Comisión civil de observadores internacionales concluye visita a Chiapas

Documentan 12 casos de violación de derechos

Castigan a tres zapatistas presos en San Cristóbal que se reunieron con la CCIODH

ANGELES MARISCAL, HELIO ENRIQUEZ Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES

Al concluir su gira de una semana por Chiapas, la Comisión Civil Internacional de Observadores por los Derechos Humanos (CCIODH) reportó que durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía se han cometido al menos 12 casos de violaciones a las garantías individuales.

La CCIODH, integrada por 104 activistas de 14 países de Europa y América, rindió un primer informe de su recorrido. Dijo que "no hay duda que la falta de diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es una de las razones por las cuales hay tantas denuncias de violaciones a los derechos humanos" en Chiapas.

Esto ocurrió al tiempo que en el penal de San Cristóbal de las Casas tres presos, reconocidos por el EZLN como miembros de sus filas, denunciaron que fueron puestos en una celda de castigo como represalia por haber realizado denuncias ante la CCIODH.

Rafael López Sántiz, Juan Vázquez Gutiérrez y Aurelio Sánchez Jiménez, por conducto de su representante, Abelardo Méndez Arcos, denunciaron que horas después de haberse reunido con los observadores fueron internados en la celda de castigo del penal, donde permanecían este día.

El castigo, dijo, se dio por el "malestar" de los "representantes" del resto de los reclusos, quienes los amenazaron con agredirlos por no haber sido considerados durante la reunión con los observadores.

Señaló que el director del penal, Erasmo Ramírez, "castigó" a los tres zapatistas para meterlos en cintura por el "desorden" causado. Ante esta situación, exigió a las autoridades que suspendan la sanción, que calificó como "una violación directa al derecho a organizarse y efectuar denuncias".

También en San Cristóbal, los voceros de la CCIODH mostraron especial preocupación porque los tres presos fueron "trasladados a celdas de castigo" por haberse entrevistado con miembros de ese grupo. "Hubiéramos preferido que no nos autorizaran entrevistarnos con ellos a que los castigaran", dijeron.

Continúan los patrullajes militares

El grupo dijo haber constatado una presencia menor del Ejército Mexicano en algunas zonas, pero recibió denuncias de que continúan los patrullajes, especialmente en el municipio de Ocosingo y en la región fronteriza con Guatemala.

Agregó que "los sobrevuelos de helicópteros siguen sembrando zozobra en las comunidades, los retenes intermitentes impiden el libre tránsito de los pobladores y en los lugares donde permanecen los cuarteles militares la población se queja de la contaminación de ríos y predios aledaños".

La CCIODH aseveró que recibió "numerosas denuncias acerca de la permanencia de estructuras paramilitares" en varias zonas de la entidad, lo cual, en la región norte, por ejemplo, "genera fuertes tensiones en las comunidades, ya que el sólo hecho de que no se haYA procedido al desarme de los paramilitares es una constante amenaza para la seguridad de la población civil".

Los datos recabados en esta visita servirán de base para el informe que la CCIODH espera tener listo el 17 de marzo para entregarlo a instancias internacionales. La comisión se dijo "sorprendida" por el número "tan grande de presos (unos 80) que manifestaron estar encarcelados por motivos políticos".

Los voceros del grupo dijeron que "hay elementos que demuestran que existen casos de tortura y que varios presos indígenas no tuvieron acceso a abogados ni a traductores", por lo cual "se puede presumir que podemos cuestionar el estado de derecho aquí, porque más de cien personas dicen que están encarceladas injustamente".

En otra charla con la prensa en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, los observadores dijeron que recibieron la documentación testimonial sobre violación a los derechos humanos de 69 miembros del Movimiento Campesino Regional Indígena, detenidos en julio pasado durante un operativo policiaco en la comunidad Zamora Pico de Oro, municipio Marqués de Comillas.

Documentaron el atentado contra el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López Hernández, perpetrado por un grupo armado el pasado 13 de enero. La propia CEDH entregó a los observadores el expediente de recomendaciones y quejas emitidas por el organismo al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y a varios funcionarios del gabinete.

López Hernández señaló que los observadores tuvieron acceso a la información de cada uno de los casos y les entregaron expedientes y testimonios de los afectados sobre el atropello a las garantías individuales de indígenas y campesinos, cometidas por funcionarios y efectivos de las corporaciones policiacas en la actual administración.

La CCIODH se reunió a puerta cerrada con López Hernández y con el procurador de Justicia del estado, Mariano Herrán Salvatti, quienes presentaron sus versiones sobre la situación de los derechos humanos.

En el ámbito local, este día la CEDH emitió la recomendación CEDH/05/2002, dirigida a Herrán Salvatti, derivada de la inejecución de órdenes de aprehensión dictadas en los expedientes 141/998, 82/999 y 67/2001 por el juez mixto de distrito de Motozintla.

Otra está dirigida al alcalde de Salto de Agua, Domingo Vázquez Arcos, que se derivó de la queja por los excesos cometidos por la policía municipal en agravio de Eulalio Hernández Pérez, Armando Torres Torres y Helmar Hernández Hernández, detenidos sin orden de aprehensión y con violencia.