La pérdida de rango, consecuencia del proceso, dice Macedo

Estrictamente, a Gallardo sólo se le redujo la pena, asegura la PGR

La PFP protege al militar desde que dejó la cárcel: Creel

RENATO DAVALOS Y CLAUDIA HERRERA

Respecto al caso del general Francisco Gallardo, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, dijo que "estrictamente" hubo una reducción de pena, y la resolución de la justicia militar "ahí está inscrita". La pérdida de su rango, indicó, fue "consecuencia legal" del proceso. Ahora, las decisiones "pueden ser combatidas" por los medios constitucionales establecidos.

Entrevistado también al término de la ceremonia conmemorativa de la Marcha de la Lealtad, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, refirió que en el caso del general Gallardo, la aplicación de la ley "nunca generará desestabilización". Informó que el militar cuenta con protección de la Policía Federal Preventiva desde que salió de la cárcel.

Sobre este tema, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) afirmó que el Ejército no podrá sancionar a Gallardo en caso de que no pueda presentarse ante la Secretaría de la Defensa en las próximas horas, porque Gobernación se comprometió a que el militar será respetado mientras se aclara su estatus dentro de la milicia.

-ƑSe respondió a presiones internacionales en este caso? -preguntaron al secretario de Gobernación.

-La posibilidad de aplicar la reducción de pena, la solicitud de familiares, de las organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convergieron en la decisión.

Macedo de la Concha expuso que él tiene hoy la responsabilidad de la PGR. En su oportunidad, citó, la ejercí en la conclusión del proceso en el que los tribunales de las fuerzas armadas se pronunciaron, dijo en alusión a cuando se desempeñó como procurador de Justicia Militar.

Los tribunales de las fuerzas armadas, añadió, se pronuncian determinando la culpabilidad o inocencia de alguien. Ahí "concluí mi trabajo", asentó.

-ƑGallardo sigue siendo culpable?

-Ustedes saquen sus conclusiones -reviró. Pero les diría que "es una disminución de pena, estrictamente. Las leyes son muy claras".

-ƑEl Ejército se ve fortalecido con esta decisión?

-En estos momentos no puedo asumir la posición de las fuerzas armadas.

-ƑSe respondió a presiones externas para la liberación?

-No me corresponde haber tomado la decisión, sino el trabajo de la aplicación de la ley, y en eso "he sido respetuoso toda mi vida".

-Como ex procurador de Justicia Militar Ƒqué opina de la liberación?

-Como procurador siempre trabajé en la aplicación de la ley. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. La culpabilidad o inocencia de alguien se basa en la resolución de los tribunales competentes.

-ƑGallardo es o no culpable?

-Ahí están las leyes, y son muy claras en ese sentido.

La pérdida del rango es una consecuencia legal, asentó. Se trata de una pena establecida en la resolución de los tribunales y adquiere vigencia cuando un militar está más de dos años en prisión.

-Entonces, Ƒno puede recuperar el rango?

-Existe el juicio de amparo al que pueden acudir aquellos que crean violentados sus derechos fundamentales. La resolución de la justicia militar está inscrita, y ahora puede ser combatida por todos los mecanismos de los tribunales civiles constitucionales.

-ƑEl Ejército tendría que aceptar una resolución en el caso de que proceda el amparo?

-No puedo hablar de un futuro que no conozco, pero el procedimiento ahí está, y es para todos los mexicanos.

Macedo recordó que él encabezaba una región militar cuando Gallardo ya había sido consignado. La Corte le había negado dos o tres amparos, y la Procuraduría Militar hizo el trabajo que le correspondió y aplicó estrictamente la ley.

La reducción de la pena, resumió, es una figura que existe, y la facultad del Presidente de la República está inscrita en la ley.

