León Bendesky
Tarifas
La atención se ha puesto en los subsidios al consumo de la energía eléctrica. Buena parte de la disputa de quienes se oponen a las recientes modificaciones que afectan el precio de la luz está centrada en reponerlos para quienes se estima que debe protegerse contra una acción que disminuye su ingreso y su bienestar. Esta aparece ahora como reacción instintiva que puede tener más de una justificación social y política. Pero no necesariamente la defensa o el rechazo del subsidio a la luz por sí mismos ubican a alguien en un lado u otro del actual espectro político del país.
La medida se ha tomado de modo administrativo por parte del gobierno y sólo a unas cuantas semanas de haberse aprobado el presupuesto federal para 2002. Hay una debilidad en la forma de argumentar esta decisión y ha resultado muy confusa para el usuario. Todo ello hace que tienda a verse como imposición y que se abra el espacio a una nueva serie de roces entre grupos que mantienen posturas distintas. El argumento de que quien más luz consume pagará más por ella parece cierto en términos absolutos, pero en cuanto a los porcentajes de aumento, éstos son mucho mayores para los estratos de consumo medio. Otra vez esto se percibe como una forma adicional de falta de equidad y en realidad lo es.
A pesar de estos conflictos, el gobierno prefirió concentrar su revisión del precio del servicio eléctrico que prestan la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro en el subsidio que otorga a los consumidores, en este caso a los usuarios del servicio de tipo residencial. Con esto se sigue una muy perniciosa práctica de eludir los verdaderos problemas de la economía mexicana y que son cada vez más visibles en el sector energético en su conjunto. Lo que se continúa posponiendo es la revisión del costo de generar y distribuir la energía eléctrica; es decir, no se concentra la atención en las tarifas. Eso es lo que requiere de una limpieza profunda y claramente expuesta, y en la que están involucrados el gobierno, las empresas públicas, los sindicatos y el propio Congreso. En eso consiste lo que debería ser la reforma energética que necesita cualquier definición de la estrategia del crecimiento de la economía y que aún no existe.
El tema que debería ocupar ahora el debate es el de las tarifas, porque son éstas las que han creado el esquema de subsidios al consumo. Estos se aplicaban a toda la población y ahora los ha modificado el gobierno con una excusa tipo Robin Hood, que se sustenta en que los consumidores más ricos absorberán la reducción del subsidio. Pero dicho argumento no se sostiene, especialmente en términos económicos. Lo que debe hacerse transparente es el costo real de producir la energía eléctrica en México, y si ese costo es compatible y competitivo en el mercado abierto, que es el ámbito que defiende y promueve la propia política económica que aplica el gobierno. Mientras más alto es ese costo con referencia al que prevalece en la industria en general, más se necesita aplicar subsidios, que no sólo distorsionan los precios de este servicio, sino incluso el mismo efecto que se supone debe tener sobre los diversos estratos de los consumidores.
El subsidio per se no es bueno ni malo, no tiene un estatuto moral y tampoco está peleado por principio con la eficiencia. Debe aplicarse cuando hay una justificación económica, misma que bien puede estar basada en la desigualdad social. Pero lo que no debe hacer el subsidio es esconder ineficiencias graves de los propios productores, y que finalmente tiene una repercusión adversa sobre todo el sistema productivo y de distribución del ingreso en la economía. Si la tarifa que representa el costo de generar y distribuir la energía eléctrica es muy elevada en términos competitivos, ello lleva a que el gobierno subsidie a los consumidores. Todos pagamos esa ineficiencia por la doble vía de los impuestos y del efecto que tiene la reasignación de los recursos que se desvían para cubrir el subsidio y que no se usan para otros fines más rentables económica o socialmente. Es claro que el propio subsidio y las repercusiones que genera están enmascarando la ineficiencia.
Piénsese en el caso de las tortas, un bien de consumo más o menos generalizado entre la población y de las que podría encontrarse un tipo medio de referencia. Si hubiera un único tortero que quiere vender su producto en 80 pesos, sin duda habría fuertes reclamos de parte de los consumidores, ya que ese precio está fuera de referencia de otros bienes similares o con el equivalente de la torta en otro país. El tortero podría proponer un subsidio de 65 pesos, con lo que el consumidor pagaría 15 y comería su torta a precio de mercado. Esto sólo estaría ocultando que el tortero es un productor altamente ineficiente en las condiciones de costos prevalecientes en su actividad, el pago del subsidio representaría un desvío de recursos, que podrían ser mucho mejor aplicados en otro uso y, finalmente, como bien se sabe, alguien tiene que pagar el costo del subsidio, que debe ser trasladado por el tortero a otra parte de la economía. Pero Ƒno es esto precisamente lo que se hace con el subsidio a la luz y lo que sigue evitando la reciente revisión que se ha hecho? Lo que sigue fuera de la discusión es el costo de la energía eléctrica en el entorno de funcionamiento del sector, es decir, las tarifas.
Si se revisa la situación de las tarifas y se llega a un costo representativo del mercado que, necesariamente, será más bajo que el actual, ello tendría que llevar a un replanteamiento profundo del funcionamiento del sector. Pero debe quedar claro que esta variación del tema no quiere decir que necesariamente los subsidios deban desaparecer, sino que cambia toda la lógica de su aplicación. Tampoco quiere decir, obligadamente, que deba cambiar la estructura de producción con una modificación radical de la forma actual propiedad; es decir, con la privatización. Hoy las dos posiciones, a favor o en contra del subsidio, convergen, seguramente sin querer, en evitar ir al fondo del saneamiento de la industria eléctrica.
