Jaime Martínez Veloz

El PRI ante los acuerdos de San Andrés

Acompañados de dirigentes y miembros de distintas etnias nacionales, varios legisladores anunciamos el pasado 18 de febrero la intención de insistir en la conveniencia de que el Estado mexicano revalore su pacto social con los indígenas del país, centenariamente relegados.

Ese día una parte sustantiva del Poder Legislativo federal oficializó el deseo indígena mexicano para que el Estado nacional honre su palabra empeñada y que los acuerdos de San Andrés Larráinzar sean cumplidos por el gobierno. Hace seis años, el 16 de febrero de 1996, en una rústica habitación de ese poblado indígena el Estado dio un paso fundamental para reparar las ancestrales injusticias contra los descendientes directos de los primeros mexicanos que, a pesar de serlo, son los más siniestramente tratados.

Puede considerarse que los acuerdos de San Andrés Larráinzar constituyen el primero de los actos nacionales en que el Estado reconoce a las etnias mexicanas un lugar en la sociedad. Si repasamos la historia nacional, la participación indígena en la construcción de México ha sido decisiva. Fueron los indígenas los primeros en responder al llamado libertario de Miguel Hidalgo, en la revolución de Independencia. Indígenas zacapoaxtlas contribuyeron a la victoria mexicana contra el imperio francés, en nuestra segunda revolución de independencia, dirigida casualmente por un indígena zapoteca.

En la Revolución Mexicana, contingentes indígenas engrosaron las filas de Obregón y Zapata, por ejemplo. El primero de enero de 1994 fueron indígenas chiapanecos quienes nos despertaron a nuestra vergonzosa realidad, cuando creíamos estar en los umbrales del primer mundo.

En dos administraciones sucesivas hemos comprobado la indolencia del Poder Ejecutivo para cumplir la obligación de Estado a la que está comprometido el país. Zedillo empantanó el conflicto y, argumentando excusas cretinas, quiso desconocer lo que firmó su gobierno. Fox fue menos obvio, pero buscó componendas con los sectores reaccionarios del PAN, lavándose las manos y desentendiéndose ahora por completo de los indígenas.

El Poder Judicial juega en estos momentos un papel trascendental como tercer eje de los pilares de Estado. Las controversias constitucionales contra la reforma indígena desvirtuada, que el Poder Judicial debe resolver, son uno de los varios frentes de resistencia. No menos importante es la responsabilidad del Legislativo, que ahora puede contribuir a perfeccionar los métodos de resarcimiento de agravios contra los pueblos indígenas del país.

Es necesaria la concientización de las fuerzas políticas respecto a la situación que viven los mexicanos indígenas, virtuales extranjeros en su propia patria. Se les regatean sus derechos políticos, culturales, civiles. Por delante hay una tarea de proporciones inmensas. México no puede avanzar con pasivos de la magnitud del racismo encubierto y vergonzante de una sociedad que se presume democrática.

En seis años vergonzosos de simulación del Poder Ejecutivo, en el PRI no podemos evadir nuestra obligación.

En nuestra pasada asamblea nacional incorporamos en nuestra plataforma de acción el espíritu de los acuerdos de San Andrés Larráinzar. El reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público, la autonomía, el respeto a su cultura, entre otros asuntos, son compromisos que los priístas debatimos y acordamos asumir como propios. Tal vez como en ningún otro instituto partidista, muchos indígenas de México han apoyado al PRI.

La contribución indígena en los grandes momentos nacionales siempre ha sido generosa y patriótica. ƑLos priístas habremos de traicionar nuestros compromisos con las etnias nacionales? ƑHabremos de traicionar el espíritu de nuestra plataforma política de acción hacia los pueblos indígenas, compromiso que asumimos en la pasada asamblea nacional priísta?

Ya hemos atestiguado que el actual Poder Ejecutivo nunca tuvo entre sus prioridades cumplir institucionalmente el compromiso del Estado para construir el indispensable pacto social con los indígenas de México. El PRI no puede sustraerse de acompañar a los pueblos indígenas y a la sociedad en la justa demanda para que el gobierno cumpla los acuerdos de San Andrés. Seis años han pasado.

[email protected]