Ť Todos los datos del presunto desvío de recursos están en la Cuenta Pública, le dijo

Hacienda remite al IFE a Internet para consultar informes de Pemex

Ť Fue una respuesta grosera, consideran consejeros; Woldenberg se negó a revelar el contenido

MIREYA CUELLAR

En medio del conflicto que sacude al Instituto Federal Electoral (IFE) y a varios consejeros -por aquello de hasta dónde van a llegar en el caso del PRI, cuando el año pasado le dieron carpetazo a la queja contra Vicente Fox por recibir, presuntamente, financiamiento del extranjero para su campaña-, la Secretaría de Hacienda le respondió al IFE que toda la información sobre Pemex y el presunto desvío de recursos hacia la campaña de Francisco Labastida está en la Cuenta Pública de la paraestatal, y lo remitió a que consulte el documento en Internet.

La respuesta de Hacienda, calificada de "grosera" por los consejeros, fue recibida por José Woldenberg, quien se negó a comentar públicamente su contenido. La desazón que priva entre los miembros del Consejo General del IFE -sólo aludida en privado por consenso de sus miembros- fue llevada a la sesión de ayer por Pablo Gómez, representante del PRD, quien señaló que fiscalizar el dinero de procedencia privada que gastan los partidos es -"en eso sí estamos de acuerdo todos"- "uno de los principales problemas que en este momento tienen el IFE y el sistema político mexicano".

Los expedientes no se cierran

El tema gravitó entre los consejeros durante toda la sesión, sobre todo porque asignaron el financiamiento público de este año a los partidos políticos.

Sin precisar si la referencia era al caso de los dineros del extranjero que presuntamente llegaron a la campaña del actual Presidente -vía la empresa familiar Vegetales Frescos y los Amigos de Fox- o al escándalo que involucra a Pemex y a Francisco Labastida, Woldenberg afirmó que debe "estar claro para todos" que como no existe un sistema que impida la comisión de irregularidades o incluso delitos, "los expedientes no se cierran en definitiva; si alguna autoridad detecta nuevas faltas o si se presentan denuncias fundadas, existen los mecanismos para investigar, y en su caso sancionar a los infractores".

El presunto desvío de recursos de Pemex para financiar la campaña presidencial del PRI de 2000 es, desde hace varios días, el asunto más discutido durante las reuniones privadas que se realizan en el IFE. Sin embargo, hay un acuerdo para evitar el debate público. Y se cumplió ayer.

Cuando Pablo Gómez abrió el tema, la respuesta de Woldenberg fue contundente: "El IFE va a desahogar con estricta legalidad y transparencia todas las quejas que se interpongan... pero en el espíritu de este consejo ha prevalecido la idea de que estos asuntos los vamos a discutir en el momento en que la Comisión de Fiscalización haga su tarea, que tenga un dictamen, que nos pueda ofrecer un proyecto de resolución, de tal suerte que no adelantemos vísperas en ningún sentido."

Ningún consejero estuvo dispuesto a contravenir "el espíritu" del consejo. Y en entrevista al final de la sesión, Woldenberg explicó que "allá afuera la gente (la opinión pública) puede especular lo que quiera" sobre el tema, pero "nosotros somos el Instituto Federal Electoral, esa es la pequeña diferencia... cuando se haya desahogado el proceso y tengamos un dictamen, entonces se debatirá aquí públicamente".

Tampoco quiso revelar el contenido de la respuesta que la Secretaría de Hacienda le hizo llegar con motivo de la solicitud de información que hizo el IFE: "A mí me van a disculpar que no siga alimentando la especulación pública. Los medios, los partidos, los comentaristas, están en todo su derecho de emitir opiniones al respecto, pero cuando uno es parte de una institución que es la encargada de analizar estos asuntos, debe discutirlos en el momento que haya desahogado todos los procedimientos..."

En realidad, la respuesta de Hacienda les pareció ofensiva a varios de los miembros del IFE, por eso se acordó no divulgar su contenido. Aún están pendientes de recibirse las respuestas de PGR, Secodam y Pemex a las demandas informativas del IFE.

