Preocupación de organismos internacionales por detenciones arbitrarias y tortura en Chiapas
Ť Denuncian hostigamiento en la selva norte contra defensores de derechos humanos
HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO
San Cristóbal de las Casas, Chis. 30 de enero. El secretariado internacional de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) expresó su preocupación por las detenciones arbitrarias de Manuel Cruz Méndez, Mariano Cruz Hernández y los hermanos Antonio, Andrés y Miguel Angel Gómez Luna en la selva norte de Chiapas. Han sido torturados por sus captores (civiles priístas de diversas comunidades) y al parecer por la policía de Palenque.
El Ministerio Público de Palenque obstruyó el trabajo de la defensa y mostró complicidad con los golpeadores de las personas detenidas, a las que luego trasladó a Tuxtla Gutiérrez en condiciones violatorias de sus derechos humanos y procesales.
A su vez, Amnistía Internacional llamó a una "acción urgente" para defender los derechos de los indígenas detenidos, así como para proteger a Francisco Cruz Pérez, miembro de la Red de Defensores Comunitarios para los Derechos Humanos, quien ha sido amenazado por paramilitares de San Jerónimo Tulijá por interesarse en la defensa de los primeros.
Las acciones fuera de la ley efectuadas tanto por paramilitares priístas como por las autoridades judiciales del municipio de Palenque, gobernado por el PRI, parecieran tener la intención de crear un clima de desestabilización en la zona norte del estado. Además de las amenazas y la ostensible portación de armas en Roberto Barrios (también en Palenque) por parte de miembros de Paz y Justicia, presuntos paramilitares priístas han efectuado acciones violentas en el norte de Ocosingo, como la captura y tortura de varios indígenas acusados (aún sin pruebas) de asaltar una camioneta con dinero de Progresa el pasado día 15 en Salto de Agua.
Todo indica que la oposición priísta sigue poniendo, con éxito, trampas en el camino al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, de manera que ensombrezcan los modestos avances de reconciliación en Tila y otros municipios de Chiapas.
En el caso MEX 250102, el secretariado internacional de la OMCT "comparte la preocupación de las organizaciones de derechos humanos por la seguridad y la integridad física y sicológica de las personas que fueron detenidas, en particular por las denuncias de presuntos malos tratos y torturas infligidas a Miguel Angel Gómez, así como por el hostigamiento de que ha sido víctima el defensor que ha asumido la investigación de estas detenciones".
La OMCT, que tiene estatus consultivo en la ONU, la OIT y la Comisión Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, coordina la red SOS-Tortura, compuesta por más de 240 organizaciones en todo el mundo que se oponen a los tratos degradantes y las desapariciones forzadas.
Ahora llama a una "acción urgente" para exigir a las autoridades de México "tomar todas las medidas necesarias con el fin de garantizar la seguridad y la integridad física y sicológica de las personas detenidas, así como del defensor Francisco Cruz Pérez; y ordenar la libertad inmediata de las personas arrestadas durante los hechos arriba mencionados, en caso de ausencia de cargos legales válidos, o si dichos cargos existen, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento".
El organismo también demanda realizar de manera inmediata una investigación independiente e imparcial sobre los hechos, en particular respecto a las denuncias de tortura, "con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio ante un tribunal civil competente e imparcial y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley".
La OMCT se manifiesta por garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención contra la Tortura, ratificada por México.
En el mismo sentido se manifestó Amnistía Internacional, instando a que los detenidos, "si se encuentran bajo custodia, comparezcan sin demora ante un juez y sean acusados de un delito común reconocible, o de lo contrario sean puestos en libertad inmediatamente".
Si van a continuar detenidos, agrega AI, deberán ser recluidos "en un centro de detención oficialmente reconocido, y con acceso a asistencia médica y letrada". Además, AI llama a proteger la integridad física del defensor comunitario Francisco Pérez Cruz.
La organización señala que el uso de la tortura está muy extendido en México. Normalmente tiene lugar durante las horas posteriores a la detención, mientras los detenidos están bajo la jurisdicción de la Policía Judicial y los fiscales. Durante el último año se han conocido varios casos en los que, según los informes, autoridades en Chiapas han sometido a tortura y malos tratos a detenidos.
De acuerdo con el organismo, "los defensores de los derechos humanos contribuyen de forma esencial al fortalecimiento del estado de derecho y la sociedad civil, y al establecimiento de instituciones encargadas de proteger las garantías fundamentales. Sin embargo, en México quienes luchan por defender los derechos de otras personas se convierten con frecuencia en los primeros en ser atacados y en ver cómo se violan sus propios derechos y cómo peligra su seguridad".
La impunidad de que gozan los grupos civiles armados y otras personas responsables de violaciones de derechos humanos en Chiapas "da a estos perpetradores luz verde para seguir con sus actividades y aumentan el temor y la tensión en las comunidades locales".