Estaremos atentos a lo que se resuelva: Creel

Creel citó que Gallardo le solicitó un encuentro que se concretará en los próximos días, y cuando le preguntaron si el gobierno gestiona ante la Corte el respeto al rango del militar recién excarcelado, respondió que el proceso tendrá que darse paso a paso, y que como representantes del Poder Ejecutivo estarán muy atentos a lo que resuelva el Poder Judicial.

Respecto al planteamiento de Gallardo para que se modernice el Ejército, Creel apuntó que ese proceso está en marcha en las instituciones públicas, y recordó que los archivos de los 70 fueron entregados por la Secretaría de la Defensa, lo que es un aporte fundamental para el trabajo que hará el fiscal especial. Son informes que se públicarán para que los conozcan todos los mexicanos, añadió.

-ƑLas acciones de Gallardo pueden desestabilizar al Ejército?

-Nunca generará situaciones de desestabilización en la legalidad y el camino de las instituciones, por el contrario, la fuerza de éstas es lo que da solidez al Estado.

Desde que salió del penal, dijo Creel, Gallardo tiene resguardo de la Policía Federal Preventiva; estamos tomando todas las medidas que la misma familia ha solicitado -respondió cuando le preguntaron si se teme un atentado contra el militar.

Sedena no podrá hacer nada contra Gallardo

Adriana Carmona, directora de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que lleva el caso Gallardo, explicó que en las negociaciones con Gobernación, que posiblemente se reanudarán el martes próximo, se definió que la Sedena no podrá actuar en contra de el militar, porque su liberación fue producto de una resolución del Poder Ejecutivo.

A su salida de la prisión, Gallardo expresó su preocupación sobre este punto, porque de acuerdo con la ley castrense, tiene 72 horas, a partir de que dejó la prisión, para presentarse ante esa autoridad, o de lo contrario se le puede iniciar un nuevo proceso por el delito de deserción.

En referencia a las declaraciones de Macedo de la Concha, en el sentido de que el militar perdió su rango a causa de una sentencia legal, Carmona señaló que esa resolución no es definitiva, porque aún falta que el Poder Judicial resuelva el amparo indirecto que interpusiera Gallardo por el incumplimiento del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La postura de Macedo contradice la del Ejército, sostuvo. En un oficio de finales del año pasado señaló que Gallardo era un "preso militar" que estaba depositado en un centro penitenciario del estado de México.

Si el alto mando castrense intenta sancionarlo desconociendo su grado, precisó, Gallardo tendría más argumentos para continuar el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Recordó que en su resolución, la CIDH no sólo recomendó la liberación del general, sino también que se le restituyeran sus derechos y que se investigara y sancionara a los responsables de la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en su contra.

La abogada planteó que están en espera de que en los próximos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie en torno a la liberación de Gallardo, y por lo pronto, la CMDPDH y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) enviarán al organismo un informe conjunto.

La decisión de continuar o no el proceso ante la Corte Interamericana dependerá de si la resolución del Poder Judicial denega el amparo, debido a que ello podría ser utilizado por el Ejército para desconocer los derechos laborales del militar.

Carmona expuso que la liberación de Gallardo resuelve una parte del problema, pero aún falta que el gobierno garantice la debida reparación del daño de acuerdo con los estándares internacionales, lo que comprende la restitución de sus derechos, indemnización, rehabilitación y satisfacción, así como las garantías de no repetición.

El Congreso de la Unión -estimó- también debe legislar sobre la obligatoriedad de las resoluciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos. Tiene que establecerse claramente la voluntad de dar cumplimiento a aquellos compromisos que México ha adquirido para la promoción y protección de las garantías individuales.

En tanto, José Luis Gutiérrez, director del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), de Mesoamérica -que junto con la CMDPDH presentó la queja ante la CIDH- señaló que están evaluando con Gallardo si tiene sentido o no pugnar porque se realice la audiencia del próximo 19 de febrero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entrevistado vía telefónica, indicó que la Corte Interamericana tiene la decisión final sobre la realización de la audiencia, porque ese organismo fue el que convocó a comparecer al gobierno y a la defensa de Gallardo.