Debe respetarse su grado, plantean en la Permanente

Proponen punto de acuerdo para que se indemnice al general

PATRICIA MUÑOZ Y CIRO PEREZ SILVA

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión propuso ayer un punto de acuerdo en el que se planteó solicitar al presidente Vicente Fox Quesada que atienda cabalmente la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de José Francisco Gallardo Rodríguez, para que se le reconozca su grado militar, se le indemnice y se brinde protección a su familia.

En la sesión en que se presentó el punto de acuerdo, el vicecoordinador del PAN, Alejandro Zapata Perogordo, manifestó que su partido se congratula por la acción en favor de Gallardo, pero señaló que "hay ciertos gestos, ciertas expresiones que definitivamente no compartimos", concretamente las que ha realizado el general contra las fuerzas armadas.

"El que se haya hecho un acto de derechos humanos a su favor no implica que estemos compartiendo posturas que afectan las instituciones de las fuerzas armadas de este país", agregó. En primer término, porque todo se hizo dentro de la ley, y en segundo, porque la determinación del Presidente no tiene por qué interpretarse como un punto para poder afectar a la milicia mexicana, que debe ser respetada.

Si se pide respeto para el general Gallardo, también lo demandamos para la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones mexicanas, dijo el panista.

El punto de acuerdo fue propuesto por el diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo, y lo sustentó en la recomendación que emitió la CIDH, en la cual se pide la libertad inmediata de José Francisco Gallardo; pero también que se investigue y sancione a los responsables de la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en su contra, además de que se le pague una indemnización como reparación a las violaciones de las cuales ha sido víctima y los salarios caídos durante todos los años que permaneció encarcelado.

Es decir, puntualizó, aun cuando Gallardo ya salió libre, no se han cumplimentado diversos aspectos legales para resarcir totalmente esta injusticia. Dijo además que para nuestro país la historia no termina con la liberación del general Gallardo, debido a que persisten los casos del ejido Morelia; la tortura de tres personas en Altamirano, Chiapas; la desaparición del teniente Miguel Orlando Muñoz; la matanza de Aguas Blancas; la detención ilegal y tortura de Reyes Penagos, Julieta Flores y Enrique Flores y, por supuesto, el asesinato de Digna Ochoa. ƑCuántos más se sumarán a la lista?, preguntó.

Para el diputado Alfredo Ochoa Toledo, del PRI, quien preside la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, las cosas son diferentes. Desde su punto de vista, José Francisco Gallardo Rodríguez fue encontrado culpable y desde 1988 pudo haber recurrido al amparo directo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recurso que "desdeñó sistemáticamente y prefirió, de acuerdo con la ley de la Malinche, ventilar su caso ante organismos internacionales".

Así, aseguró, la liberación se dio por un proceso de reducción de pena, la cual se fijó en ocho años, negociada en ambas partes, que permitió darlo por compurgado "pero que ratifica su culpabilidad en los delitos por los que fue acusado. En consecuencia, las partes recurrentes a la pena, como es la destitución del empleo, son parte de la misma sentencia, igual que la inhabilitación para servir en el Ejército".

En igual tónica, el senador David González Jiménez, del PRI, manifestó que "será en última instancia la función jurisdiccional la que resuelva en definitiva el caso del general Gallardo". Es decir, falta una formalidad legal por resolver, aun cuando ya está libre, por lo que en ese estado "se podrá defender en los procesos que se le están siguiendo".

Durante la sesión de ayer también se trató el tema de la desaparición del regidor del PRD en el municipio Hueyapan de Ocampo, Veracruz, Leovigildo Chiau Medina, a quien no se ha visto desde el pasado 10 de diciembre y se desconoce su paradero, ya que ningún grupo ha reivindicado el hecho y se considera que se trata de una "desaparición política".