Jorge Carrillo Olea

Precisiones

Las recientes declaraciones del licendiado Miguel de la Madrid sobre los trágicos sucesos de 1968 han suscitado un debate relacionado con la historia de los cuerpos de seguridad y de sus archivos. Sin la menor intención polémica, considero de interés general hacer algunas precisiones al respecto.

En la administración de De la Madrid se dieron en materia de seguridad nacional y seguridad pública hechos que por su fuerza y trascendencia no tenían precedente en administraciones anteriores y que servirían de base para nuevos proyectos sobre la materia en la siguiente administración, siendo abandonada toda ella por el gobierno de Zedillo.

La mayoría de dichos proyectos fueron producto de un programa que empezó a perfilarse en los meses entre la elección y la toma de posesión del propio De la Madrid como Presidente de la República. Sólo esto habría permitido que a partir de enero de 1983, esto es, en el segundo mes de gobierno, se tomaran medidas tan drásticas como trascendentes para la vida pública nacional.

Otro hecho también muy significativo fue producto de las circunstancias que se crearon nacionalmente alrededor de los sismos de septiembre de 1985. Me estoy refiriendo a la construcción anticipada a lo planeado de una nueva sede para lo que en ese momento era la Dirección General de Información y Seguridad Nacional y que posteriormente habría de convertirse en el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen). La construcción anticipada se dio en virtud de que su sede en Plaza de República, que había sido originalmente destinada para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, había quedado en ruinas.

Terminada la construcción del nuevo edificio en la delegación Magdalena Contreras se procedió a su ocupación y a la traslación del archivo muerto de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el propio de la Dirección de Información y Seguridad Nacional. El archivo de la DFS, por supuesto, era de gran valor para reconstruir y explicar eventos en la vida política del país. Con este criterio y a partir de los sismos por los que fue abandonado el edificio de Plaza de la República, el archivo permaneció en él, habiéndose reforzado los espacios que lo contenían y establecido sobre él un cuidado que diera garantía total de su seguridad e integridad.

La responsabilidad del archivo recayó en el señor Capello, un funcionario de la DFS que había sido su custodio por varios años y que por lo tanto conocía el archivo en términos de su estructura, organización y contenido.

Fue en ese tiempo que se le agregó el archivo de la otra dirección desaparecida: la de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS), con lo que parte de la historia política del país quedaba consolidada.

La importancia del acervo radica tal vez en que su contenido está constituido por varias decenas de millones de tarjetas y expedientes que registran la actuación en la vida pública de instituciones y personas, así como la descripción de todo acto nacional de relevancia. Entre éste se encuentra, por supuesto, todo lo referente al drama del 68, no solamente lo referido al propio 2 de octubre, sino la historia del conflicto desde su inicio varios meses atrás. A mi juicio podría ser el único archivo que permitiría reconstruir la historia porque suma las perspectivas políticas ajenas a la actuación de las DFS e IPS. Sólo así podría la PGR cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Dudo que la Secretaría de la Defensa Nacional haya preservado información cotidiana sobre su actuación durante esos días.

Se puede acceder a esa información con relativa facilidad por un conocedor, ya que el archivo está perfectamente organizado, o al menos lo estaba en el tiempo en que fui el director del centro. Nadie o casi nadie ha tenido acceso a él, con excepción, tal vez, del investigador Sergio Aguayo. La dificilísima tarea de copiar el archivo en medios tecnológicamente más avanzados se inició en esos tiempos, reconociendo el riesgo de que estos procesos son peligrosos para el acervo por lo que deben acometerse con gran responsabilidad y profesionalismo. Hoy debería ya estar microfilmado y en un proceso avanzado de registro electrónico.

Las bóvedas que lo contienen están situadas bajo el gran hall de entrada. Son enormes espacios protegidos por paredes de concreto particularmente gruesas y con bóvedas secundarias menores, pero con puertas blindadas de seguridad para proteger información particularmente valiosa o delicada. Cuando exista la ley de transparencia y acceso a la información, la estructura del archivo deberá cambiar para ser accesible a los investigadores autorizados por la ley.

Los hechos producto de un programa en ese sexenio fueron particularmente:

- El desmontaje de los aparatos de represión del Estado, Dirección Federal de Seguridad, Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, ambas de la Secretaría de Gobernación, y en la estructura del gobierno del Distrito Federal: la Dirección de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, cotidiana violadora de los derechos humanos.

- La desaparición de 15 "policías" en la estructura del gobierno federal que carecían de base constitucional.

- La restructuración de las policías Judicial Federal, Judicial del Distrito Federal y Preventiva del Distrito Federal.

- El Programa Nacional de Seguridad Pública.

- La restructuración del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

- La creación de más de 20 academias estatales de policía.

- El Programa Nacional Penitenciario dentro del cual se construyeron penales federales de alta seguridad e innumerables estatales.

Otras muchas acciones que constituyeron el esfuerzo de esa administración en materia de seguridad nacional y seguridad pública.