Ť En Ceuta un magrebí sufre quemaduras en 80% del cuerpo, por atentado racista

Se incrementa el racismo en España; matan a joven ecuatoriano en una disco

Ť Frente a 30 testigos los vigilantes del inmueble lo golpearon y luego lo arrojaron al mar

Ť Barcelona, Almería y Melilla, consideradas focos rojos en cuanto a brotes xenófobos

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 29 de enero. Wilson Pacheco, un inmigrante indocumentado ecuatoriano de 26 años que residía desde hace año y medio en este país, fue golpeado la noche del pasado sábado por vigilantes de una discoteca que le negaron la entrada al establecimiento. Esto ocurrió ante unas 30 personas, quienes también vieron cómo los cuatro guardias arrojaron al joven, después de golpearlo, al mar. El cadáver de Pacheco fue recuperado 36 horas más tarde.

La autopsia indicó que el joven murió ahogado, que cayó consciente al agua y que su cuerpo no mostraba señales de haber recibido una golpiza brutal, pues presentaba sólo algunos rasguños. En todo caso, no se excluye que Pacheco haya sufrido alguna lesión que no haya dejado huella visible.

Sin embargo, este dictamen no ha acallado críticas de grupos antirracistas y de apoyo a los inmigrantes que señalan que la pelea se originó porque a Pacheco y otros ecuatorianos se les negó el ingreso a la disco Caipirinha, que un vigilante de otro establecimiento se unió a la golpiza que los otros guardias propinaron al joven, y que finalmente éste fue arrojado al mar sin que una sola de las decenas de personas que presenciaron el hecho avisara a las autoridades.

Esto coincidió con el primer aniversario de la adopción de la ley de extranjería, por parte del gobierno conservador del presidente José María Aznar, aprobada pese a la oposición de otros partidos y de grupos de defensa a los derechos humanos.

En su momento, el gobierno argumentó que la ley promovería la "integración" de la población inmigrante en la sociedad española, aunque la legislación redujo considerablemente los derechos básicos de los indocumentados y endureció la política de expulsión, si bien también permitió que 334 mil personas regularizaran sus documentos migratorios.

Pero en las últimas semanas resultó claro que la mencionada "integración" de los inmigrantes no se ha visto afectada. En Melilla el representante del Ministerio del Interior de la región, Arturo Esteban Albert, anunció que en caso de que hijos de inmigrantes sean encontrados culpables de delitos, serán expulsadas las familias de éstos.

En Ceuta, un joven magrebí sufrió quemaduras de tercer grado en 80 por ciento del cuerpo en un aparente atentado racista. Y en Almería la policía nacional reprimió una manifestación pacífica convocada por la organización Ninguna Persona es Ilegal, en la que participaron unos 400 magrebíes, en un acto que tuvo saldo de 20 heridos y 28 detenidos. Estos últimos fueron expulsados del país con toda celeridad.

Las autoridades tienen explicaciones para algunos de estos hechos que no son aceptadas por testigos y grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes. Los guardias que golpearon y arrojaron a Pacheco al mar dijeron que el joven ecuatoriano los atacó con vidrios de una botella, versión que niegan testigos. En el otro caso, según versión de la policía, el inmigrante marroquí que fue quemado habría sido víctima de un ajuste de cuentas o se habría prendido fuego él mismo.

Pese a estas supuestas explicaciones, en las que autoridades pretenden presentar estas agresiones como casos aislados, asociaciones que defienden los derechos de los inmigrantes sostienen que Almería, Barcelona, Ceuta y Melilla son en estos momentos las localidades consideradas "los focos rojos " de los brotes xenófobos.

Hannaffi Hamla, representante de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes, aseguró que el año pasado murieron 4 mil personas al tratar de llegar a España desde Marruecos en balsas, y sostuvo que "los que llegan tampoco la tienen fácil y deben vivir en medio del rechazo".

Cifras oficiales indican que en los primeros seis meses de 2001 fueron expulsadas 5 mil 500 personas, pero organizaciones de ayuda a los inmigrantes hablan de más de 30 mil, pues toman en cuenta a quienes son rechazados a diario en aeropuertos y pasos fronterizos.

Según el Balance 2001 de la Ley de Extranjería, se ha incrementado el número de expulsados del país, al tiempo que se han regularizado 335 mil inmigrantes procedentes de Marruecos, Ecuador, Colombia y Rumania. Sin embargo, se considera que podría haber más de 600 mil personas sin papeles en España, quienes seguramente están siendo explotados en campos de cultivo, fábricas o en la construcción.

Otra de las razones que dio el gobierno para la aprobación de la ley fue que se fortalecerían los sistemas de vigilancia y daría un marco legal para combatir a las mafias de tráfico de personas, gracias a que se destinaría un millonario presupuesto para estos fines.

Pero a pesar de que se ha aumentado la vigilancia en las fronteras y costas, el flujo migratorio no ha disminuido. La Asociación de Ecuatorianos en Madrid y el Colectivo de Colombianos Unidos sostienen que la afluencia de personas se ha incrementado.

La mayoría de los inmigrantes provienen de Ecuador, Marruecos, Colombia y Rumania, pero se han incrementado los que proceden de Polonia, Rusia, República Dominicana y Perú, así como los de los Balcanes, Afganistán e Irak. Para estos últimos, la organización Amnistía Internacional ha exigido infructuosamente que el gobierno les conceda el estatus de refugiados, en consideración a los conflictos bélicos que han sufrido esos países recientemente.