Angel Guerra Cabrera
Cuba y el 11 de septiembre
Las relaciones cubanoestadunidenses entraron en una relativa distensión después del 11 de septiembre. Una coyuntura cuya evolución depende de cuál de los dos factores prevalezca en la política de Washington. Por un lado, la opinión pública y el Congreso, favorables al fin del bloqueo contra la isla, por motivaciones que van desde importantes intereses económicos o el reconocimiento del fracaso de esa política, hasta auténticas preocupaciones humanitarias. Por el otro, la administración de George W. Bush, estrechamente asociado, como su padre y su hermano Jeb, a la extrema derecha cubana de Miami, a cuyos manejos fraudulentos debe en gran parte su cuestionada elección. Ningún otro presidente estadunidense ha llevado a más personajes de ese grupo terrorista a altos cargos de la política exterior, entre ellos Otto Reich, nombrado subsecretario de Estado para el hemisferio occidental.
La posición de Cuba ante el 11 de septiembre tuvo el doble efecto de fortalecer la corriente contraria al bloqueo y de imposibilitar momentáneamente un endurecimiento hacia la isla por parte de la Casa Blanca con el pretexto de la guerra contra el terrorismo. El de La Habana es uno de los pocos gobiernos que ha censurado la reacción de Washington ante el 11 de septiembre, incluida la agresión contra Afganistán, pero fue uno de los primeros en condenar el atentado. Ofreció a Estados Unidos abrir sus aeropuertos a los vuelos con ese destino mientras estuvo cerrado el espacio aéreo del país vecino y, acto seguido, compartió con éste información de inteligencia relativa al terrorismo. Poco después se convirtió en uno de los primeros signatarios de las 12 convenciones de la ONU sobre terrorismo. El gobierno cubano declaró que esa práctica, además de ser éticamente inaceptable, perjudica primordialmente las luchas sociales, y propuso llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU con el fin de analizar el terrorismo y sus causas, incluyendo el de Estado: cualquier acción de respuesta debía acatar el derecho internacional y obedecer el consenso de la comunidad de naciones. El traslado de los presos talibanes a la base naval de Guantánamo, a todas luces burda provocación de la administración Bush, fue desactivada y convertida por La Habana en una nueva oportunidad de reivindicar la soberanía cubana sobre el enclave. Cuba reconoció el inusual gesto de Estados Unidos de informárselo previamente, se abstuvo de hacer juicios de valor y recordó que esa instalación está ubicada ilegalmente y contra la voluntad nacional en una parte del territorio de la isla usurpada por aquél. No caben dudas sobre la voluntad de distensión del gobierno cubano. Su actuación propició un aumento inédito de los viajes a La Habana de los integrantes del lobby antibloqueo. Dio pie a la segunda visita de George Ryan, el influyente gobernador de Illinois. Entre diciembre de 2001 y febrero de 2002 el flujo de legisladores, académicos, empresarios y estudiantes estadunidenses en la capital cubana ha sido el mayor de los últimos 43 años en un periodo tan corto. El paso por la isla del ciclón Michelle fue una nueva oportunidad para relajar las siempre ásperas relaciones con el vecino del norte. Cuba no aceptó la ayuda condicionada ofrecida en este entonces, pero le propuso, en cambio, permitir la venta a la isla de productos pagados en efectivo para reponer sus reservas de emergencia agotadas por el siniestro, que concluyó en una operación comercial por 35 millones de dólares, la primera entre los dos países desde el inicio del bloqueo.
Pero varios hechos conforman un mal augurio para la duración del deshielo. Washington se ha desplazado hacia una conducta acentuadamente arrogante que amenaza con castigar por la fuerza toda actitud rebelde contra el orden que pretende imponer al mundo. La conspiración contra el gobierno legítimo de Venezuela y la creciente intervención en el conflicto colombiano manifiestan claramente la rápida inclusión de América Latina en ese esquema, que haría de la mera existencia de la Cuba actual un hecho intolerable. Paralelamente, comienza una descarada ofensiva de Estados Unidos entre los gobiernos latinoamericanos para condenar a Cuba en marzo próximo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y recientes declaraciones de voceros de Washington enfatizan que éste se opondrá a "cualquier intento" por debilitar el bloqueo.
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