Ayer,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en noviembre de 2000 por
legisladores de Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista Mexicano
(PVEM) contra las reformas al Código Penal capitalino, impulsadas
por la ex jefa de gobierno Rosario Robles en materia de excepciones a la
penalización del aborto.
Como se recordará, en agosto de ese año, Robles envió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) propuestas para que el código mencionado autorizara el aborto cuando hubiera evidencia de malformación del producto. El máximo tribunal del país habrá de resolver hoy sobre uno más de los aspectos impugnados a la reforma legal de 2000, el referente a la autorización de abortos de emergencia, es decir, cuando el embarazo sea producto de una violación o inseminación artificial no consentida por la madre.
La llamada ley Robles no hizo más que ampliar las circunstancias en las cuales no se castiga el aborto y actualizar, en ese sentido, el Código Penal capitalino en términos que ya forman parte de las legislaciones correspondientes de otras entidades de la República.
Tal actualización se realizó, además, en un momento político clave: la mayoría panista en el Congreso de Guanajuato acababa de cometer la estupidez de penalizar el aborto en cualquier circunstancia, con lo que pretendió imponer el embarazo a las mujeres que hubiesen quedado encintas por un ataque sexual, o cuya vida corriera grave peligro por la gestación o el alumbramiento.
Fue tal el rechazo local y nacional a ese nefasto ensayo de plasmar en leyes el más estrecho fundamentalismo religioso, que se abrió una coyuntura para avanzar en la modernización de los códigos penales en otros estados. En el caso de la capital, las modificaciones referidas fueron aprobadas por las bancadas del PRD y del PRI en la ALDF.
Es reconfortante que la SCJN haya confirmado la validez de una de las reformas y cabe esperar que hoy haga otro tanto con la segunda. La sociedad contemporánea mexicana requiere de leyes modernas que recojan el derecho pleno de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, lo cual ha sido una de las reivindicaciones sociales más importantes del mundo moderno.
Mal iniciaría el país su ingreso al tercer
milenio si sus códigos hubieran de regirse por mentalidades estrechas,
provincianas y moralinas como aquellas que se rasgan las vestiduras ante
la ley Robles.
