Alejandro Zapata Perogordo*
A confesión de parte, relevo de pruebas
La noticia de la semana pasada tuvo como centro lo relativo al sindicato de Pemex y su vinculación con las campañas del PRI. Han salido a la luz pública manejos poco claros entre la administración de Pemex con el sindicato, por cantidades que oscilan alrededor de los mil 100 millones de pesos, que presumiblemente fueron a parar en 2000 a las arcas del PRI, vía bancos estadunidenses.
El escándalo ha sido de proporciones mayores, más cuando derivado de las investigaciones se encuentran personas arraigadas en sus domicilios para evitar se sustraigan a una posible acción de la justicia. Curiosamente, los involucrados directos, como Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex, así como Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato y actual senador del PRI, han guardado misterioso silencio. En contrapartida, el PRI ha tenido una reacción visceral, considerando el asunto un ataque con tintes políticos; sin embargo, no existe desmentido en el sentido de que, efectivamente, es una de tantas irregularidades que se cometieron dentro del sistema presidencialista en detrimento de los dineros de la nación.
No obstante lo anterior, que seguirá dando de qué hablar y más por investigar, una persona sí dio rueda de prensa, aportando elementos que sin estar relacionados con los hechos de Pemex, llaman la atención en virtud de que pueden desprenderse irregularidades en el manejo de las finanzas de ese partido en las pasadas elecciones presidenciales.
En medios de comunicación nacionales aparece una nota atribuida a Eduardo Bours, actual senador y quien fue coordinador de financiamiento en la campaña de Labastida. Al deslindarse del presunto desvío de fondos del sindicato habla, después de señalar su desconocimiento sobre el asunto, de las gestiones realizadas para obtener 890 millones de pesos a favor del labastidismo por concepto de aportaciones privadas, sin considerar recursos provenientes del sindicato en cuestión. La confesión nos obliga a analizar las regulaciones para fijar gastos de campaña y límites establecidos en las elecciones federales de 2000.
En relación con la de presidente de la República se fijó un tope de 491 millones 816 mil 870 pesos con 75 centavos, cantidad a la que debían sujetarse los partidos políticos, coaliciones y candidatos. La fracción segunda, parrafo primero del artículo 41 de la Constitución textualmente reza: "La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Ademas, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado."
Es evidente que comienzan a surgir dudas fundadas sobre el manejo de los recursos de la campaña de Labastida. Desde el punto de vista constitucional y legal deben ser mayores las aportaciones públicas con relación a las privadas, en consecuencia no podían rebasar aquellas aportaciones de particulares o provenientes de eventos, rifas o similares, la suma de 246 millones de pesos, aproximadamente, que resulta ser la mitad de los topes de campaña, misma que confrontada a la cantidad que dice Bours haber juntado por concepto de donativos particulares, se desprende la nada despreciable suma de 644 millones de pesos, en exceso de aquello a lo cual tenían derecho como límite de financiamiento privado para gastos de campaña.
Es evidente que dichas aportaciones no se reportaron ante el Instituto Federal Electoral, pues ante ese organismo manejaron cantidades muy inferiores a las que ahora señala haber recibido el responsable de financiar la campaña presidencial del PRI. De su propia afirmación se concluye la existencia de un exceso. Solamente por aportaciones privadas que confiesa haber recibido, resulta prácticamente el doble de lo autorizado por ley en el tope total de campaña.
Ambos ejemplos constituyen claras infracciones a los principios de legalidad y ética política; no son solamente inercias de un pasado plagado de errores y dadivoso privilegiante de canonjías sectoriales, confrontado con la ley y administrador de impunidades, sino que se trata adicionalmente de toda una cultura que no ha podido ser desterrada por parte de muchos actores políticos; simplemente hacen el papel de disimuladores añorando viejos tiempos y esgrimiendo conjuras de victimas.
La nueva realidad mexicana obliga a estar sometidos, todos sin excepción alguna, al imperio de la ley, sin privilegios, sin exacerbaciones, sin persecución política; también implica su aplicación sin presiones, sin chantajes y sobre todo sin privilegio alguno que conduzca a prohijar la impunidad.
* Vicecoordinador de la fracción panista de la Cámara de Diputados