Ť Chiapas
Recomiendan proteger la vida de miembro de ONG
RODOLFO VILLALBA Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES
Tuxtla Gutierrez, Chis., 30 de enero. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recomendó al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía proteger la vida y la integridad física y garantice la labor de Ramón Peñate Díaz, miembro de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos en el municipio de Tila, quien presuntamente recibió amenazas de muerte de parte de supuestos paramilitares.
El presidente del Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Raúl López, dio a conocer el documento CEDH/ MPC/006 mediante el cual se pide al procurador de Justicia, Mariano Herrán Salvatti; al secretario de Seguridad Pública, Mauricio Gándara Gallardo, y al presidente municpal de Tila, Jesús Méndez Gutiérrez, adopten las medidas precautorias y cautelares necesarias para garantizar la protección y evitar agresiones físicas a Ramón Peñate Díaz.
Solicita además que las autoridades actúen con imparcialidad en el supuesto de que al defensor de derechos humanos se le acusara de algún delito, a fin de evitar la consumación de hechos violentos que podrían ser propiciados por grupos armados como Paz y Justicia, Chinchulines, Máscara Roja o Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, acusados de actuar como grupos paramilitares en la región.
Se debe señalar que la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos en el municipio de Tila ha denunciado que algunos policías utilizan todavía la tortura para obtener información.
Según la organización, los policías habrían torturado a Andrés Gómez Luna, Mariano Cruz Hernández y Miguel Angel Gómez Luna, quienes presuntamente asaltaron una camioneta de Telecom el 15 de enero en la comunidad Egipto, municipio de Salto de Agua.
Protestan habitantes de barrio marginal
Habitantes de la comunidad de San Isidro Labrador, municipio de Tuxtla Chico, se plantaron durante cinco horas afuera de la alcaldía en protesta por el incumplimiento de obras del alcalde Arnulfo Hernández Ventura, surgido de las filas del Partido Acción Social.
Teodomiro Muñoz Cancino, dirigente en la localidad de la Confederación Nacional Campesina del Partido Revolucionario Institucional, manifestó que el presidente municipal pretende adjudicar a un grupo de personas el terreno que ocupan los habitantes de San Isidro y que es una propiedad que fue invadida. "El otro grupo ha perdido ya tres litigios en su afán de apropiarse de este predio", señaló.
En respuesta, el vocero del ayuntamiento, Manuel Dávila Ochoa, dijo que los manifestantes estaban asentados en una propiedad privada que invadieron hace varios años y que los gobiernos priístas pasados toleraron y consecuentaron con apoyos, pero sin estar regularizados sus terrenos.