Riesgoso, litigar en los medios de comunicación, señala el jurista de la UNAM

Necesaria, ley de acceso a la información para evitar guerrilla de filtraciones: Miguel Carbonell

KARINA AVILES

La intención de contar con una ley de acceso a la información pública es evitar una "especie de guerra de guerrillas como son las filtraciones" e impedir que en los medios se desarrollen litigios que dañan a cualquier democracia, apuntó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM Miguel Carbonell.

Es legítimo que en cualquier estado de derecho se deslinden responsabilidades, pero ante las instituciones que corresponden. "Litigar en los medios y sacar ahí responsabilidades y sentencias es un ejercicio riesgoso. Si hay responsabilidades, que se consigne a los presuntos responsables ante los jueces y que éstos dicten sentencia", subrayó.

En conferencia de prensa en la que se informó de la celebración del séptimo Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, del 12 al 15 de febrero, el especialista externó que el hecho de que se lleven a cabo litigios en los medios de comunicación es un elemento que "daña cualquier democracia y, sobre todo, las democracias prácticas como la mexicana".

La difusión de la información debe ocurrir en el momento oportuno

Otro de los objetivos de contar con una ley en la materia es "evitar esta especie de guerra de guerrillas que desde hace unos años viene ocurriendo y que son las filtraciones, las cuales son muy peligrosas", agregó.

Expresó que temas como la información pública manipulada o la filtración de una parte de un expediente deben estar regulados. Declaró que tiene que haber una responsabilidad por la documentación en poder del gobierno y, por otro lado, la información debe ser dada a conocer en el momento oportuno.

De lo contrario, "cuando se están integrando averiguaciones previas (o) cuando hay apenas un proceso que se está ventilando muchas veces, sin haber oído a los involucrados, se podrían generar responsabilidades que los medios asignan de una forma un tanto automática.

"Es decir, ya el puro hecho de que se sepa que se está investigando a alguien, en los medios a veces se refleja como una sentencia de culpabilidad, cuando jurídicamente es inadmisible y puede afectar derechos fundamentales, como el derecho al honor, al buen nombre, a la intimidad, etcétera."

En el séptimo Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional se analizarán también temas como los instrumentos de justicia internacional, las relaciones entre gobierno y Congreso, los partidos políticos y el financiamiento, educación, ciencia y cultura. Habrá 290 ponentes, entre ellos personajes de talla internacional como los ex presidentes Raúl Alfonsín, de Argentina, y Rodrigo Borja, de Ecuador.