Raquel Gutiérrez Aguilar*
Bolivia o la brutalidad de la guerra "antidrogas"
Bolivia, atrapada en la tenaza compuesta por la "guerra antidroga" y el libre mercado, ha recibido el año convulsionada por la protesta, la represión y la muerte. A principios de enero el presidente boliviano de repuesto, Jorge Quiroga, decidió volver ilegal la compra-venta de hoja de coca en la vasta región del Chapare, vertiente oriental de la cordillera de los Andes, justo en el centro del país.
Mediante un llamado "decreto supremo", es decir, una decisión unilateral del mandatario por quien nadie votó -pues llegó al poder siendo prácticamente un desconocido, acompañando en calidad de vicepresidente al ex dictador Hugo Bánzer, que hoy agoniza en medio de un cáncer terminal-, el antiguo mercado de Sacaba, donde se realiza gran parte de la venta y distribución de hoja de coca para el consumo tradicional del sur de Bolivia, fue cerrado. La multitud, como parece estar sucediendo a lo largo del continente, reaccionó indignada de manera casi inmediata. Miles y miles de hombres y mujeres productores de hoja de coca, los llamados cocaleros; los habitantes de los diversos pueblos dispersos por toda la región, cuya actividad y subsistencia está ligada al flujo de la hoja hoy proscrita, se congregaron en la carretera principal irrumpiendo en la ciudad de Cochabamba. La brutal represión policial-militar de estas desesperadas acciones de protesta ha dejado más de diez muertos civiles en los últimos días. En esta ocasión, también hay bajas militares que escandalizan a quienes toman decisiones insoportables para la población. Los mártires civiles del año anterior, cuando la gente resistía la "erradicación forzosa" del cultivo más rentable al que puede aspirar, suman más de 50. Ni la piña ni los cítricos ni el plátano, que son otros productos de la zona, rinden lo suficiente para vivir con dignidad. Los mexicanos lo sabemos.
La problemática de la persecución a la hoja de coca en Bolivia es una de las aristas más infames del dispositivo de la guerra antidrogas, impulsado por Estados Unidos desde hace más de una década. Siendo ancestral el consumo indígena y mestizo de hoja de coca en toda la región andina, sobre todo en los desolados campamentos mineros y en las altísimas planicies aymaras, desde 1986 se establecieron áreas "legales" para su cultivo -imponiéndose a otras, por supuesto, el rango de "ilegales"-, y se organizó un rígido control de sus mercados. Se buscaba evitar la producción y circulación de "coca excedentaria" -usando palabras del discurso policial oficial-, esto es, de las hojas destinadas a servir de materia prima en la fabricación de cocaína.
Las innumerables pugnas por la delimitación de la frontera entre las zonas legales e ilegales para el cultivo, el arrasamiento de cocales "nuevos", ferozmente resistido por quienes saben que no tienen otra alternativa económica para subsistir, la corrupción que surgió de esta absurda pretensión de distinguir la legalidad o no de una mercancía según su procedencia, la brutalidad e impunidad de los organismos policiales "antidrogas" financiados con dinero estadunidense; todo esto ha marcado la vida de la región en los últimos años convirtiéndola en una de las más conflictivas, organizadas y radicalizadas del país.
De estas luchas proviene el más conocido dirigente cocalero, Evo Morales, diputado nacional hoy expulsado del Congreso y despojado del fuero parlamentario. Si la acción de hacer ilegal por decreto el segundo mercado más importante de hoja de coca en el país, que abastece el consumo tradicional de la mitad de la población boliviana, dibuja el desconocimiento total de la cultura popular por parte de la elite gobernante; el desafuero de Morales exhibe su nula vocación democrática: desconocen y persiguen al representante popular electo de manera directa -la gente votó por él como diputado uninominal- con mayor legitimidad, si nos adscribimos al criterio del número de votos obtenidos.
Las semanas que vienen serán decisivas. El discurso oficial del "apego a la ley" suena cada vez más hueco mientras que el movimiento social boliviano, en ascenso desde el año 2000, fortalece su unidad y aclara objetivos. El caudillo de la "nación aymara", la colectividad indígena más numerosa, importante y politizada del país, Felipe Quispe, ha expresado su respaldo al movimiento cocalero y prepara, para las próximas semanas, una amplia y drástica movilización comunal-campesina en la forma de bloqueo de caminos, a lo largo y ancho de Bolivia.
Las piezas principales del consenso de Washington están siendo horadadas por la perseverante resistencia argentina. Los elementos básicos del discurso de la "guerra antidrogas", disfraz de un rapaz intervencionismo estadunidense, se estrellan con la ira movilizada de la población boliviana que defiende su hoja de coca y su futuro. El continente entero, a pesar de sus estratos gubernamentales, parece estar dispuesto a levantarse.
* Académica mexicana presa en Bolivia de 1992 a 1997, acusada de 14 delitos por su supuesta participación en el desaparecido Ejército Guerrillero Tupac Katari