Ť Grupos católicos y juristas han acaparado la atención del debate
La decisión de la Corte sobre el aborto en el DF, resultado de 20 años de discusión pública
Ť Desde el primer sondeo sobre el tema, en 1991, se observó la inclinación mayoritaria por proteger la salud de la mujer Ť Gana simpatías la aspiración a respetar derechos femeninos
DE LA REDACCION
La histórica discusión y votación en el seno de la Suprema Corte de Justicia sobre las nuevas causales de despenalización del aborto en el Distrito Federal, se efectuó casi 20 años después de que comenzó una fuerte discusión pública, en agosto de 1983, por el anteproyecto de un Código Penal que despenalizara la práctica del aborto en los siguientes casos: por violación, inseminación artificial o "cuando el embarazo se hubiese producido en condiciones que excluyan la posibilidad de conocimiento de la mujer acerca del hecho mismo de su fecundación" y "cuando sea realizado con el consentimiento del padre y la madre".
La reacción de los grupos eclesiásticos y conservadores frenó el anteproyecto y la consulta nacional. El entonces delegado apostólico en México, Girolamo Prigione, criticó la propuesta y subrayó que "la oposición de la Iglesia al aborto y al adulterio es total y permanente, rige en todos los países" (Excélsior, 21 de agosto de 1983, p.1). José Barroso Chávez, desde entonces director de la Consejo de la Cruz Roja Mexicana, calificó el intento de despenalización como "un atentado contra la naturaleza y un acto criminal" (El Universal, 25 de agosto de 1983, p.1).
Sólo algunos juristas, en forma aislada, expresaron la conveniencia de emprender una discusión sobre las causales de despenalización. El doctor Raúl Carrancá y Rivas, en aquel entonces presidente del Seminario de Derecho Penal, comentó que el aborto por razones económicas (permitido sólo en Yucatán) "es un recurso desesperado que el derecho debe considerar con piedad" (Excélsior, 21 de agosto de 83, p.1). Sin embargo, Alfredo Rojo González, juez sexto penal, subrayó que no bastaba con una consulta nacional para aprobar las reformas al Código Penal y que era necesario un plebiscito nacional para que la ciudadanía expresara su opinión en un tema tan delicado (El Universal, 26 de agosto de 83, p.1).
El asunto volvió a levantar ámpula seis años después, en abril de 1989, cuando se ventiló la posibilidad de una consulta nacional para combatir el aborto clandestino. El dirigente de Pro Vida, Jorge Serrano Limón, acusó a "prostitutas y lesbianas" de ser las únicas interesadas en la legalización del aborto. En su teoría del complot, Serrano Limón abundó: "Siendo tan pocas gentes han hecho mucho ruido. Tienen representatividad, aunque no son el prototipo de la mujer mexicana... Queremos una consulta nacional, pero no para legalizar el aborto. Por el contrario: para que se penalice más" (La Jornada, 12 de abril de 89, p. 8).
En medio de la discusión quedó enredado el secretario de Salud, Jesús Kumate, quien rechazó haber establecido una alianza con Pro Vida para frenar la consulta. El médico militar afirmó que en México se registraban 147 defunciones en un año, de madres que perecieron en la operación. "Hay aproximadamente 2 millones de nacimientos anuales y poco más de 10 por ciento, 240 mil, son los que hemos registrado como aborto, pero no quiere decir que sea la cifra real", abundó Kumate (La Jornada, 5 de abril de 1989).
El escándalo por el caso de Paulina, joven violada a quien las autoridades estatales impidieron practicarse un aborto, volvió a
despertar intensa discusión pública entre 1999 y 2000. Los mismos grupos católicos volvieron a condenar cualquier posibilidad de despenalización, pero también se comenzó a dar una perspectiva más amplia y más fuerte que abogaba por "poner al día" los códigos penales en la materia.
