Un fallo negativo podría enturbiar la transparencia de la impartición de justicia, advierten

En manos de la SCJN, dar luz verde a la profesionalización de la carrera judicial

Algunos magistrados defienden su derecho a elegir los miembros de su órgano jurisdiccional

JESUS ARANDA

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá el futuro de la carrera judicial, cuando determine la constitucionalidad del acuerdo general 72/2001 del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que reglamenta el ingreso, formación y promoción de actuarios y secretarios de juzgados de distrito y tribunales colegiados mediante un proceso de selección que incluye exámenes de aptitud y conocimientos.

En este momento, la aplicación de exámenes para actuario o secretario de juzgado o tribunal representan los "mínimos elementos objetivos" para avanzar hacia el establecimiento de una carrera judicial. Aunque aceptan que todo cambio "causa escozor" entre los que resultan afectados.

Los miembros del CJF y algunos ministros que apoyan la validez del acuerdo aceptaron, por su parte, que existe preocupación porque una decisión errónea de los ministros impacte negativamente en la incipiente carrera judicial, la cual es vista como una oportunidad "importantísima" para transparentar al propio Poder Judicial federal, que le permita contar con gente cada vez más profesional y capaz de responder a la creciente demanda de una impartición de justicia pronta y expedita.

El proceso de selección de secretarios de juzgado fue tema de controversia recientemente, cuando el secretario de acuerdos del juzgado tercero de distrito en materia penal en funciones, Ramón Esquivel, decretó auto de libertad a León Alberto Schietecat y Eugenio González Sierra, acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de lavado de dinero y de realizar operaciones fraudulentas en perjuicio del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Este y otros asuntos en los que se ha cuestionado la labor del Poder Judicial federal en los años anteriores son factores que también tomó en cuenta en su momento el CJF para transparentar la designación de sus funcionarios y desarrollar su profesionalismo y capacidad.

Inquietud por desacato a la Constitución

El acuerdo del CJF, que data del 31 de octubre del año pasado, generó "inquietud" entre jueces y magistrados, quienes se quejan de que tal disposición va en contra de la Constitución, que establece la absoluta libertad de los juzgadores para elegir al personal de su órgano jurisdiccional. Ante esta situación, el pleno de ministros resolvió revisar este acuerdo para determinar si la decisión de los consejeros se apega al texto constitucional.

Los ministros en sesiones privadas han criticado el acuerdo del consejo porque no permite a los juzgadores colocar "gente de su confianza" para que los apoye. Además, han llamado la atención en el hecho de que el juez o magistrado es el responsable de todo lo que pase en su jurisdicción, por lo que necesita gente confiable a su lado.

Sin embargo, según fuentes judiciales de primer nivel, el conflicto legal va más allá de que la SCJN determine la legalidad de un acuerdo; está en juego el futuro de la incipiente carrera judicial (puesta en marcha a partir de las reformas constitucionales de 1994), con la que se pretendió superar la discrecionalidad en los nombramientos, que dio lugar a la aparición de fenómenos como el "amiguismo" y el tráfico de influencias, que impidieron en muchos de los casos "abrir" la judicatura federal a quienes no tenían conocidos o relaciones en su interior.

Son conocidos los casos de "familias notables", en que varios hermanos, tíos, sobrinos, primos y parientes lejanos ingresaron a la judicatura federal a ocupar diversos cargos, desde los más modestos, como oficiales judiciales y mecanógrafos, hasta actuarios y secretarios de juzgados y tribunales; después era cuestión de tiempo para llegar a la SCJN como secretario de Estudio y Cuenta para después convertirse en jueces y magistrados.

Aunque los funcionarios entrevistados comentaron que "no todo era malo" en ese esquema, lo cierto es que hubo ocasiones en que personal capaz se quedaba sin ascender porque no había una reglamentación de la carrera judicial.

"Se dan casos en que jueces se ponen de acuerdo, porque como saben que no pueden designar a sus familiares, amigos o compañeros en su propio órgano jurisdiccional, en lugar de ello designan a los que les solicita un colega, y en reciprocidad éste nombra a los que su compañero le envió".

Esta práctica se dio antes de la reforma constitucional y de que entrara en vigor el citado acuerdo 72/2001, dijo una fuente judicial, quien, sin embargo, señaló que tampoco se puede generalizar con situaciones como esta.

"Tú puedes tener un juzgado sólo con gente recomendada por otros o que tú los elegiste y trabajan muy bien, y en otro puede haber sólo personal que fue elegido mediante examen y no funciona como debe ser", indicaron otros funcionarios consultados.

Un magistrado comentó: "tengo un hijo que es abogado, y no puedo coartarle su derecho a ingresar al Poder Judicial de la Federación, pero si él ingresa por medio de un examen de selección, sin ayuda de nadie y de una forma abierta y clara, podrá decir orgulloso que no le debe a nadie su carrera; en cambio, ya sea porque lo apoyo, o porque recibió una oportunidad en un juzgado y la aprovechó, quedará la duda sobre si se benefició por influencias de su padre o por capacidad propia".

Los funcionarios judiciales reconocieron que el rechazo al acuerdo fue más fuerte al inicio y que la inquietud que generó llegó a oídos de los ministros, quienes haciendo uso de sus facultades decidieron revisar el acuerdo del CJF.

De acuerdo con la Constitución, los jueces y magistrados tienen plena libertad para nombrar a su personal; pero el CJF consideró que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que quienes aspiren a ser actuarios o secretarios de juzgado o tribunales deberán acreditar un examen de aptitud.

Y formalmente este es el quid del asunto; que el pleno de ministros revise el acuerdo del CJF y determine si se apega o no al texto constitucional.

Aseguraron que los exámenes se aplicarán sólo a los que en el futuro pretendan convertirse en actuarios o secretarios, pero que la medida no afectará a quienes ya tienen su nombramiento como tales.

Por otra parte, hay ministros que consideran que obligar a los juzgadores a elegir de entre aquellos que previamente fueron seleccionados, viola su autonomía e independencia; sin embargo, de acuerdo con la ley se necesita una votación mínima de ocho votos de 11 para anular un acuerdo del CJF.

Ante esta situación, fuentes del máximo tribunal consideraron que la Suprema Corte podría adoptar una decisión "salomónica", que concilie la libertad que quieren los juzgadores para elegir a su personal con la necesidad de que éstos demuestren sus aptitudes y aprueben los exámenes correspondientes. También está la posibilidad de que los ministros establezcan que los juzgadores designen a su albedrío un determinado número de funcionarios y que otros sean asignados por concurso.

Cabe señalar que la reforma constitucional de 1994 creó el CJF, que tuvo como su primera encomienda "el ingreso, formación, actualización y promoción de los servidores públicos" de la judicatura federal por medio de la carrera judicial, la cual se regiría a su vez por los principios de "excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia".

Pese a que años después se creó el Instituto de la Judicatura Federal, el cual se encargó de crear la especialidad de secretarios de Estudio y Cuenta, dirigido a los abogados con tres años de experiencia profesional, y más tarde el curso básico de formación y preparación de actuarios del Poder Judicial federal.

El lunes pasado iniciaron la discusión sobre el tema en plenos privados.