Ť Su trabajo, sujeto a órdenes de Macedo de la Concha
Desconfían ONG sobre actuación de Carrillo Prieto; su plan es "ambiguo"
RENATO DAVALOS
El resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dispone reabrir la investigación sobre la masacre de Tlatelolco debe acompañarse del cumplimiento, por parte de Vicente Fox, a su compromiso de que en este tema se llegará a las últimas consecuencias, planteó ayer el Comité 68-98 en conferencia de prensa.
"No queremos que haya otro Tlatelolco'', estableció rotundo Raúl Alvarez Garin, y se refirió a las declaraciones del secretario de Gobernación, Santiago Creel, en el sentido de que se abriría una exposición con todos los documentos referentes al 2 de octubre de 1968. "No queremos la exposición, queremos los documentos para analizar de dónde vino la orden, quiénes eran las instancias que estaban coordinadas en la guerra sucia'', dijo.
Organizaciones no gubernamentales como la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos externaron su desconfianza hacia la actuación del fiscal Ignacio Carrillo Prieto y establecieron que su propuesta de trabajo es ambigua, de dudoso alcance en cuanto a resultados y que, sobre todo, está sujeta a la égida del procurador Rafael Macedo de la Concha.
Se trata de un montaje escenográfico que no permite prever que se vaya al fondo de los asuntos, dijo Fernando Rubí, de la Organización Multidisciplinaria para la Salud de los Pueblos Indígenas, con radicación guerrerense.
Es muy claro, añadió, que el responsable de la matanza del sesenta y ocho es Luis Echeverría, y mientras no se haga nada al respecto no podrá haber credibilidad en torno a las pesquisas que inicie la nueva fiscalía especial. Los responsables no fueron los soldados, porque no se mandan solos, indicó.
Por su parte, José Enrique González Ruiz, representante legal de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, expresó que son muy preocupantes las declaraciones de Carrillo Prieto, "finalmente al mando de Macedo de la Concha, un funcionario acusado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la corte respectiva por irregularidades del caso del general Gallardo".