A lo largo de dos décadas, a pesar del veto de las organizaciones católicas, la opinión pública ha ido modificando su percepción frente al aborto, y las encuestas sobre el tema confirman que hay una aceptación mayoritaria por la despenalización en casos como malformaciones, violación, cuando está en riesgo la salud de la madre, e incluso por razones de índole económica.
La primera encuesta nacional sobre el tema, elaborada por Gallup en 1991, sorprendió: 77.3 por ciento de los encuestados pensaba que la despenalización del aborto prevendría la muerte de muchas mujeres. Cuarenta por ciento de las 2 mil 578 personas encuestadas en distintas ciudades, consideró que la decisión corresponde sólo a la mujer, frente a 35 por ciento que pensaba que debía ser una decisión en pareja, y sólo 14.5 por ciento creía que la mujer debería recibir el consejo de un cura o un médico. Sólo 3.6 por ciento rechazaba tajantemente cualquier posibilidad de permitir el aborto.
La empresa efectuó otros dos estudios nacionales junto con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en 1992 y en 1994. Uno de los resultados que se mantuvo fue que más de 50 por ciento de los encuestados pensaba que el aborto se debería permitir cuando la salud de la mujer corre alto riesgo (77 por ciento, en 1992) y cuando el producto tiene malformaciones congénitas (63 por ciento, en 1992, y 54 por ciento, en 1994).
Lo sorprendente de estos sondeos es que el porcentaje de quienes creen que el aborto es legal baja de acuerdo con el nivel socioeconómico y es un porcentaje mayor de hombres (75.6 por ciento) que de mujeres (66.2 por ciento) quienes consideran que la Iglesia debería modificar su posición (Gallup, 1992).
En 1998 otra encuesta mostró aún más el cambio en la opinión pública. La empresa Alducin y Asociados elaboró un estudio en el cual la gran mayoría, 77.8 por ciento, estaba de acuerdo en que este tema se debatiera públicamente; sólo 10.9 por ciento (una de cada 10 personas) pensaba que la mujer que abortara debía ser castigada, y sólo 2 por ciento opinaba que la Iglesia debía opinar sobre el tema.
La encuesta de Alducin-El Universal -aplicada a 647 personas del Distrito Federal y el estado de México- tuvo índices mayores de aceptación de la despenalización del aborto: 78.2 por ciento pensaba que debía estar legalizado cuando la salud de la mujer corre alto riesgo; 70.9 por ciento estaba en favor del aborto cuando existan malformaciones congénitas, y 50.3 por ciento consideraba que debía despenalizarse por razones socioeconómicas.
La empresa ARCOP preparó en 1999 un estudio sobre el aborto en el Distrito Federal, entre 995 personas de la capital y de cuatro distintos estratos socioeconómicos. Sesenta y dos por ciento estaba totalmente de acuerdo en permitir el aborto cuando el embarazo sea producto de una violación; 59 por ciento estaba "totalmente de acuerdo" en despenalizarlo cuando se pusiera en peligro la vida de la madre. Sesenta y siete por ciento pensaba que la Iglesia no debía tener mucha influencia en la discusión, mientras que 46 por ciento opinó que los médicos deben tener "mucha influencia" sobre el tema. Setenta y cuatro por ciento consideró que padre y madre deben decidir sobre el tema del aborto, y 88 por ciento estuvo de acuerdo con esta frase: "Cada mujer o pareja debe decidir si recurre o no al aborto".
En medio de la discusión sobre las propuestas de despenalización del aborto, expuestas por la jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, en agosto de 2000, el Grupo Reforma publicó una encuesta que revelaba que ocho de cada 10 capitalinos opinaba que la discusión sobre el tema debía centrarse en los derechos de la mujer; 61 por ciento opinaba en favor de que se permitiera "bajo algunas circunstancias", y sólo 17 por ciento consideró que se debe castigar, frente a 15 por ciento que señaló que se debía prohibir, pero no castigar. Esa encuesta reveló que 54 por ciento estaba en favor de la despenalización en caso de violación.
