Miércoles 30 de enero de 2002
La Jornada de Oriente publicación para Puebla y Tlaxcala México

  
n Podrían ascender a 6 mdp, según la Contraloría
Sí hubo desvío en la CEDH, revela el Órgano de Fiscalización

Fabián Robles Medrano n
Gastos "no congruentes" con su actividad y falta de documentación contable correspondiente a los ejercicios fiscales de 1998, 99 y parte de 2000 fueron las principales anomalías que arrojó la auditoría practicada a la gestión de Victoria Morales Cortés en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Sobre la ex ombusdman tlaxcalteca pesa la sospecha de que habría utilizado parte del gasto destinado a ese organismo para apoyar al PRI en los comicios locales de hace tres años.
La notificación de la conclusión de la auditoría -practicada por la hoy desaparecida Contraloría Mayor del Ingreso y Gastos Públicos del Poder Legislativo- fue hecha el pasado 14 de enero a Sergio Cuauhtémoc Lima López, secretario parlamentario quien, a su vez, entregó el oficio respectivo al pleno de la LVII Legislatura durante la sesión de este martes.
El presidente de la mesa directiva del Congreso local, el priista Víctor Hugo Cahuantzi González, turnó el asunto a la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso.
Si bien los resultados de esa revisión a las finanzas de la CEDH son guardados con hermetismo en el Congreso local, el titular del îrgano de Fiscalización Superior, Florentino Flores Xelhuantzi, adelantó que "sí hallamos una serie de irregularidades, pero no puedo proporcionar el monto de éstas porque sería una acción irresponsable".
Según la Contraloría del Ejecutivo, las irregularidades en ese organismo podrían ascender a 6 millones de pesos, por lo que Morales Cortés sería sometida a un proceso legal para obligarla a subsanar el daño patrimonial que causó al haber desviado recursos pertenecientes al Fondo Estatal de Protección a Víctimas de los Delitos.
A partir de la fecha en que el Congreso local notifique al presidente de la CEDH, Serafín Ortiz Ortiz, de los resultados de esa auditoría, éste tendrá un plazo de cinco días hábiles para solventar las anomalías. Además, a él le corresponderá exigir a su antecesora que haga las aclaraciones respectivas, a fin de que éstas sean entregadas al Poder Legislativo local.
Si la ex ombusdman tlaxcalteca no solventa esas observaciones, entonces podría ser sometida a juicio político, y si se comprueba que hubo daños al patrimonio de la CEDH, entonces su expediente sería turnado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que se encargaría llevar a cabo el proceso respectivo.
El legislador perredista José Antonio Rosas Lezama, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, adelantó que antes de emitir el dictamen sobre este caso, "debemos revisar los antecedentes y conocer los pormenores para tomar una decisión justa".