Parte de la discusión interna se centra en la pertinencia de citar al priísta Eduardo Bours para que explique a dónde fueron a parar los 890 millones de pesos que él dijo haber recabado para Labastida, cuando la Comisión de Fiscalización del IFE no se atrevió a citar a Lino Korrodi -el encargado del financiamiento privado de Fox- o a las personas que presuntamente fueron el conducto de los recursos que llegaron del extranjero. El IFE nunca pidió a las personas cuyos nombres aparecían en los cheques que exhibió el priísta Enrique Jackson durante una sesión de la Comisión Permanente, que ofrecieran su testimonio, por ejemplo.

Los consejeros se preguntan qué actitud debe adoptar el IFE en este presunto desvío -Ƒhasta dónde estirar la ley?- con un gobierno que parece dispuesto a entregar a la opinión pública elementos que presionan al órgano electoral para reabrir las auditorías al PRI, mientras el gobierno zedillista adoptó una actitud totalmente distinta ante el caso Fox.

La pretensión de Gómez al agendar el tema para la sesión de ayer fue, explicó, aclarar que la queja presentada por el PRD el pasado 25 de enero -con lo cual se obliga al IFE a tomar una postura- para que se abra una investigación sobre el origen y montos reales del gasto del PRI en 2000, no tiene como pretensión que se cancele el registro al tricolor. "Un partido sólo desaparece cuando sus militantes así lo deciden o cuando la ciudadanía no le da votos".

Gómez precisó que es necesario que el IFE investigue aspectos relacionados no sólo con el financiamiento que presuntamente habría proporcionado Pemex, sino cuánto fue realmente lo que el PRI captó vía sus simpatizantes, dado que el senador Eduardo Bours habló de 890 millones de pesos de aportaciones privadas vía 80 comités distribuidos en todo el país, dinero que el partido no reportó en su informe de gastos de campaña.

"Esperamos que el IFE investigue, profundice estos asuntos. No pretendemos pedir la cancelación del registro". Para empezar, propuso Gómez, la Comisión de Fiscalización podría apelar a todos los donantes del PRI para que en absoluta confidencialidad informen cuánto entregaron al tricolor y posteriormente hacer una compulsa en relación con las cifras oficiales.

Como en el debate que se dio con motivo del financiamiento a los partidos para este año Alonso Lujambio dijo que hay suficientes herramientas jurídicas para fiscalizar la forma cómo los partidos gastan los recursos que el IFE les entrega cada año, pero no para revisar el financiamiento privado, Pablo Gómez insistió en que la Comisión de Fiscalización "puede, en el ejercicio de sus facultades y como autoridad constitucional, crear mecanismos que permitan ejercer sus facultades fiscalizadoras sobre el dinero de procedencia privada, que es uno de los principales problemas que tienen en este momento el IFE y el sistema político mexicano".

Apegarse a derecho, pide el PRI

Complacido con la decisión de bajarle el perfil al tema -los representantes del PAN y de los otros partidos tampoco quisieron comprometer a los consejeros con una discusión que no deseaban-, el priísta Jaime Vázquez se concretó a recordar que las instituciones deben actuar con un total apego "al derecho", así que "no podemos fincar nuestras acciones o nuestras reacciones a partir de una serie de informaciones que, por otra parte, según advierto, no fueron más que una filtración".

Levantada la sesión, cuando Woldenberg se dirigía a sus oficinas los reporteros lo interrogaron sobre la resolución del Tribunal, que ordenó al IFE que entregue a los ciudadanos toda la información sobre los partidos, dado que son entes de interés público. El consejero presidente dijo que aunque desconocía la resolución -"hemos estado aquí sentados desde las 11 de la mañana"- quiero decirles que el IFE "acatará sin chistar" cualquier resolución del Tribunal. Y se fue, dejando dudas sobre la respuesta de Hacienda.