IFE: el financiamiento protege de grupos de interés a partidos
Ť Entregará recursos por $2 mil 303 millones en 2002
MIREYA CUELLAR
Al aprobarse ayer en el Instituto Federal Electoral (IFE)
la entrega de 2 mil 303 millones 658 mil 823 pesos a los partidos para
financiar sus actividades ordinarias de este año, el presidente
del órgano, José Woldenberg, respondió a quienes cuestionan
ese costo que el financiamiento público pretende "conjurar, hasta
donde sea posible", los riesgos que entraña para la competencia
democrática que los partidos puedan ser prisioneros de grandes poderes
económicos o incluso de grupos de interés que operan al margen
de la legalidad. "Se trata de que estén protegidos de las presiones
corporativas o ilegítimas", dijo.
Si hemos optado como país, apuntó Woldenberg,
por un modelo de financiamiento que evita que los partidos dependan de
grupos privados, "hay que reconocer que esos beneficios tienen un costo
que debe ser pagado por la sociedad, un costo que a mi juicio bien vale
la pena asumir". Además, llamó a no olvidar que la democracia
se construyó en México de la mano de la extensión
y el arraigo de los partidos.
También recordó que sólo cuando hubo partidos políticos sólidos, con capacidad de expresarse y competir realmente por los distintos cargos de elección popular, México pudo saldar uno de los pendientes seculares: "la democracia política".
Sin embargo, los miembros del Consejo General del IFE decidieron no eludir la discusión de un tema que está en boca de la opinión pública. "Admitamos ?dijo Pablo Gómez, representante del PRD? que es entendible y del todo explicable la inconformidad que hay entre la ciudadanía por los cuantiosos recursos que se destinan a los partidos." Defendió la importancia del financiamiento público, pero propuso a los partidos hacer una reforma legal que reduzca los montos vía la prohibición de que las fuerzas políticas contraten publicidad en los medios de comunicación electrónica en épocas de campaña. Así, la propaganda correría a cuenta del Estado en radio y televisión.
Planteó entonces la necesidad de que el IFE "ponga el suficiente empeño" en el cumplimiento estricto del Cofipe en materia de radio y televisión durante el periodo que no es electoral, por lo que es necesario "presionar" a la Secretaría de Gobernación para que emita el reglamento de distribución de tiempos oficiales.
De paso, cuestionó a la Comisión de Fiscalización y al IFE en general al plantear que percibe problemas de "firmeza" para hacer valer ?de parte del órgano electoral? sus atribuciones fiscalizadoras. Alonso Lujambio, presidente de la comisión respectiva, pidió a los partidos proporcionar al IFE "herramientas legales" para ir al fondo en su tarea.
El panista Jorge Zermeño, que ocupa uno de los asientos en el consejo que corresponde al Senado, coincidió en que los montos causan "irritación" en un país con 40 millones de pobres, y por lo tanto es pertinente "revisar a la baja" el financiamiento a los partidos políticos no sólo aprovechando los espacios en radio y televisión que corresponden al Estado para hacer campaña, sino reduciendo los lapsos de proselitismo y "racionalizando" al IFE recursos en tiempos no electorales.
Y ya que se debatía la necesidad de una reforma legal, el consejero Jaime Cárdenas advirtió que no sólo se requiere una legislación que reduzca los montos de financiamiento, sino que permita una mejor fiscalización de los recursos públicos y privados y propicie una mayor democratización interna de las fuerzas políticas.
José Herrera, representante de Convergencia por la Democracia, se defendió de quienes critican el acceso a grandes cantidades de recursos por parte de fuerzas que no se han probado en las urnas: "No nos cobijamos en otros, somos un partido político real". Y en aparente alusión a Jacqueline Peschard, dijo que hay miembros del Consejo General del IFE que se suman al "enrarecimiento" del clima político contra los partidos.
El debate duró poco más de una hora. Al final no hubo impugnaciones a los montos aprobados por los consejeros. El presupuesto será de 46 millones 73 mil 176 pesos para repartir entre las 36 agrupaciones políticas nacionales con registro. Estos recursos se entregan con dos criterios: 60 por ciento, 27 millones, en forma proporcional a los gastos que comprueben, y 40 por ciento de manera igualitaria.
