Autoridades judiciales estatales imponen clima de intimidación: Corral Jurado

El gobierno federal debe investigar el asesinato del abogado Escobedo Amaya, asegura senador panista

Hostigan para generar miedo frente a las elecciones extraordinarias de edil de Juárez, agregó

RUBEN VILLALPANDO Y MIROSLAVA BREACH CORRESPONSALES

El Colegio y Barra de Abogados de Ciudad Juárez solicitó a la procuraduría de Justicia estatal detener a los agentes policiacos involucrados en la ejecución del abogado Mario César Escobedo Amaya, ocurrido el miércoles cuando supuestamente investigaban un caso.

Por su parte, el senador panista Javier Corral Jurado pidió que el gobierno federal se encargue urgentemente de la investigación del caso y denunció la existencia de un supuesto clima de intimidación por parte de las propias autoridades judiciales del estado con el fin de generar miedo frente a las elecciones extraordinarias de presidente municipal de Ciudad Juárez programadas para el 12 de mayo.

Salvador Urbina Quiroz, presidente de la Barra, dijo que el asesinato de Escobedo Amaya fue un crimen, aunque haya sido por error, y los responsables deben ser tratados como cualquier ciudadano y no darles tiempo a huir mientras comienzan las investigaciones del caso.

Precisó que una comisión de la Barra de Abogados revisará el expediente del caso, analizará las pruebas y conocerá los avances porque no quieren que el crimen de Escobedo Amaya quede impune.

Oficialmente no se ha informado del número de judiciales del estado participantes del operativo que culminó con la muerte del abogado, pero extraoficialmente se sabe que fueron 10 y que cinco ya fueron suspendidos mientras el dfepartamento de Asuntos Internos termina la investigación.

Los policías identificados extraoficialmente como participantes en el homicidio son Carlos Armendáriz, Rubén Vázquez, Antonio López, Vidal Barraza y el comandante Apolinar Juárez Castro.

La camioneta en que viajaba el abogado presenta 14 impactos de bala, la mayoría por la parte trasera, y el abogado Mario Escobedo, papá de la víctima, dijo que los agentes sembraron evidencias.

Por otro lado, Miriam García, esposa de Víctor García Uribe, otro de los acusados de participar en los homicidios de ocho mujeres localizadas en un campo agrícola el pasado 6 y 7 de noviembre, así como su abogado Sergio Dante Almaraz, expresaron que tienen miedo a raíz de los hechos en que fue asesinado el abogado defensor del presunto multihomicida de mujeres Gustavo Hernández Meza.

La señora García informó que la mañana de este jueves recibió una llamada telefónica diciéndole que era la próxima víctima y que se diera cuenta de que no estaban jugando.

Persecución política a quien se oponga a la administración de Patricio: Corral Jurado

En la capital de Chihuahua, el senador panista Javier Corral Jurado refirió que el homicidio del abogado Escobedo Amaya es un ejemplo del clima de intimidación que mantiene en la entidad el gobierno y consideró indispensable que la Federación se involucre, de inmediato, en la investigación del crimen.

Aseguró que para acallar las voces de denuncia, desde el gobierno y concretamente desde la procuraduría de Justicia se ha desatado una "persecución política, con instrumentos penales y del Ministerio Público, e incluso de la mafia organizada: esto comprueba el clima que se vive contra todo aquel que se oponga a cualquier acto de la administración estatal de Patricio Martínez, poniendo en jaque a la seguridad ciudadana al saber que es de la propia autoridad de la que hay que cuidarse".

Aseveró que los legisladores federales del PAN que representan a Chihuahua ante el Congreso de la Unión solicitaron una entrevista con el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, a fin de darle a conocer los hechos y pedir protección para el abogado Dante Almaraz y para la esposa de Gustavo González -uno de los dos choferes acusados de la muerte de ocho mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados el 6 y 7 de noviembre-, quien denunció en un programa de radio haber sido amenazada de muerte.

También en Chihuahua capital, organizaciones no gubernamentales (ONG) nombraron a Isabel Saldívar representante ante la mesa interinstitucional para revisar expedientes de los homicidios de mujeres en la ciudad fronteriza.

Las organizaciones ciudadanas lograron acuerdos para que una abogada de Cosyddhac participe en la revisión de los expedientes y sirva de enlace entre las ONG y las autoridades encargadas de investigar y esclarecer los más de 270 homicidios de mujeres registrados en los últimos nueve años.