Ť Deben impulsarse campañas de planificación: Conapo
En entidades gobernadas por AN, los índices más altos de legrados
ALONSO URRUTIA
Un análisis comparativo sobre la incidencia de abortos en el país, desglosado por estado, revela que tres de las primeras cuatro entidades donde las mujeres en edad fértil han abortado son gobernadas por el PAN: Jalisco, Aguascalientes y Yucatán, de acuerdo con el estudio más reciente del Consejo Nacional de Población (Conapo) sobre salud reproductiva.
El análisis indica que en Jalisco, 25 por ciento de las mujeres en edad fértil ha experimentado al menos un aborto; y en Aguascalientes y Yucatán el porcentaje es de 24 puntos, similar al de Michocán.
El organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación considera que el aborto es un problema "complejo y delicado, con múltiples aristas y profundas ramificaciones", por las repercusiones que tiene en la salud materna. Se considera que el aborto es la cuarta causa de muerte asociada al embarazo, "lo que entraña un alto costo en vidas humanas", según datos recientes de las instituciones de salud pública.
Las graves consecuencias negativas del aborto justifican la necesidad de considerarlo "un problema social y de salud pública de alta prioridad".
El documento sostiene que el carácter delictivo del aborto inducido propicia la clandestinidad, y con frecuencia que su práctica se realice en condiciones médicas desfavorables, con poca higiene y precaria asistencia facultativa.
Aun cuando reconoce que la clandestinidad dificulta tener cifras confiables sobre la cantidad de abortos inducidos que se realizan cada año, el Conapo estima que esa práctica ha disminuido paulatinamente.
Cita que las estimaciones más cercanas sobre el número de abortos indican que el promedio anual en la segunda mitad de la década de los 80 era de 230 mil; entre 1990 y 1992 fue de 220 mil, y de 196 mil entre 1993 y 1996.
El Conapo señala que esta práctica se redujo de manera significativa en los siguientes años, hasta ubicarse en 105 mil abortos inducidos en 1997.
Las cifras oficiales se basan sólo en los ingresos hospitalarios de mujeres que sufren consecuencias del aborto, y difieren sustancialmente con las reportadas por organizaciones no gubernamentales, que ubican en casi 800 mil los abortos inducidos que se practican al año.
Asimismo, considera que la compleja problemática exige intensificar las campañas de educación sexual en todos los niveles del sistema educativo -poniendo enfásis en primaria y secundaria-, pues los abortos inducidos son producto, en la mayoría de los casos, de embarazos no deseados.
Además de ampliar la información y los servicios de orientación de planificación familiar y salud reproductiva. Paralelamente, es necesario que las instituciones de salud pública pongan a disposición de la población lo que ésta requiera en materia de métodos anticonceptivos, acordes con las características de las parejas.
El Conapo enfatiza que el desarrollo de esos programas deberá realizarse en concordancia con los lineamientos de la Norma Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar, que establece, entre otros aspectos, que las parejas decidirán los métodos anticonceptivos que utilizarán.
Subraya que en la experiencia histórica de México y otros países del mundo se ha detectado que en la medida en que los programas de planificación familiar incrementan la cobertura y calidad de los servicios, tienden a reducirse significativamente los ingresos hospitalarios por aborto, así como sus complicaciones.