Miguel Concha

Ratificación de la Corte Penal

Las primeras líneas de esta colaboración son un reconocimiento público al Ejecutivo federal por haber cumplido parcialmente el informe 43/96 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las medidas cautelares que ésta le concedió el 2 de noviembre del año pasado al general Gallardo, la cual, desde el 15 de octubre de 1996, venía pidiendo su "liberación inmediata", evitándole con ello al gobierno tener que comparecer como acusado, el 19 de febrero próximo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El pueblo de México confía en que esto sea un primer paso para honrar cabalmente, al interior del país, los compromisos internacionales del gobierno en materia de derechos humanos, cumpliendo también con el resto de las recomendaciones a este respecto: cese de la campaña de persecución, difamación y hostigamiento contra el militar; investigar y sancionar a los responsables de la misma; adoptar las medidas necesarias para que se decidan lo antes posible las causas pendientes y pago de una justa indemnización como reparación de las violaciones de que ha sido víctima.

Confía, sobre todo, en que sea el inicio para reformar la impartición de justicia en el fuero militar, ajustándola a la Constitución y a los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos, dignificando con ello al Ejército, no como cuerpo policiaco impune, sino como garante legítimo de la seguridad e integridad de una nación soberana.

En congruencia con todo ello, uno de los deberes pendientes y urgentes que tiene el Senado para su próximo periodo ordinario de sesiones es la aprobación del decreto de reforma a la Constitución que desde finales del año pasado le envió el Ejecutivo, para poder ratificar cuanto antes el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional.

En efecto, el 30 de noviembre de 2001 el Presidente de la República envió al secretario de la Cámara de Senadores y al presidente de la Mesa Directiva una iniciativa de decreto que modifica el artículo 21, para adecuar nuestro derecho interno al reconocimiento de la competencia de los tribunales internacionales establecidos en los tratados que México ha firmado, de conformidad con los términos y procedimientos especificados en ellos, y cuya ratificación es también competencia del Senado.

Adicionando en consecuencia tres párrafos, se somete también a su aprobación el reconocimiento de sus procedimientos y el cumplimiento de sus resoluciones y sentencias en los casos de orden penal, así como su obligatoriedad por parte de nuestras autoridades administrativas y judiciales. Con su inclusión en el título uno, se pretende complementar y adicionar el régimen de garantías individuales consagrado en la Carta Magna y, sobre todo, dar una muestra clara del apoyo del Estado mexicano a la vigencia del derecho internacional, y de rechazo absoluto a los graves crímenes que son competencia de la Corte Penal: genocidio, de guerra y de lesa humanidad.

La ratificación pronta otorgaría a México el derecho de participar en el establecimiento del marco de constitución de la Corte, incluyendo la nominación de magistrados y fiscal, pudiendo además incidir en la decisión sobre el presupuesto y operaciones administrativas, pues, de acuerdo con el estatuto firmado por México el 7 de septiembre de 2000, corresponde a los primeros 60 Estados que lo ratifiquen el cumplimiento de esta importante responsabilidad.

De conformidad con un boletín de la Coalición Internacional por la Corte Penal, el pasado 5 de febrero eran 52 Estados los que la habían ratificado, entre ellos ocho iberoamericanos y casi todos los miembros de la Unión Europea. En otros nueve países latinoamericanos la ratificación era ya materia de estudio, por parte de sus diferentes instancias. En Brasil el presidente Cardoso remitió ya al Congreso Nacional el proyecto de ley, apremiando su aprobación. En Colombia, la Cámara de Diputados aprobó una enmienda constitucional que facilitará su pronta ratificación. El ritmo actual parece indicar que el estatuto alcanzará las 60 ratificaciones en marzo o abril, por lo que entraría en vigor en junio o julio próximos. De cumplirse estos plazos, la primera Asamblea de Estados Partes tendría lugar en septiembre de 2002 y los jueces serían elegidos en enero del año próximo. El pueblo quiere que México esté ahí.