Lunes 18 de febrero de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Empleados impiden que la autoridad despache en sus oficinas
Trabajador acusado de vender plazas, detrás del conflicto en el Cecati 8, denuncia director

Ignacio Juárez Galindo nn
Detrás del movimiento opositor al director del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) número 8, Eduardo Márquez y Bravo, se encuentra Enrique Mantilla Vázquez, secretario de organización de la delegación DII29 de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien el año pasado fuera suspendido al estar involucrado en el caso de la venta de plazas de la institución.
Así lo dio a conocer el mismo Eduardo Marquez, quien aseguró que dicho dirigente junto con el secretario general de la delegación sindical del Cecati 8, Luciano Zárate Báez, pretenden imponer como director a uno de sus incondicionales, con la intención de manipularlo, tener el control absoluto de los recursos económicos de la institución, así como en la asignación de plazas y los ascensos de personal.
En tanto, fuentes extraoficiales dieron a conocer que integrantes del comité seccional 23 del SNTE difundieron la noticia de que Eduardo Márquez había sido cesado del cargo desde el viernes pasado. Aunque todavía no se designaba al nuevo sucesor, la dirigencia nacional de los maestros y la dirección general de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal estarían negociando quién entraría al relevo. Ayer por la noche se trató de localizar al director del Cecati para conocer su situación, pero fue posible contactarlo.
En entrevista con La Jornada de Oriente, efectuada hace unos días, Eduardo Marquez y Bravo relató que a principios del mes de febrero fue nombrado como director del Cecati, pero una semana después un grupo de trabajadores de intendencia y profesores, encabezados por Enrique Mancilla y Luciano Zárate, le exigieron su renuncia y lo amenazaron con echarlo "por la fuerza" si no accedía.
Los inconformes, agregó, argumentaron que "la base de trabajadores" había tomado la decisión de correrlo, ya que existían denuncias sobre un presunto acoso sexual que cometió cuando fungió como titular del Cecati número 139, localizado en Huejotzingo, así como de algunas quejas por prepotencia y maltrato a empleados. A manera de defensa, sostuvo que "no existe ninguna prueba que sustente" tales denuncias, pero dijo estar dispuesto a que las autoridades inicien cualquier investigación para aclarar la situación.
Comentó que una vez que no pudo tener acceso a las instalaciones, basado en el reglamento de la institución instaló una dirección provisional en otro lugar, en la que los profesores y personal de intendencia deberían presentarse para cobrar su salario y checar sus asistencias. Esta medida, señaló, provocó la ira de los opositores, quienes aprovecharon para acusarlo de retener los pagos de 39 personas.
Empero, Marquez y Bravo subrayó que la verdadera intención del grupo opositor es evitar a toda costa perder "los cotos de poder" que tienen desde hace tiempo en la institución, así como seguir gozando de las "canonjías" y "privilegios" que obtenían a través del sindicato. Recordó que Enrique Mancilla había sido suspendido por la SEP estatal tras encontrársele culpable de la venta de plazas, pero continúa trabajando en el Cecati 8 y sigue ocupando la cartera de conflictos de la delegación DII29 del SNTE sección 23.
Asimismo, indicó que el grupo sindical y varios profesores habían tratado de impulsar a su propio candidato a la dirección del Cecati 8 y así seguir gozando de impunidad, tener un control absoluto en el manejo de plazas, de los recursos económicos de la institución y el ascenso de personal. "Tratan de controlar la dirección, los mandos medios y de todos los trabajadores", acotó.
Aunque Eduardo Marquez descartó la posibilidad de que ocurran enfrentamientos entre los trabajadores de la escuela, reveló que varios profesores que lo apoyan han sido amenazados y hostigados para que firmen un documento en el que piden la destitución del director.
De paso, hizo un llamado a las autoridades a que "analicen el fondo del conflicto, se determinen cuáles son los verdaderos interéses y se tome una decisión justa". Aseveró: "Quitarme sería darle impunidad a la delegación sindical, porque verían que no hay ninguna repercusión y están imponiendo lo que ellos quieren".