir de su activismo internacional en materia migratoria: ha promovido el desarrollo de instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, e impulsa y financia mecanismos de protección a los derechos de los migrantes a escala mundial y regional. Puede considerársele sin embargo como farol de la calle y oscuridad de su casa, pues hasta el momento no ha logrado formular una política migratoria de Estado, ni desarrollar mecanismos internos eficaces de protección, como sucede en otros asuntos graves de derechos humanos. Prevalecen en el sector la desarticulación de políticas y programas, políticas por cierto de control cada vez más similares a las que se le condenan al gobierno de Estados Unidos, por su costo en riesgo, accidentes y vidas humanas, así como la descoordinación del creciente número de instancias públicas que intervienen en la cuestión. Prevalecen igualmente la corrupción y la impunidad entre algunos de los elementos de muchas corporaciones de seguridad pública o nacional, entre éstas el Ejército y la Marina, que ilegalmente y con la tolerancia o anuencia del gobierno federal, y a pesar de los señalamientos y demandas en contra, de la sociedad, se involucran en tareas migratorias. Aprovechan, como se sabe, para extorsionar o solapar a traficantes y bandas de delincuentes, con quienes varios de sus funcionarios están coludidos.
Esto le costó la vida hace dos años, por ejemplo, a José Angel Martínez, coordinador del Grupo Beta, un funcionario honesto que documentó estas situaciones para presentárselas a sus superiores, y cuyo asesinato sigue impune. Lo ejecutaron en 1999, y a pesar de que hay elementos que indican que no se trató de un homicidio común, el proceso continúa en ese sentido, y no se le permite la coadyuvancia a los abogados de sus familiares. Por lo demás, se sigue contando con una normatividad inocua, y prosiguen la discrecionalidad, el secreto y el ocultamiento en los actos de las autoridades migratorias, con las consiguientes limitaciones de acceso a la justicia por parte de los migrantes.
El "aseguramiento", por no decir detención, de migrantes (incluyendo menores), que puede durar periodos prolongados, en condiciones que no cumplen con las normas establecidas por la ONU, recientemente incluso en instalaciones militares, es otro de los males que hay que lamentar. Por una no tan módica suma, o gracias al tráfico de influencias, se puede lograr el aseguramiento y hasta la expulsión del cónyuge o del empleado ya no deseados. También se puede pagar por un oficio de salida del país, y continuar el camino hacia el norte. Esto es arriesgado, ya que la mordida no incluye seguro contra posteriores extorsiones o detenciones, y antes de lograr cruzar la frontera, algunos son regresados a la estación migratoria. Si consiguen el dinero, vuelven a comprar un oficio de salida... Es un negocio jugoso.
La violación a la libertad de tránsito, incluso de mexicanos que son deportados con base en su apariencia, así como las detenciones y expulsiones de personas que tienen forma migratoria vigente, pero que no hicieron su cambio de domicilio o de empleo, y a quienes se expulsa arbitrariamente cuando sólo deben ser multados, son otras de las situaciones que la sociedad está presentando en estos días a la relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, acompañándolas de propuestas orientadas a remediarlas. Algunas de éstas están dirigidas a reformar la norma mexicana, homologándola con los instrumentos internacionales, y a mejorar el acceso al debido proceso de los migrantes. Otras se refieren a la erradicación de la participación de cualquier dependencia pública no autorizada por la ley, de cualquier nivel, en el control y la verificación migratoria, como una medida para combatir la corrupción y la impunidad. Todas reclaman procedimientos claros y transparentes, y proponen la participación de la sociedad en su desarrollo.
Esperamos que ahora sí el gobierno muestre la voluntad política indispensable para tomar acciones concretas que reflejen sus compromisos y su activismo fuera de casa. 
