Ť Corresponden a la gestión de Victoria Morales Cortés, informó el Congreso local
Detectan en la CEDH de Tlaxcala gastos "no congruentes" con sus actividades
Ť Faltan documentos contables de los ejercicios fiscales de 1998, 1999 y parte de 200
LA JORNADA DE ORIENTE
Tlaxcala, Tlax., 30 de enero. A partir de una auditoría practicada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en cuanto a la gestión de su ahora ex titular, Victoria Morales Cortés, se detectaron en el organismo gastos "no congruentes" con su actividad, así como falta de documentación contable correspondiente a los ejercicios fiscales de 1998, 1999 y parte de 2000. Sobre la ex ombudsman tlaxcalteca pesa la sospecha de que habría utilizado parte del gasto destinado a la CEDH para apoyar al PRI en los comicios locales de hace tres años.
La notificación de la conclusión de la auditoría, practicada por la hoy desaparecida contraloría mayor del ingreso y gastos públicos del Poder Legislativo estatal, se hizo desde el pasado 14 de enero a Sergio Cuauhtémoc Lima López, secretario parlamentario, quien a su vez entregó el oficio respectivo al pleno de la Legislatura local.
El presidente de la mesa directiva del Congreso local, el priísta Víctor Hugo Cahuantzi González, turnó el asunto a la Comisión de Finanzas y Fiscalización.
Si bien los resultados de la revisión a las finanzas de la CEDH se guardan con hermetismo en el Congreso local, el titular del órgano de fiscalización superior, Florentino Flores Xelhuantzi, adelantó que "sí hallamos una serie de irregularidades, pero no puedo proporcionar el monto de éstas porque sería una acción irresponsable".
Según la Contraloría del Ejecutivo de Tlaxcala, las anomalías en la CEDH podrían ascender a 6 millones de pesos, por lo que Morales Cortés sería sometida a un proceso legal para obligarla a subsanar el daño patrimonial que hubiera causado al desviar recursos del Fondo de Protección a Víctimas de los Delitos.
A partir de la fecha en que el Congreso local notifique de los resultados de esa auditoría al actual presidente de la CEDH, Serafín Ortiz Ortiz, éste tendrá un plazo de cinco días hábiles para solventar las anomalías. Además, a él le corresponderá exigir a su antecesora que haga las aclaraciones respectivas a fin de que éstas se entreguen al Poder Legislativo.
Si la ex ombudsman tlaxcalteca no solventara las observaciones, sería sometida a juicio político y de comprobarse que perjudicó el patrimonio de la CEDH su expediente sería turnado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que se encargaría del proceso respectivo.
El legislador perredista José Antonio Rosas Lezama, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, señaló al respecto que antes de emitir un dictamen sobre el caso, los legisladores estatales "debemos revisar los antecedentes y conocer los pormenores para tomar una decisión justa".